La Procuraduría usa a la Codehum para ajustes de cuentas entre grupos de la Judicial, acusan

* Saúl Martínez Mondragón y Jaime Nicolás Cabañas, presos en Chilpancingo por la desaparición de José Rodríguez Román, relacionado con el secuestro de Raúl Astudillo, dicen que son víctimas de una disputa entre jefes policiacos * Afirman que el comandante que fue señalado, Fortunato Zamora Paz, se encuentra prófugo, escondido en una casa del plagiado en Caleta * Con su reclusión se buscaría impedir el esclarecimiento del secuestro del empresario de Tixtla y la desaparición del supuesto involucrado, dicen

Aurelio Peláez * La depuración interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado y su política de respeto a los derechos humanos –en principio de atención a las recomendaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, Codehum– podrían ser un ajuste de cuentas entre grupos de la misma policía y una oportunidad para el encubrimiento de las verdaderas bandas delictivas de la misma Procuraduría.

El caso del secuestro del empresario Raúl Astudillo, en Tixtla, en mayo del 2000, y de la desaparición de José Rodríguez Román, a quien la policía al parecer arrestó como su presunto plagiario, sería una evidencia de ello.

–En un principio, desde la misma Procuraduría el plagio se atribuyó a la guerrilla, la del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), que en un comunicado se deslindó del mismo. El grupo negó que pertenecieran a esa organización las dos personas detenidas (Ismael Padilla y Azucena Pasión Villamar), acusadas de participar en el secuestro, actualmente presas en Acapulco.

–Un primer comandante que investigaba el delito, Walfred Adame, fue asesinado, al parecer en un ajuste de cuentas interno de la policía.

–Aunque el caso, por el lugar del plagio, en Tixtla, correspondía investigarlo al comandante de esa región, Armando Parra Catalán, en el mismo se involucró Fortunato Zamora Paz, que tenía su comandancia en Acapulco.

–A Fortunato Zamora se le denunció como responsable del plagio de José Rodríguez Román, un ciudadano de Tixtla, quien estaría siendo investigado en ese entonces por la policía por su participación en el secuestro de Raúl Astudillo, liberado tras cuatro meses de captura y tras el pago de un monto de rescate no especificado.

–A Fortunato Zamora se le dictó orden de aprehensión por el plagio de José Rodríguez, a partir de la recomendación Coddehum-VG/105/2001/-V, a partir de una denuncia de la esposa de José Rodríguez, Patricia Alcaraz Abarca. En el caso se involucra a otros agentes policiacos.

–Prófugo de la justicia, Fortunado Zamora es protegido ahora por la familia de Raúl Astudillo, y vive en una de sus casas en Caleta, en Acapulco, según denuncian dos de los cuatro agentes antisecuestros detenidos por la misma recomendación de la Codehum, Jaime Nicolás Cabañas y Saúl Martínez Mondragón, quienes en el momento de la “desaparición” de José Rodríguez no se encontraban laborando en la Procuraduría.

–A más de un año de la desaparición de José Rodríguez, el agente Francisco Cortés Pastenes recuerda haber visto que éste fue ingresado detenido en las instalaciones de la Procuraduría estatal, en Chilpancingo, y que quien lo llevaba era el comandante Fortunado Zamora Paz, así como Víctor Castro Valente y Jaime Nicolás Cabañas, entre otros, y que el detenido se les habría muerto en un interrogatorio. Su testimonio fue tomado como base para la detención de Cabañas y otros dos agentes, así como de Saúl Martínez.

–El testigo, el agente Cortés Pastenes, tiene en su haber dos ingresos a la carcel: por homicidio, cohecho y delitos contra la salud, así como varias sanciones por abuso de autoridad y lesiones. Aún así laboraba en la Procuraduría, pues en su expediente no figuraban tales antecedentes.

–Según los agentes detenidos, que apelan ante la misma Codehum su proceso, el testimonio de Cortés Pastenes habría servido al grupo del ex subprocurador -y ahora magistrado –Miguel Barreto Sedeño para deshacerse del ex director de la Policía Judicial, Jaime Figueroa Velázquez.

El testigo

Saul Martínez Mondragón y Jaime Nicolás Cabañas, detenidos desde el 23 de octubre del año pasado por la recomendación de la Codehum 019/2001, al igual que Alvaro Gallo Clavel y Julio Caballero Bello, basan su defensa en evidenciar quién es el testigo, Francisco Cortés Pastenes, y en demostrar que la declaración que éste presentó ante la Codehum es ilógica.

De Cortés Pastenes se conoce que ingresó a la Policía Judicial en 1984, y que desde esa fecha ha tenido 14 bajas. El 31 de mayo de 1991 ingresó al penal de Las Cruces por el asesinato del policía preventivo Efrén Heredia Peralta, cerca de un taller mecánico en la colonia Emiliano Zapata. Se sabe del caso que en los momentos del incidente Cortés se encontraba tomando y tirando balazos a un palo de mango. Un testigo sostuvo que disparó cinco balazos a “quemarropa” al policía, quien se encontraba dentro de un Volswagen, en cuyo interior traía una escopeta. No obstante, en junio de 1991 el juez Anastasio Román liberó al acusado al suponerse que en los hechos hubo legítima defensa.

Francisco Cortés Pastenes tuvo un segundo ingreso, al penal el 13 de noviembre de 1995, por los delitos de cohecho, contra la salud y encubrimiento de actividades relativas al narcotráfico, así como portación de armas sin licencia. Este fue detenido al presentarse voluntariamente al Juzgado, al enterarse que era buscado por la policía. En su declaración adujo que la acusación era motivo de una venganza porque había golpeado al agente Abel Villegas en Tecpan de Galeana. El 13 de diciembre fue liberado y sólo se le sentenció por portación de armas, exhonerándolo por los otros delitos.

No obstante, durante su estancia en el penal, el 21 de agosto de 1996, junto con otro reo golpeó al agente de la Policía Judicial Federal Julio Sánchez de la Paz, hasta en dos ocasiones diferentes, porque éste en alguna ocasion lo detuvo, por lo que fue objeto de sanciones en el reclusorio.

Asimismo se conoce que existen tres recomendaciones de la Codehum en su contra por la detención y privación ilegal de la libertad de Javier Cuauhtémoc Sánchez, en abril de 1994, quien fue asesinado por otro agente en los separos de la policía judicial en Zihuatanejo; otra por el delito de abuso de autoridad, robo y privación ilegal de la libertad al ciudadano Luis Encino Mayo, en Acapulco, y otra más en febrero de 1995 por la aprehensión sin orden judicial del ciudadano Sixto Melchor Flores y Eusebia Villalba Chávez.

Y aún así, en el 2000 seguía siendo policía.

En el proceso seguido contra Cabañas y Saúl Martínez, la jueza Amelia Gama solicitó el 22 de octubre del 2002 información sobre los antecedentes penales del testigo de la Codehum, y ésta en el oficio 1292 reporta que sólo tenía una averiguación por el delito de difamación. No aparece el homicidio.

La detención-desaparición de José Rodríguez

En 3 de mayo del 2001 la señora Patricia Alcaraz presentó ante la Codehum un escrito de queja en contra del comandante Fortunato Zamora Paz y Julio Caballero Bello, como presuntos responsables de la desaparición de su esposo Jose Rodríguez Román, quien habría sido “secuestrado” el 6 de julio del 2000 por policías judiciales cerca de la presa de El Molino, en Tixtla.

Ya antes había acudido ante la Procuraduría de Justicia del estado para que se investigara ese presunto secuestro, en donde también señaló como responsables a los policías mencionados.

Ante los nulos resultados de la petición, el 16 de mayo presentó un escrito de queja ante la Codehum en contra del procurador de Justicia, Rigoberto Pano, y el subprocurador Miguel Barreto, por dilación en la procuración de la justicia.

No obstante, de las indagaciones de la Codehum y de los testimonios recogidos se desprendió que el comandante Zamora Paz fue visto vigilando la casa de Rodríguez Román, y que estuvo en Tixtla en una camioneta de su propiedad que después fue vista en la comandancia de Acapulco.

Zamora Paz, en el informe rendido ante la Codehum, dijo no conocer a Patricia Alvarez ni a su esposo, y señaló que estaba adscrito a la comandancia de ciudad Renacimiento y no en Tixtla, y que no conocía al agente Julio Caballero, que estaba bajo las órdenes del comandante Parra Catalán.

Lo cierto es esto último. Julio Caballero había sido comisionado por Parra Catalán pero a dar resguardo a una gasolinera, cerca de la casa de Rodríguez Román, además de que tendría el encargo adicional de tomar nota de las actividades que tenían estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en movilización por esos días.

No obstante, Parra Catalán no ha acudido en auxilio de su agente.

Patricia Alcaraz también demandó que se investigara si ese comandante estuvo en coordinación con Zamora Paz para ubicar y secuestrar a su esposo, petición que aún no ha sido atendida.

La Codehum, el 18 de junio, solicitó informes del caso a la Procuraduría, que los negó por encontrarse en fase de indagatoria, argumentó.

La esposa de José Rodríguez, en tanto, en julio del 2001, dirigió una carta al presidente Vicente Fox en donde pidió que se investigara por el secuestro de su esposo a los comandantes Zamora Paz, Fidel Morales, Víctor Castro Valente, Alvaro Gallo, Felipe Romero y Fernando Serna, entre otros. Ni Cabañas ni Saúl Martínez aparecen en ese exhorto.

El 14 de septiembre del 2001 demandó nuevamente a la Procuraduría información sobre la averiguación previa en torno a este secuestro, que tampoco recibió respuesta.

No obstante, el 1 de octubre del 2001 la Codehum recibió un nuevo testimonio, el de Francisco Cortés Pastenes, quien aseguró haber sido testigo presencial de la “detención” de José Rodríguez Román.

El “testimonio”

Según Francisco Cortés Pastenes el 6 de julio del 2000 se le ordenó vigilar la avenida Rufo Figueroa, en Chilpancingo, para detectar a la persona que llamaba por teléfono para pedir el dinero por el rescate de Raúl Astudillo.

Cuenta que el director de la Policía Judicial del Estado, Edilberto Solís, solicitó la intervención en este caso de secuestro de Zamora Paz, Víctor Castro Valente, Jaime Nicolás Cabañas, Juan Carlos Miranda, Raymundo Rodríguez y Saúl Martínez Mondragón.

Ese día, recibió instrucciones para quedarse en las instalaciones de la Procuraduría hasta que se retirara el director, y entonces se percató de la llegada de una camioneta Gran Cheroke –la de Zamora Paz– en donde además de éste, llegaron Castro Valente y Cabañas, quienes llevaban a una persona vendada de los ojos, a la cual introdujeron a los separos y golpearon, hasta que una hora después salió Cabañas, quien le confió que al detenido “ya se lo llevó la chingada”.

Luego, los agentes Juan Carlos Miranda y Raymundo Rodríguez y otro más, regresaron a la Gran Cheroke arrojando un cuerpo a su interior, que se mostraba flácido, retirándose luego del lugar en la unidad.

Cortés Pastenes afirma que en un informe interno suscrito por el comandante Sergio Quezada, sí se culpa a Fortunato Zamora Paz del secuestro de José Rodríguez.

Por este testimonio, “y ante el fundado temor del quejoso de sufrir actos de represalia”, asienta la recomendación de la Codehum, Francisco Cortés pidió por medio de este organismo que se le retirara de la investigación de actos delictivos en la dependencia, que se le paguen salarios retenidos –al parecer se encontraba sancionado– que se le diera seguridad y portar armas para su seguridad personal y se le brindaran oportunidades para aportar más elementos de prueba. La Procuraduría le pagó sus salarios, se ofreció a darle seguridad, pero no a asignarle una comisión de trabajo especial, ni a portar armas.

El 2 de febrero del 2002 Cortés Pastenes refrendó nuevamente su declaración ante la Codehum.

Cuestionan testimonio

“Estamos aquí por el testimonio de un delincuente”, se queja Jaime Nicolás Cabañas, entrevistado en su celda en el penal de Chilpancingo.

Afirma, junto con Saúl Martínez Mondragón, que nunca aparecieron en la denuncia original que por la desaparición de su esposo realizó la señora Patricia Alcaraz, quien incluso ha declarado que no los identifica como las personas que participaron en la detención o plagio de José Rodríguez Román.

Ambos se ven como víctimas de una disputa entre jefes policiacos en la Procuraduría, y como chivos expiatorios de la autoridad judicial para justificar que atienden las recomendaciones de organismos de derechos humanos.

“El señalamiento que nos involucró en el caso se da un año después de los hechos”, dicen, y aclaran que Francisco Cortés Pastenes trabajaba bajo las órdenes del comandante Alfredo Camacho Millán, del nuevo grupo que se hace del control en la Procuraduría, y que encabeza el comandante regional de la Costa Grande, Federico Peredo Jiménez.

Durante el plagio de Astudillo y la desaparición de José Rodríguez, tanto Cabañas como Saúl Martínez se encontraban fuera de la Procuraduría. El primero era escolta del regidor (actual diputado) del PRD, Marco Antonio López, por dos años, y el segundo atendiendo un restaurante de su propiedad en Acapulco.

Cabañas reingresó a la Procuraduría en noviembre de 2000, y Saúl Martínez reingresó en octubre del 2001 –el día que la Codehum estaba recibiendo el testimonio de Cortés Pastenes– ambos, de nuevo, al grupo antisecuestros.

Saúl Martínez se define como técnico más que policía, y especialista en intercepciones telefónicas durante los secuestros. El día en que José Rodríguez fue detenido, recuerda, “yo estaba en mi restaurante festejando el aniversario de la colonia, El Derrumbe”, por el rumbo de Pie de la Cuesta.

Aunque ambos interpusieron en diciembre un amparo contra su detención, Cabañas recuerda que “a mí nunca me tomaron una declaración. Dicen que me la solicitaron pero no hubo nada”.

Ambos desestimaron hasta el último día que el testimonio de Francisco Cortés Pastenes fuera a ser tomado como evidencia en su contra.

Por ello, creen que el fondo del caso es que se les pudo haber usado –por el ex procurador Rigoberto Pano y el ex subprocurador Miguel Barreto– para sacar de la dependencia al director de la Policía Judicial, Jaime Figueroa Velázquez, bajo cuyo mando estaban. “A lo mejor tenía lo suyo el viejo –Figueroa– pero era trabajador y daba resultados (en la investigación de secuestros)”, recuerda Cabañas.

Afirman que con su reclusión, también se buscaría impedir el esclarecer totalmente tanto el secuestro de Raúl Astudillo como la desaparición de José Rodríguez.

En tanto, el principal inculpado, Fortunato Zamora, la pieza clave del caso, continúa libre y aseguran, viviendo en una casa de la familia Astudillo. Otros acusados están activos laborando en la dependencia.

De las acusaciones de Cortés Pastenes señalan que han demostrado, ahora ante los miembros de la Codehum que investigaron el caso –y en la que por cierto, no se involucraba a Saúl Martínez– que no tienen fundamento.

Han demostrado que en el parte de guardia del 6 de julio, cuando presuntamente estuvieron con José Rodríguez en la Procuraduría, no ingresó ninguna camioneta Gran Cheroke.

Los agentes de guardia y vigilancia (Gilberto Organista e Issac Morales) no reportan ni a Cabañas ni a Saúl Martínez de haber estado el día que dice Cortés Pastenes en la Procuraduría.

Tampoco se reporta el ingreso a separos de ningún José Rodríguez, como es la rutina en caso de detenciones.

Han comprobado, a través de la solicitud de nómina de julio 15 de ese año, que en ese periodo, Cabañas y Martínez estaban dados de baja de la Procuraduría. El jefe del Departamento de Inteligencia y Logística de la Policía Judicial, José Antonio Ruiz, envió un oficio de la jueza Amelia Gama en donde confirma que no estaban dados de alta en la dependencia.

Aún más. En la guardia tampoco aparece que Francisco Cortés Pastenes estuviera comisionado.

Por ello, ambos insisten en que su detención y reclusión es politizada, porque desde el gobierno se quiso dar otra cara a los organismos de derechos humanos, la de que se depuraban los cuerpos policiacos y se cumplían las recomendaciones. A cambio, se estarían fortaleciendo otros.