Instan Brigadas Internacionales de Paz a Aguirre a evitar la violencia contra protestas

Organismo internacional insta a Aguirre a evitar la violencia contra protestas sociales

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Integrantes de Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés) se reunieron ayer en privado en la residencia oficial Casa Guerrero con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, a quien le demandaron que modifique su estrategia en la disuasión de protestas para evitar situaciones de violencia como el desalojo del 12 de diciembre, cuando fueron asesinados a balazos dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y tres más fueron heridos.
Al salir de la reunión, los miembros de la agrupación civil internacional declinaron hacer declaraciones, y uno de los integrantes de la delegación dijo que su opinión ya estaba plasmada en un boletín que habían distribuido antes de que entraran a la reunión con el gobernador.
La delegación de Brigadas Internacionales de Paz salió de Casa Guerrero acompañada por la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, quien tampoco quiso informar sobre los temas que trataron con el gobernador, pues dijo que debían ser los enviados del organismo los que declararan.
Durante la reunión en una de las salas de Casa Guerrero solamente se permitió el acceso a fotógrafos para que tomaran sus placas y se volvieran a salir.
Uno de ellos informó que en el tiempo que permaneció dentro escuchó que el representante de los integrantes de las Brigadas dijo al gobernador Aguirre Rivero que el caso de la Normal de Ayotzinapa no lo tratarían en esta ocasión con él porque están en espera del informe final de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Pero que sí le pidió que busque “otros métodos” para disuadir las protestas y evitar caer en situaciones de violencia como la que ocurrió el 12 de diciembre en contra de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Antes de entrar a la reunión, la delegación entregó a los reporteros que se encontraban afuera de la residencia oficial, un comunicado de prensa en el que señalan que la reunión con el gobernador es en el marco de “nuestra labor para la protección del espacio político de las personas y organizaciones que sufren represión y amenazas por su trabajo no violento en pro de los derechos humanos y la justicia social”.
El documento, que se explaya en explicaciones de lo que es Brigadas Internacionales de Paz, expresa que “los hechos acontecidos el pasado 12 de diciembre en el estado de Guerrero han alertado a instituciones mexicanas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que están realizando las labores que se le atribuyen de acuerdo a la reciente reforma constitucional en materia  de derechos humanos. Saludamos la iniciativa de la CNDH de tomar las acciones de su competencia en relación a los hechos y esperamos que las investigaciones lleguen a buen término”, expresa PBI.
El comunicado concluye que de acuerdo al mandato de PBI y dentro del contexto de vulnerabilidad que enfrentan los defensores y defensoras  de derechos humanos en México, “la reunión tiene como objetivo dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia  de derechos humanos, especialmente los relativos a los casos paradigmáticos que PBI  acompaña en el estado de Guerrero y a la situación general de riesgo de los y las defensoras de derechos humanos, así como a recordar la importancia de su labor”.
Sin embargo, al salir, los integrantes de la delegación no quisieron informar cuáles son los casos que trataron con el gobernador y los resultados de la reunión.

El asesinato, “acción calculada que obedeció
a una estrategia de poder”, dice Carlos Fazio

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El asesinato de dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el desalojo policiaco del 12 de diciembre de 2011 es un crimen de Estado donde hay responsables políticos que deben ser llevados a la justicia, dijo el periodista uruguayo y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Fazio, en una conferencia magistral dictada en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
En el foro La educación crítica y los derechos humanos: problemas y desafíos en el siglo XXI”, el analista afirmó que las ejecuciones sumarias de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús involucran por acción y omisión a los gobiernos estatal y federal.
Afirmó que alguien tuvo que dar la orden de tirar a matar –hay dos tiros, uno en la cabeza y otro en el cuello–, y ésta bajó por la cadena de mandos.
“Quien ordenó matar, y ahora se esconde en el anonimato, lo hizo con lúcida conciencia. Fue una acción intencionada y calculada, que obedeció a una estrategia de poder, como engranaje y como eslabón de un sistema de gobierno o una provocación interpares”, dijo.
Recalcó que un mando operativo consultó a uno político; a nivel estatal, llevaría al gobernador Ángel Aguirre. “Sin descartar la hipótesis estatal, pregunto ¿a quién le conviene estallar Guerrero en una disyuntiva prelectoral?”, dijo.
En su hipótesis, señaló que al presidente Felipe Calderón, porque los candidatos de Acción Nacional van abajo en las encuestas, y “le puede interesar desestabilizar los estados perredistas, como fue en Michoacán, con fines de capitalización política”.
Consideró que la historia de Guerrero se repite y que Aguas blancas, El Charco y el caso de la Autopista del Sol, no pueden quedar en la impunidad.
En su participación dijo que es necesario el esclarecimiento de los hechos y sancionar a los autores materiales e intelectuales conforme a derecho.
Se solidarizó con los normalistas de Ayotzinapa y reclamó la aparición con vida de los dirigentes de la organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán, Eva Alarcón y Marcial Bautista.
Durante su conferencia, ante unos 60 estudiantes universitarios, el periodista se refirió particularmente  a la represión de los normalistas de Ayotzinapa.
Dijo que a través de las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos “quedó evidenciado que el uso de la fuerza letal contra civiles obedeció a un acto consciente de causar daño más allá del control de la situación”.
Ubicó la acción criminal contra los normalistas en el patrón de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno federal, “caracterizada por una violencia caótica, el exterminio y el terrorismo mediático”.
En este sentido, señaló que el gobierno federal “volvió anónimas las ejecuciones sumarias y la desaparición de personas por agentes estatales y el uso de la tortura como mecanismo para arrancar o fabricar confesiones, normalizó una violencia de apariencia demencial”.
También habló del intento de la Procuraduría General de Justicia del Estado por fabricar un chivo expiatorio mediante la tortura y la siembra de un fusil de asalto al estudiante Gerardo Torres Pérez.
Dijo que a pesar de un señalamiento directo contra un comandante, David Urquizo, éste sigue activo y el ex procurador Alberto López Rosas, que echó a andar la máquina mediática, no es indiciado.
En el caso de la Normal Rural destacó la labor de las tres organizaciones de derechos humanos en Guerrero, que participaron desde un comienzo en las diligencias y “han jugado un papel clave, porque son los que permitieron visibilizar desde un comienzo, la magnitud de lo ocurrido”.
Agregó que las fotografías difundidas “desentrañaron la conspiración oficial”, donde las corporaciones estatal y federal buscaron deslindarse con versiones contradictorias.
Indicó que a 35 días del acto represivo hay mucho que responder: ¿quién estaba a cargo del operativo?, ¿quién o quiénes en la cadenas de mandos político y operativo de las corporaciones ordenaron abrir fuego contra los normalistas?, ¿cuál es la situación de los policías federales que maltrataron a los estudiantes, cuando ya estaban sometidos?
En el plano político cuestionó a qué grupos políticos en la antesala de un proceso electoral, caciquiles o poderes fácticos convenía montar una provocación criminal.
Consideró que el país vive en una catástrofe humanitaria, porque la lucha contra la criminalidad emprendida desde el Estado ha llegado a extremos más altos que en zonas de guerra, “hoy más que nunca el país necesita formar jóvenes con pensamiento crítico, formar hombres y mujeres libres”.

Normales rurales satanizadas

En entrevista, Carlos Fazio señaló que históricamente el Estado busca desaparecer a las normales rurales, y relató que en los años  30 los sectores de la iglesia y la oligarquía las describían como escuelas del diablo, “los sectores las veían montada en la educación socialista, la época de Lázaro Cárdenas, nacieron bajo ese estigma”.
Tras la represión del 68 en Tlatelolco, recordó que Gustavo Díaz Ordaz desapareció más de la mitad de las escuelas rurales.
Entonces, la mecánica que se ha venido siguiendo para las normales es su desaparición o su achicamiento, pues “desde la óptica conservadora estatal son focos de subversión, porque todo aquel que piensa es asemejado a guerrillero, subversivo, pero qué tienen de subversivas las demandas estudiantiles”, cuestionó.
Los grupos de poder en México, concluyó, tienen intereses propios, tratan de eliminar el pensamiento crítico, todo lo que protesta, todo aquello que genera solidaridad, lo arrinconan, y las normales son justamente de esos centros.