Obligará a que se convoque un nuevo foro sobre el campo, dice la COCIEG

* Anuncian dirigentes de 33 organizaciones que harán un foro la próxima semana y pederán que las resoluciones se incluyan en las mesas de trabajo oficiales

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Organizaciones diversas que constituyeron la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Estado de Guerrero (COCIEG), dijeron que obligarán al gobernador René Juárez a convocar a un nuevo foro que revise los problemas del campo desde la perspectiva de las organizaciones y no de los funcionarios.

Una comisión representativa de las 33 organizaciones que la noche del miércoles crearon la COCIEG ofrecieron ayer una conferencia de prensa para hacer la presentación pública de la coordinadora “que surgió para rechazar la política agropecuaria del presidente Vicente Fox y para plantear nuevas políticas de desarrollo”, expuso el dirigente de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), Rogelio Alquisiras Burgos.

La inconformidad, dijo el vocero, surgió entre las organizaciones campesinas, sociales e indígenas “por la convocatoria excluyente” para el Encuentro Estatal por el Campo Guerrerense, convocado por el gobierno estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero del Congreso local y la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que se efectuó el miércoles pasado en esta capital.

Entre las organizaciones inconformes se encuentran además la URECH, uniones de ejidos, el Consejo Supremo de Pueblos del Filo Mayor, la Asociación de Indígenas de la Región de la Montaña, el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500ARI), el Consejo Estatal del Mezcal, la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Central Campesina Independiente (CCI), la Central Independiente de Obreros y Campesinos (CIOAC), la Coordinadora de Indígenas Radicados en Acapulco, la SSS, la Organización Social para el Desarrollo, el presidente municipal de San Luis Acatlán, Genaro Vázquez Solís, y el Consejo Regional de la Sierra de Guerrero (Cresig).

Alquisiras Burgos informó que uno de los principales objetivos es obligar al gobernador a convocar a un nuevo foro para revisar la situación problemática del campo guerrerense, pero esta vez los convocantes deben ser también las propias organizaciones campesinas, sociales e indígenas, los ayuntamientos y el gobierno estatal “para que sea incluyente”.

“Nosotros rechazamos el foro (del miércoles) porque se convocó de manera unilateral y se trata de una imposición y nosotros pensamos que es el momento de iniciar el proceso de unidad frente a los problemas del campo y debemos hablar de igual a igual las organizaciones con el gobierno”, indicó Alquisiras Burgos.

Agregó que son las propias organizaciones las que deben participar en estos foros y proponer al gobierno estatal y federal las vías de solución, en este caso señaló que las organizaciones que integran la COCIEG exigirán al gobernador René Juárez que firme como aval de las propuestas que salgan del foro que harán posiblemente la próxima semana y cuyos resolutivos pedirán que sean incluidos en los acuerdos de las mesas que comenzó ayer el gobierno federal.

De entrada la COCIEG se pronunció por la revisión y renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) y participar con propuestas en el diálogo nacional a través del cual se revisa la problemática del campo en el país.

Mientras tanto la dirigente de la Confederación Campesina Independiente           (CCI), Aluvia Deloya Nava exigió que el gobierno federal de un trato desigual a los estados, “porque no pueden entregarse los mismos apoyos para un estado del norte del país como a los del sureste en donde se encuentra Guerrero”. Indicó que para Guerrero se requiere una política agropecuaria emergente.

Otro de los acuerdos que hubo entre las 33 organizaciones, es exigir al gobierno federal el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, para que haya un real respeto a los derechos y a la cultura de los indígenas, así como exigir que se legisle para que haya legitimidad y legalidad de la Policía Comunitaria.

Las organizaciones campesinas también criticaron el Programa Nacional de Diesel, que vino a poner en marcha el titular de la Sagarpa, Javier Usabiaga, “porque no viene a ayudar a la gran mayoría de los campesinos y el descuento es sólo para los campesinos que tienen más posibilidades y que la mayoría de las veces rentan sus tractores a los verdaderos trabajadores de la tierra”.