El centro de convenciones y los intentos fallidos por modernizarlo

En 2000 reportó una pérdida fiscal de 20 millones 764 mil 973 pesos, según la diputada local del PRD

Nelly Bello * La apertura a la inversión privada que anunció recientemente el gobierno del estado para capitalizar el centro de convenciones –cuya denominación ofical es Centro Internacional Acapulco (CIA)– es el tercer intento para modernizar y lograr una adecuada administración del organismo.

Desde 1976, ha habido dos intentos fallidos –1977 y 1987– para acabar con los malos manejos administrativos y de operación ahí.

La salida por motivos personales, de los directores Jorge Cortez Gutiérrez, general, y Carlos Saavedra Toache, operativo, el pasado 22 de enero, profundizó los rumores por malos manejos, desvío de recursos o de ingresos no reportados, pues la salida se dio luego de que el diputado local del PRS, Heriberto Noriega Cantú, pidió la comparecencia de uno o de ambos ante el pleno del Congreso local.

El 24 de enero, la secretaria de Fomento Turístico, Guadalupe Gómez Maganda, al anunciar la reunión del fideicomiso del centro, dijo que ésta tendría el objetivo de abrir el organismo a la inversión privada.

Desde la firma del convenio el 26 de noviembre de 1987 –que modifica el contrato del fideicomiso del CIA– hubo incumplimientos de los directivos y el gobierno estatal, pues además de no presentar información certera de sus ingresos, no convocaron para la creación del Consejo Consultivo ciudadano que asesoraría al Consejo Técnico, que tampoco sesionó con regularidad, siendo el 22 de enero de este año la primera vez en muchos años que se reunió.

En el expediente que la diputada local perredista Gloria Sierra López tiene del CIA, aparece la declaración del ejercicio fiscal ante el SAT, que como persona moral presenta el fideicomiso del CIA en 2000 con el RFC FCE770629BMA. El representante legal es Cortez Gutiérrez, con registro COGJ460203R68.

En ese año 2000, el centro de convenciones reporta un total de ingresos de 23 millones 886 mil 606 pesos y un total de gastos de 40 millones 203 mil 271 pesos, por lo que tiene una pérdida fiscal de 20 millones 764 mil 973 pesos.

Al parecer y de acuerdo con información aproximada del director interino del CIA, Miguel Angel Soberanis, es la misma cantidad que manejó en 2002, pues estimó un gasto de 20 millones de pesos. De este monto, dijo que el gobierno del estado sólo apoyaba con el pago de la nómina de 216 empleados por un total de 4 millones de pesos anuales.

Sin embargo en la declaración ante el SAT, el pago de nómina asciende a 9 millones 635 mil 824 pesos.

Entrevistada sobre el tema, Sierra López rechazó la versión del funcionario interino, de que el gobierno del estado aporta 4 millones de pesos para nómina, pues de acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2003, el CIA recibirá 18.2 millones de pesos.

En ingresos totales en 2000, el CIA reporta 14 millones 252 mil 542 pesos; pero con devoluciones, rebajas y descuentos de 456 mil 929 pesos, queda un ingreso neto de 13 millones 795 mil 613 pesos.

Aunque en la declaración de 2000 el costo comercial del inmueble es de 288 millones 771 mil 283 pesos, tiene una depreciación acumulada de 241 millones 139 mil 660 pesos –es decir 83.5 por ciento–, por lo que su valor real es de 55 millones 288 mil 906 pesos por falta de capitalización.

Servicios de montaje que en realidad son arrendamiento

En el documento del SAT, certificado para Sierra López por la notaria pública 9, Bella Hernández, y el subadministrador de RFC y Control de Obligaciones del SAT, Alejandro Escobar, Cortez Gutiérrez reporta como la actividad por la que obtuvo la mayor cantidad de ingresos a los servicios remunerados de promoción, montaje, representación y espectáculos.

Sin embargo, Soberanis informó que el Centro sólo ofrece la renta de salones, y los usuarios “son libres para contratar los servicios que requieran para sus propias celebraciones”. Mientras, el director y propietario de la agencia de viajes Expo Enlace, José Cedano Galera, indicó que su empresa es el intermediario para que los congresistas o convencionistas contraten los servicios de empresas de montaje, audio y edecanes.

De acuerdo con fuentes de Sefotur, la agencia de viajes fue adquirida por Cortez Gutiérrez y otros directivos de la dependencia estatal, pero Soberanis negó la relación e incluso dijo no conocer a los propietarios, aun cuando Cedano Galera fue subsecretario de Promoción en Sefotur.

El comienzo y la historia del centro de convenciones

En el Diario Oficial de la Federación del 28 de junio de 1977 el fideicomiso de Desarrollo Económico-Social de Acapulco aparece como primer propietario, con un único fideicomitente: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De ese fideicomiso, el inmueble pasó de ser Centro Cultural y de Convenciones de Acapulco a Centro de Espectáculos, Convenciones y Exposiciones de Acapulco, con el objetivo de promover el turismo “de forma más dinámica y expedita” por parte de Sectur.

La disposición de crear un fideicomiso era lograr que el Centro operara a toda su capacidad y sin reportar pérdidas, “que cada día van en aumento, a pesar de que también ha aumentado el número de eventos que se han realizado”. El fideicomiso estaba destinado exclusivamente a la operación para la producción de beneficios sociales y económicos.

En este fideicomiso de 1977, el fideicomitente era el gobierno federal por medio de Sectur; el fiduciario, Banobras, y los fideicomisarios, el gobierno del estado y el municipio.

El primer comité técnico era presidido por la esposa del entonces presidente José López Portillo, Carmen Romano; el primer vicepresidente, el entonces secretario de Turismo, y el segundo vicepresidente, el gobernador del estado.

Estarían también el presidente del Consejo Nacional de Turismo y el presidente municipal de Acapulco, entre otros funcionarios de primer nivel.

El 15 de julio de 1987 se publica otro decreto presidencial, ahora de Miguel de la Madrid Hurtado, en el Diario Oficial de la Federación, en el que instruye al entonces secretario de Programación y Presupuesto, Ernesto Zedillo, modificar el contrato del fideicomiso.

En las líneas generales, el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 indica que para conseguir la descentralización de la vida nacional y propiciar e instrumentar las políticas regionales “se hace necesario el fortalecimiento municipal y la reordenación de la actividad económica del territorio nacional”.

Por eso se decide la cesión de los derechos y obligaciones que como fideicomitente tiene el gobierno federal en el fideicomiso a favor del gobierno del estado. La disposición se formalizó con la firma del acuerdo de coordinación el 27 de agosto de 1987 entre los gobiernos federal y del estado, “en el marco del Convenio Unico de Desarrollo que permitiría a Sectur utilizar el Centro para promoción nacional y regional del estado”.

La figura legal del fideicomiso quedaría integrada por el gobierno del estado como fideicomitente; Banobras como fiduciario, y el gobierno estatal junto con el municipal seguían como fideicomisarios.

Dos meses después, el 11 de septiembre de 1987, el gobernador José Francisco Ruiz Massieu emite el decreto que publica en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero para luego de la tramitación necesaria, adecuar la estructura orgánica del Centro Acapulco y denominarlo ahora Centro Internacional Acapulco.

Reconoce en el Centro Acapulco a un establecimiento que presta servicios culturales, de recreación y apoyo a la actividad turística, lo que lo hace una entidad estratégica para el gobierno del estado. Pero también reconoce que “desde hace varios años tiene una operación deficiente”.

El establecimiento debía ser un centro de calidad internacional que apoyara convenciones y actividades culturales y de recreación con fines de convivencia entre los nacionales y entre éstos y los visitantes extranjeros.

En este mismo decreto se incluye un Consejo Consultivo integrado por personalidades de los sectores público, social y privado, conocedoras de la actividad turística, cultural y recreativa. Que sigue sin formarse.

El comité técnico sería presidido por el gobernador, quien designaría al secretario. La secretarías de Planeación y Presupuesto, de Finanzas, de Desarrollo Social y de Fomento Turístico; el alcalde, el director del Instituto Coordinador de Centros y Programas de Recreación Familiar, el director del Centro y Sectur, así como representantes de los sectores social y privado, forman parte también del Consejo Técnico que sería asesorado por el Consejo Consultivo “en el uso turístico y comercial del inmueble”. El 26 de noviembre de 1987 signan el convenio los participantes en el fideicomiso, con hojas membretadas de Banobras.