Pide Solalinde que se investigue a Ulises Ruiz, Fidel Herrera y Eugenio Hernández

Abandonado por la jerarquía católica, con la “vida amenazada” desde 2006, el padre Alejando Solalinde Guerra decidió tomar “un retiro táctico” en su misión de defensor de los migrantes centroamericanos.
Antes de abandonar el país en conferencia de prensa, el prelado denunció la fuente de las amenazas en su contra: el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.
Con seis amenazas de muerte acumuladas en los últimos 90 días, Solalinde Guerra exigió también que se investigue a otros dos  ex mandatarios priistas con oscuro historial: Fidel Herrera, de Veracruz, y Eugenio Hernández, de Tamaulipas.
Ambos ex servidores públicos, reveló, brindan protección a grupos delincuenciales que trafican y asesinan a migrantes centroamericanos.
El sacerdote endosó también parte de la responsabilidad de las agresiones a migrantes al presidente Felipe Calderón porque, en su opinión, ha sido omiso en atender ese problema.
“Por negligencia, por no haber hecho nada de lo que le correspondía; ahorita me están cuidando muy bien pero el mejor cuidado para mí es que se haga justicia, de nada sirve que me cuiden si no hacen justicia.
“Yo no soy policía ni de la DEA, pero si los nacortaficantes se meten con los migrantes ahí sí no me puedo quedar callado”,dijo.
En la conferencia, Solalinde anunció que iniciará un recorrido por Estados Unidos y varios países de Europa. En la ciudad de Chicago, participara el próximo jueves y viernes en el Congreso Anual de la Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas (NALACC). Posteriormente, viajará a España, Italia y Suiza, en una gira auspiciada por Brigadas Internacionales de Paz (PBI), organización que ha acompañado al sacerdote desde 2010.
Aún cuando ambos viajes al extranjero estaban programados con anticipación, Solalinde reconoció que su salida del país coincidió con una recomendación que le hicieron funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), luego de que confirmaron que las amenazas hacia la vida del defensor eran reales.
En esa sugerencia, agregó, coincidieron organizaciones como Amnistía Internacional,  PBI y la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, “y yo estuve de acuerdo, porque no quiero ser mártir”.
El sacerdote agregó que aceptó la “recomendación sensata”, tras el compromiso que hizo la Segob de que se detendría a los responsables de las amenazas contra él y su equipo de trabajo en Ixtepec Oaxaca, amén de garantizarle que su trabajo en el albergue continuaría.
A los funcionarios de la Segob, dijo les “puse un plazo de dos meses máximo; el dos o tres de julio estoy regresando al albergue, si se mejoran las condiciones o no eso es responsabilidad de ellos, pase lo que pase yo vuelvo”. (Gloria Leticia Díaz / Agencia Proceso / Ciudad de México).