Que cese el uso de las cárceles para castigar a defensores de derechos humanos, exigen ONG

Piden la incondicional liberación de Nestora Salgado, de todos los integrantes de la CRAC y del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) exigió que se detenga la criminalización del movimiento social en Guerrero, y el uso ilegal de penales federales para castigar a dirigentes y defensores de derechos humanos, al cumplirse un año de la detención arbitraria de la coordinadora regional de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García.
En un comunicado, la Red que integra a 95 organizaciones sociales de 21 estados de la República y el Distrito Federal se sumó a la campaña nacional e internacional para exigir la libertad inmediata de la luchadora social, detenida el 21 de agosto de 2013 en Olinalá en una operación mixta de efectivos del Ejército, la Marina, la Policía Estatal y la Policía Municipal.
Informó  que desde su detención y traslado a un penal federal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, la RNDDHM supo de las irregularidades y acciones contra la comandanta de la Policía Comunitaria (PC), que constituyen una abierta violación del debido proceso y otros derechos humanos, entre los que destaca la presentación de cargos con pruebas insuficientes y contradictorias.
Denunció que se encuentran en la misma situación otros defensores de la justicia comunitaria e integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC). Seis están presos en la cárcel estatal de Acapulco, dos en un penal de máxima seguridad en el Estado de México, y el caso más reciente, del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop),?Marco Antonio Suástegui Muñoz, detenido hace hace dos meses y trasladado a un penal federal de Nayarit.
Aseguraron que todas las detenciones “evidencian” el  carácter político de la persecución penal y el uso ilegal de los penales federales con la complicidad del gobierno federal, del que no está exento ningún defensor o defensora de derechos humanos en Guerrero.
Para corroborarlo, recordaron que en abril de este año, el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito federal con residencia en Chilpancingo revocó el auto de formal prisión por delincuencia organizada, en modalidad de secuestro, que le había sido dictado a la luchadora social.
Sin embargo, la sentencia no redundó en su liberación. Salgado García sigue encarcelada en el penal federal de máxima seguridad enfrentando otros procesos abiertos en juzgados estatales.
También denunciaron que en el tiempo de reclusión, la salud de Salgado García se ha visto afectada porque no recibe una atención médica de manera adecuada o se le ha negado. Asimismo, sus familiares continúan padeciendo la criminalización de la defensora.
Por las detenciones arbitrarias y el abuso de poder, recordaron que en marzo del 2013, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, “aprobó la resolución 22/6, centrada en el uso de la legislación, que constituye un texto de referencia y representa la adopción de una postura firme por parte de los Estados contra el uso indebido de la legislación y la criminalización de las y los defensores”.
En noviembre de 2013, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución sobre las defensoras de los derechos humanos, que constituye una piedra angular en el reconocimiento y el apoyo de la labor importante y legítima de las defensoras.
De igual forma, señalaron que la Relatora Especial sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos de la ONU, Margaret Sekaggya manifestó al finalizar su mandato, su grave preocupación “porque las defensoras son objeto de detenciones, malos tratos, tortura, criminalización, procesos judiciales sin las debidas garantías, estigmatización, ataques, amenazas (incluso amenazas de muerte) y violencia sexual, y también de asesinatos”.
En este sentido, exigieron, la incondicional  liberación de la defensora comunitaria Nestora Salgado, una adecuada atención a la salud de la defensora y su inmediato traslado a un penal de la Ciudad de México en tanto se dicta auto de formal libertad.
Además, la liberación de los otros nueve defensores de la CRAC-PC, el líder del Cecop y todos los presos políticos en México.
Demandaron que se detenga la criminalización y el uso ilegal de penales federales como una herramienta de coerción y penalidad  para las y los defensores de derechos humanos, y llamaron a las autoridades de los gobiernos federal y estatal de Guerrero a brindar garantías de seguridad a las y los defensores de derechos humanos “y demandamos el cese a la impunidad de los asesinatos y desapariciones de defensoras y defensores”.