Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Cinco años: Chavarría, Zeferino y Ríos Piter, II

El testimonio ministerial del comandante Trinidad Zamora Rojo es tan preciso en su señalamiento de que hace cinco años el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo ordenó el asesinato de Armando Chavarría, que la Procuraduría General de Justicia de Guerrero carece de margen para ignorar esa acusación o interpretarla. No es una información de oídas, sino emitida por uno de los participantes desde las entrañas mismas de la conspiración urdida para liquidar a quien –como dijo el alcalde de Acapulco Luis Walton Aburto el martes pasado– sería hoy gobernador del estado.
El origen de la fisura en el grupo criminal, lo que indujo a Zamora Rojo a revelar la trama, es una historia que seguramente aflorará durante las indagaciones de las autoridades, así como los motivos del inmediato homicidio del comandante. También tendrá que ser explicado por qué un testigo tan importante no fue protegido por el gobierno.
Como sea, el hecho es que la Procuraduría dispone hoy de una prueba irrefutable –y dispuso de ella desde hace tres años– para armar el rompecabezas de este crimen y llevar a prisión a los responsables materiales e intelectuales. Sus nombres están en el expediente, se sabe públicamente quiénes son, han sido interrogados y está decomisada una de las pistolas usadas en la ejecución. Sólo le falta a las autoridades reactivar el procedimiento jurídico y actuar.
Lo que hunde a Zeferino Torreblanca y su grupo (en primer lugar el ex auditor general del estado, Ignacio Rendón Romero, señalado con él en la declaración de Zamora Rojo) no es solamente el extraordinario documento recabado por el ex procurador Alberto López Rosas, sino también la maquinación ya de sobra conocida que intentó sacar adelante para enturbiar la investigación y alejarla de su gobierno y de sí mismo, mientras estuvo en la privilegiada posición desde la cual podía manipular todo hasta para fabricar chivos expiatorios, como quiso hacer en varias ocasiones.
Esa historia de manipulación del caso y franca obstaculización de la justicia involucra a tres ex procuradores (Eduardo Murueta Urrutia, Albertico Guinto Sierra y David Augusto Sotelo Rosas) que bajo las órdenes de Torreblanca Galindo dirigieron las investigaciones hacia móviles falsos que incluso ofendían la honorabilidad de la víctima. Hacia el final de su gobierno en marzo de 2011, Zeferino Torreblanca tuvo la osadía de dar por casi cerrada la investigación y atribuyó el crimen a presuntos guerrilleros, y si la maniobra no prosperó se debió a la integridad del juez que rechazó el expediente apócrifo que le fue consignado.
En consecuencia, la revelación del comandante Zamora Rojo confirma la turbiedad que envuelve el asesinato de Armando Chavarría y bastaría para enjuiciar al ex gobernador Torreblanca Galindo. Pero, repetimos, no es la única prueba que existe de su responsabilidad, y por si hiciera falta están vivos y a disposición de la Procuraduría los otros participantes en la confabulación, dos de los cuales están identificados y localizados.
Si no hay ningún elemento jurídico que detenga la acción de la justicia contra Zeferino Torreblanca, el compromiso del procurador Iñaky Blanco Cabrera, realizado el martes y ratificado por el gobernador Ángel Aguirre Rivero el miércoles, de citar al ex gobernador a la brevedad posible para que se presente a declarar ministerialmente, debería concretarse en cuestión de horas, si se considera que el anuncio fue hecho hace tres días.
No deberían tener ninguna relevancia, pero son consideraciones de orden político las que probablemente ocupen en estos días a Aguirre Rivero y mantengan en suspenso el citatorio para el contador Torreblanca Galindo, que debe reposar en el escritorio del gobernador a la espera de su consentimiento. Y no se crea que el gobernador esté pensando en la estabilidad política del estado, sino muy posiblemente en si una acción judicial contra su antecesor afectará o no las aspiraciones de su hijo a la alcaldía de Acapulco, donde se supone que Zeferino conserva alguna fuerza política, aunque se trate más de un mito que de una realidad.
Desde luego que políticamente tendrá efectos el solo hecho de que Torreblanca Galindo sea citado a que se presente a declarar sobre el asesinato de Chavarría. Aunque por el momento Zeferino no fuera detenido, que debería serlo, se desplomaría el fruto de la fuerte inversión en mercadotecnia y propaganda que ha realizado el senador Armando Ríos Piter para ser candidato del PRD a gobernador en el 2015.
Ríos Piter es la carta del grupo político de Zeferino Torreblanca para mantenerse vigente en la política guerrerense, lo que en primer término supondría que el ex gobernador no fuera tocado por el asesinato de Chavarría. En numerosas ocasiones hemos incluido en esta columna a Ríos Piter como parte del grupo que orquestó el homicidio de Chavarría, y la confirmación de la autoría intelectual de Zeferino Torreblanca en el crimen deja a Ríos Piter dentro de ese círculo.
Volveremos a decir que Chavarría fue asesinado hace cinco años para que Ríos Piter pudiera ser candidato del PRD a gobernador, a menos que alguien crea que fue pura casualidad que quince días después del crimen el hoy senador apareciera de la nada como precandidato en una reunión con la dirigencia nacional perredista, y pocas semanas más tarde figurara como el favorito en los pronósticos. Todo ello fue obra de Zeferino Torreblanca, y además fue público.
Se puede especular en qué medida tuvo Ríos Piter participación en la conjura para privar de la vida a Armando Chavarría, pero no se puede poner en duda que fue parte de la misma. Un indicio para dilucidar este delicado asunto puede encontrarse en los pocos escrúpulos que ha manifestado Ríos Piter a lo largo de la veloz carrera política que ha desarrollado desde que en el 2005 fue nombrado secretario en el gobierno zeferinista. Y quizá bastaría con preguntar ¿qué individuo decente y con sentido ético acepta entrar a una contienda en la que se le ha dado una ventaja obtenida mediante un crimen atroz?
Sin embargo, no debería preocuparle al gobierno en lo absoluto el impacto que el citatorio, o incluso la eventual detención de Zeferino Torreblanca podría tener en el ámbito político del estado. La verdad y la justicia no pueden detenerse porque perturben las aspiraciones de alguien a una alcaldía o a una gubernatura. Sobre todo si ese proyecto político, como el de Ríos Piter, surgió precisamente del asesinato que la justicia busca aclarar.

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