Carlos Pérez Aguirre

Zeferino, Aguirre y el caso Chavarría

Cinco años han pasado desde el artero asesinato de Armando Chavarría Barrera, entonces presidente del Poder Legislativo del estado de Guerrero, sin que se haya avanzado un ápice en el resultado o por lo menos en la investigación de su asesinato.
Ninguna autoridad judicial en funciones señala o da pauta que indique la existencia o interés en su esclarecimiento, muy por el contrario, se desestima lo ya investigado no obstante haber declaraciones contundentes y pruebas periciales claras, como es lo trascendido en la semana sobre las declaraciones vertidas por el comandante de la Policía Ministerial Trinidad Zamora Rojo, asesinado también poco después, pero que en su momento señaló participantes, entregó pruebas y autores intelectuales, pero no se ha actuado ni llevado el seguimiento a una declaración que por sus características merecía toda la atención.
¿Acaso es una prueba menor haber localizado una de las armas con que se llevó a cabo el atentado que le quitó la vida al diputado, cuando a la luchadora social Nestora Salgado se le detiene sin la menor prueba? Realmente la justicia en la entidad está funcionando de manera absurda y con una aparente ineficiencia, por decir lo menos, pero a nadie se engaña porque es evidente el involucramiento de personajes que actúan en los dos periodos de gobierno y que, se nota, tienen gran influencia y grandes intereses.
Veamos las razones. El solo hecho de haber detentado la máxima representatividad de un poder en el estado debía ya ser suficiente para que todo el aparato de gobierno de la entidad, en ese entonces y ahora, moviera todos los recursos del Estado para esclarecer este magnicidio. Y aquí se adicionaría en ese contexto el haber sido el más aventajado en cuanto a su posicionamiento para ser el candidato de los partidos que se reclaman de izquierda, que le garantizaría –como se comprobó con quien sin ideología o principios lo sustituyó– el ser triunfador en la contienda que lo convertiría en gobernante de esta entidad.
El señalamiento en la declaración del policía ministerial, según informaron los medios periodísticos, involucra al entonces gobernador Zeferino Torreblanca y al ex auditor general del estado, Ignacio Rendón Romero, con el objetivo aparente de dejar el paso franco al candidato de este grupo a la gubernatura que se perfilaba para Ríos Piter. Todas esas declaraciones deberían haber generado una puntual investigación (que señale en definitiva o en su caso exonere con elementos probatorios plenos), pero no, como sabemos el actual gobierno ha escondido –dar carpetazo se llama– la investigación, como si ocultase o tuviese temor a algo.
El presidente de Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Carlos Reyes, con validez exige respuestas, aunque con una gran incongruencia porque hoy su grupo político, el GG apoya al que, de comprobarse, se pretendió que sería el beneficiario directo de ese asesinato, Ríos Piter. Las preguntas del presidente del PRD estatal son ¿Por qué se mantenía oculta la información? ¿Por qué no se brindó protección a la persona que confesó haber participado en el asesinato? ¿Por qué no siguieron las líneas de investigación? ¿Por qué no se citó a declarar a los que él señaló? ¿Quién les impidió avanzar?, ¿Quién está detrás del más fuerte asesinato sucedido en el estado? Todas son preguntas que hacemos los ciudadanos y exigimos respuestas prontas.
La falta de actuación e incluso entorpecimiento de la investigación por el gobierno actual (ocultar la información, no seguir la línea de investigación, desestimar la declaración y pruebas contundentes) nos obligan a preguntar ¿Existen también intereses de otra índole de quienes finalmente fueron los beneficiarios de la muerte del diputado Armando Chavarría? Están por ello obligados a investigar, resolver fehacientemente y difundir los resultados de ésta, de no ser así, la suspicacia enfermará aún más el final de este malogrado gobierno y su historia.

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