Tiene CAPAMA tres meses para pagar los 2 millones, advierte el titular de la Junta

* Ya turnó oficio al Registro Público de la Propiedad y a Servicios Periciales del MP para valuar, informa Gerardo Orozco * No es un acto alevoso ni hubo tráfico de influencias, replica al alcalde * La paramunicipal puede promover un amparo, recuerda

Nelly Bello * De acuerdo con el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) Abad Orozco Rojas, si en el término de tres meses la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) no paga o accede al pago del laudo que ganaron cuatro ex empleados, el organismo laboral procederá a la audiencia de remate del inmueble para el cobro de los 2 millones 200 mil pesos.

Orozco Rojas informó que la demanda –de quienes, según la CAPAMA, eran aviadores en el periodo de Fermín Gerardo Alvarado Arroyo– fue por despido injustificado y salarios caídos. Y para continuar el procedimiento legal y administrativo ya turnó oficio al Registro Público de la Propiedad y a Servicios Periciales del MP para el avalúo del edificio.

Explicó que el procedimiento que deberá seguir la paramunicipal –que agotó por la vía legal todas las instancias– es el arreglo de pago, pues de lo contrario se arriesga al remate; pero “no creo que CAPAMA llegue al remate, va a pagar porque es un laudo ganado por los trabajadores y debe cumplirse. La obligación del patrón es pagar”.

Sobre la declaración del alcalde Alberto López Rosas, que calificó de alevoso e injusto el laudo de la Junta que derivó en el embargo a la CAPAMA, Orozco Rojas dijo que se trata de una opinión del presidente municipal “para darle una salida” al problema, porque “sabe perfectamente como abogado que el laudo causó ejecutoria, la demandada se defendió, tuvo la oportunidad y lo hizo, pero perdió, por lo que no puede ser un acto alevoso”.

Respondió que en el proceso jurídico no hubo tráfico de influencias y pidió al primer edil que explique entre quién o de quién era el tráfico de influencias, pues “yo ni conozco a los trabajadores, el trámite fue a través de sus apoderados legales”.

Insistió en que las resoluciones de la Junta no son definitivas, por lo que si alguna de las partes considera que no se ajusta a derecho puede promuever un amparo ante la justicia federal, y ésta revisa y “si observa que hay violaciones le conceden el amparo, pero el laudo se dictó conforme a derecho”.

Recordó que originalmente los empleados Elizabeth Ortiz Ramírez, Esteban Parra Suástegui, María Elena Salmerón Mendoza y Eutimio Rodríguez Maganda presentaron el 28 de noviembre de 1997 la demanda por despido injustificado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en Chilpancingo. Un año después de procedimientos, el Tribunal se declaró incompetente, pero según el propio Orozco Rojas los empleados presentaron la denuncia contra CAPAMA ante la Junta hasta el año 2000.

Dos años después del laudo, y luego de la búsqueda del amparo federal, el 14 de octubre del 2002 la Junta procedió al cobro de un millón 994 mil pesos por el despido injustificado y más de 200 mil pesos por salarios caídos.

Un día después de conocer el fallo, el entonces alcalde Zeferino Torreblanca Galindo culpó a políticos del PRI –sin especificar nombres– por manejar la demanda “desde las oficinas de la paramunicipal”, pues uno de los asesores jurídicos era Alvarado Arroyo. De acuerdo con un medio informativo local, el político priísta fue quien recomendó a los demandantes para ingresar a CAPAMA en su momento.

El mismo López Rosas, como alcalde electo, calificó de inmoral la actuación de los administradores priístas.

Luego de conocer el fallo y al no pagar la paramunicipal, los trabajadores pidieron a la Junta que el actuario se constituyera en la fuente de trabajo para insistir en el pago del adeudo, pero el organismo “no lo hizo”; luego el actuario pidió un listado de los inmuebles propiedad de CAPAMA, que tampoco presentó, por lo que los trabajadores señalaron para embargo al inmueble y se constituyó el procedimiento.

Orozco Rojas dijo que después del remate, si la propiedad tiene un remanente económico, lo obtendrá el organismo como propietario, pues sólo se tomará el pago para los empleados.

Reveló que otras cuatro denuncias contra la CAPAMA por despido injustificado están en trámite ante la Junta Local, pero todavía no hay fecha de resolución.

Escuchará el alcalde la estrategia del consejo de administración

Aurelio Peláez n El presidente municipal Alberto López Rosas se reunió anoche con el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), Gerardo Sierra Ulloa, para informarse del laudo dictado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que determinó embargar propiedades de esa paramunicipal, para garantizar el pago de 2 millones de pesos a cuatro ex trabajadores.

Entrevistado ayer por la tarde, López Rosas dijo que ya conocía detalles del caso, “pero vamos a escuchar qué estrategia tendrá el consejo de administración de CAPAMA para pagar ese débito, o si se tomará alguna otra decisión”.

El alcalde consideró que la resolución de la Junta de Conciliación de ninguna manera implica un riesgo de pérdida del edificio de la comisión de agua. “No hay algún remate o una adjudicación, no hay ninguna fecha fatal, de ninguna manera se ha perdido el inmueble”, explicó.

Un día antes el alcalde había señalado que en el laudo dictado contra la CAPAMA por cuatro ex trabajadores hubo tráfico de influencias y deslealtad contra la dependencia.

Ayer defendió la contratación de despachos jurídicos externos para la atención de casos de relevancia, al comentársele que en la defensa de la CAPAMA en ese juicio laboral, intervino su despacho.

El alcalde se deslindó de cualquier tráfico de influencia en el contrato jurídico externo con CAPAMA, y recordó que cuando ese contrato se tomó, él ya no era diputado federal, además de que el proceso se retomó “ya iniciado”.

Dijo que contratar despachos jurídicos externos no implica sustituir al área jurídica del ayuntamiento, “sino simplemente asignarles casos relevantes, a los que le tendrían que poner una atención especial, por ser contratados para ello”.