La explotación forestal en Guerrero, ligada a caciques y gobierno: Tomás Bustamante

* El académico de la UAG afirma que hay alianzas entre inversionistas madereros con dirigentes ejidales deshonestos y funcionarios * Señala que los ex presidentes Alemán, Díaz Ordaz y Echeverría, y el gobernador Rubén Figueroa Figueroa, fueron promotores de la deforestación del estado

Raquel Santiago Maganda * La explotación de los recursos forestales de Guerrero, mediante las concesiones, ha estado ligada a caciques que son respaldados por el gobierno, afirmó el investigador Tomás Bustamante Alvarez, quien justifica que los campesinos siembren enervantes para mantenerse arraigados en sus comunidades y mejorar su nivel de vida.

En su participación en el Encuentro estatal: Política Ambiental para Guerrero, el investigador del Sistema Benito Juárez (Sibej) participó con su trabajo de investigación titulado Los recursos forestales de Guerrero.

El académico de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), recordó que los bosques están vinculados estrechamente con la vida de los pueblos guerrerenses, porque el agua se produce en las zonas boscosas y contrarrestan la erosión de los suelos.

La crisis ambiental originada por el aumento de la población, las desigualdades sociales de acceso a los recursos económicos y los estilos de vida, generan un desequilibrio y desigualdad social con mayores niveles de marginación y violencia, dijo el académico.

Ejemplo de esto, agregó, es la siembra de estupefacientes por parte de los campesinos. Esta situación, incluso es justificada por el investigador al sustentar que la siembra ilícita permite retener a campesinos en sus comunidades –contrarrestando la migración– y por ende tener un nivel de vida mejor que con el cultivo de productos legales.

Precisó que mientras exista protección al cultivo de enervantes, los campesinos lo seguirán haciendo pero sobretodo si existe un atractivo mercado y el campesino vive mejor sembrando amapola que maíz. “Esta triste realidad tenemos que entenderla y revertirla si se quiere combatir al narcotráfico”, dijo Tomás Bustamante.

La explotación de los bosques, determinada por alianzas comerciales

Para Bustamante Alvarez existen alianzas de explotación forestal en contra de los bosques entre inversionistas madereros con dirigentes campesinos deshonestos y funcionarios de gobierno encargados de cuidar el recurso; “esta evidencia la recojo de diversos casos publicados en la prensa estatal”, dijo.

Explicó que los dirigentes ejidales han hecho tratos directos con los madereros, y a espaldas de sus ejidatarios. Comentó que un ejido grande con recursos importantes se destruye porque quienes han vendido estos bosques son las autoridades ejidales; mientras que los campesinos que se han resistido, son quienes defienden los bosques y evitan la venta, esto se ha observado en municipios diferentes de la Costa Grande.

Esto significa que los inversionistas ofrecen dinero y a los dirigentes se les hace fácil entregar los recursos naturales. Y por otro lado, se arreglan con los funcionarios, sobretodo con los servicios técnicos profesionales, de quienes está convencido que su función es muy cuestionable, porque si un ejido se explota también a ellos les toca dinero, aseguró el investigador.

Presidentes de la República y gobernadores inmiscuidos en la explotación

El académico afirmó que existen datos falsos acerca de los recursos forestales en la entidad, porque no se han hecho estudios que proporcionen la cantidad y calidad en que se encuentran los bosques y que den soporte a estrategias de desarrollo forestal.

Según datos de la ex Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulico (SARH) de 1994, el inventario forestal del estado era de 5 millones 281 mil 116 hectáreas. Mientras que según datos de 1985 de la superficie forestal que asciende a un millón 66 mil 900 hectáreas sólo se explotaba de manera comercial 288 mil 500 hectáreas que representaba el 21 por ciento. De estos datos los bosques de la Costa Grande hasta 1985 era los más explotados, con un 24 por ciento de la superficie forestal.

El investigador atribuye la explotación forestal del estado como un tributo al proceso de crecimiento económico nacional, recordó que en los años 50, Guerrero fue el segundo abastecedor de madera para ferrocarriles y postes a nivel nacional, calculó que 65 mil hectáreas anuales en promedio estaban en explotación en las mejores y accesibles zonas forestales del estado.

Aseguró que la explotación de los recursos forestales provocó una estrecha alianza entre particulares del negocio forestal y funcionarios de gobierno, que incluyó a presidentes de la República, como Miguel Alemán y Gustavo Díaz Ordaz.

Tomás Bustamante informó que Miguel Alemán otorgó concesiones de áreas forestales de la Costa Grande por 50 años a su padrino Melchor Ortega; Díaz Ordaz concesionó a miembros de su familia una superficie de cerca medio millón de hectáreas de las principales áreas forestales del estado por 25 años prorrogables.

Pero el mayor talamontes, dijo, fue Arturo San Román (1947-1963), que contó con la venia de los presidentes y secretarios de estado en turno. Otros como el presidente Luis Echeverría hizo de los bosques fuente de poder político a favor de su compadre Rubén Figueroa por medio de la Forestal Vicente Guerrero (FVG).

En los años 90, con el neoliberalismo económico y político de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, y actualmente con el presidente Vicente Fox, los bosques se encuentran en mayor desprotección frente a los mercados porque los negocios e improvisaciones, es lo que caracteriza las políticas federales de Guerrero.

Explicó que los bosques han sido fuente de acumulaciones de riqueza para políticos y empresarios los han saqueado, generando problemas ambientales y pobreza social en la sierra. Los grandes talamontes de los años 50, (Ortega, San Román, la Silvicultura, Sommer, Santillán, Meléndez, Benavides, Lambert Ralph, Sánchez y Suck entre otros) fueron indemnizados por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz           a través de Nacional Financiera (Nafin), para concesionar a miembros de su familia, la riqueza forestal por medio de industrias Forestales del Poniente.

Posteriormente, en 1972 el presidente Luis Echeverría repitió la acción al indemnizar a IFP a los Ordaz Borja y Nasta, y todas las demás explotaciones forestales del estado para poner autoconcesionar el organismo público FVG bajo la dirección de Rubén Figueroa Figueroa. la explotación de los bosques.

Bustamante Alvarez precisó que la corrupción e ineficiencia que caracterizó a la FVG fue evidente porque no reportó ganancia alguna en sus 15 años de operación, sino que fue “una obscura fuente consumidora de recursos públicos y nunca aclaró el uso y manejo de los recursos”, el organismo fue desaparecido por el gobierno en 1987.

En su ponencia, el investigador agregó que las reformas al artículo 27 Constitucional de 1992 y el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, impactaron en el aumento de permiso de aprovechamiento forestal, de 38 que había en 1992 pasaron a 130 en 1998, en mayo del 2002 había registrado 90 permisos de los cuales 75 eran en ejidos y comunidades y los otros 15 en predios particulares. Recientemente el delegado de la Semarnat, Octavio Klimek Alcaraz, declaró que actualmente existen 77 permisos para aprovechamiento forestal y de éstos se encuentran activos 51 (El Sur, 21 de enero).

Tomás Bustamante informó que la mayoría de los permisos se encuentran en la Costa Grande con 16 autorizaciones, seguido por Tierra Caliente con 13, la Costa Chica con 9, la Montaña con 8 y la zona Norte con 3; en total la superficie explotada es de 111 mil 412 hectáreas que generan un volumen de 2 millones 931 mil 340 metros cúbicos de madera.

Explicó que los programas de manejo integral forestal son “la nueva cara” que presenta la explotación forestal, porque se ocultan muchos casos de la destrucción y corrupción e incluso aseguró que se falsea la información a favor de los empresarios, servicios técnicos y dirigentes corruptos. Y la justificación de la Semarnat es la falta de presupuesto y de personal para cumplir con su obligación.

El investigador calculó que la explotación clandestina de madera es de un 40 por ciento con relación a la extracción legal de la materia prima.

Por toda la situación anterior, el universitario dijo estar a favor de la defensa de los recursos naturales por medio de políticas ambientales que detengan y reviertan los procesos de destrucción de las fuentes de vida y la naturaleza.