Profepa y Semarnat consienten el deterioro ecológico: campesinos

* Los delegados Inocente León Pineda y Octavio Klimek afirman que ya no hay corrupción en sus dependencias y que los programas son efectivos

Raquel Santiago Maganda * Durante el Encuentro Estatal Una Política Ambiental para Guerrero, campesinos asistentes cuestionaron el cumplimiento de la Semarnat y Profepa de su función de preservar el medio ambiente, e incluso acusaron que el deterioro ecológico se da con su consentimiento.

En el hotel Dorado Pacífico en Ixtapa, Zihuatanejo se inauguró el primer evento estatal con el cual se pretende con la participación de ciudadanos con la intención de definir una política ambiental de consenso, responsable con la vida y el desarrollo humano.

El evento superó las expectativas al recibir a más de 100 personas interesadas en los temas y se mantuvo esta asistencia al finalizar el acto, ayer.

Después de las ponencias de los investigadores Jesús Samper Ahumada, Tomás Bustamante y Jaime Villalobos acerca de las condiciones del agua, los bosques y desarrollo rural; campesinos asistentes al evento recriminaron la ineficiencia de la Semarnat y Profepa, cuyos representantes Octavio Klimek Alcaraz y Inocente León Pineda, escucharon de viva voz los reclamos.

El campesino Cirilo Gutiérrez Valdovinos, originario de la colonia El Limón de Zihuatanejo, aseguró que “bajita la mano” personal de la Semarnat y Profepa “mandan a tirar los árboles”.

Mencionó que hace unos meses se sembraron mil 500 árboles de cedros, pero que éstos no se pudieron desarrollar porque trabajadores de Profepa “los cortaron”.

Entonces preguntó ¿qué hacer cuando en nada ayuda la actitud de las dependencias ecológicas?. Después reconoció que los campesinos solos “no podemos defender el bosque” al considerar que el gobierno está enfocado sólo a la política y esto “nos destruye”.

En tanto el secretario general de la Organización de Ecologistas en Zihuatanejo, Felipe Arriaga, reiteró la importancia de la conciencia ecológica, además de que dependencias junto con campesinos trabajen unidos para contrarrestar los daños al ambiente. Las primeras porque tienen los programas y recursos, mientras que los labriegos es el entorno en donde subsisten.

Allí solicitó a los investigadores que con bases a sus estudios, encuentren una solución al desgaste ambiental.

Sin embargo, Obdulia Balderas, de la asociación civil Eco Ixtapa, dijo sentir que los ecologistas se encuentran “arando en la mar” porque a pesar de que denuncian los problemas, nada se ha hecho para detener el ecocidio.

Reiteró que la Semarnat debe anular las concesiones forestales a quienes no cumplen con todos los requisitos, además de contrarrestar los asentamientos irregulares y “no poner a la venta al mejor postor las riquezas naturales”. Cuestionó que si Profepa y Semarnat no protegen al medio ambiente y los animales ¿para qué sirven?. Los asistentes reaccionaron con solidaridad a la incredulidad           institucional por medio de aplausos.

El investigador Tomás Bustamante aseguró también que en los bosques no tiene presencia la ley, además de que es inexistente la política ecológica y recomendó hacer un esfuerzo a la disposición de autoridades.

También criticó la falta de atribuciones de los ayuntamientos ante las sanciones por daño al medio ambiente. Argumentó que son las administraciones municipales, quienes están cercanas a los problemas ecológicos pero paradójicamente se encuentran alejadas en cuestión del marco legal.

El académico recomendó que los propios habitantes de los sitios en conflicto ambiental sean actores y vigilantes de los problemas ambientales.

Mientras que el investigador de la UAG, Jesús Samper Ahumada dijo que los problemas sociales se traducen en problemas ambientales, por los factores de pobreza y cultivos de enervantes, por parte de los campesinos, situaciones que incrementan el daño de la naturaleza.

La defensora de la Isla de la Roqueta, Robin Sydney se sumó a los incrédulos de la vigilancia de las autoridades, junto con la campesina Esperanza Chávez Arreola, originaria de la comunidad de Filo Mayor.

Mientras que Omar Hernández se manifestó a favor de la adquisición de una nueva cultura de protección al ambiente y exigió una legislación de aplicación real para los ecocidas.

El regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio de Helidoro Castillo, Noé Cortez aseguró que en su región los talamontes no respetan la ley, pero tampoco Semarnat y Profepa actúan para apegarlos al reglamento.

La ecologista Guadalupe Valdovinos Orozco criticó que el gobierno sólo “dá mejorales a los grandes problemas sociales” del estado. Consideró que donde hay hambre e ignorancia no se puede avanzar mucho porque debemos hacer conciencia en estas dos cosas.

Agregó que los campesinos explotan la selva porque tiene hambre e ignoran que tiene que sembrar 10 árboles por cada uno que talan. Aún así dijo que las autoridades son las primeras en dar permiso para talar en autorizar concesiones para que una sola persona explote los materiales no renovables, y las personas que tienen necesidad y no puede pagar permiso.

Explicó que la necesidad de alimentar a sus familias, motiva a los campesinos a cortar árboles jóvenes y se aniquila el desarrollo de los bosques. Mencionó que en zona de pobreza extrema de La Montaña, La Unión y la sierra de la Costa Grande se observan partes desérticas, en donde también son vendidos animales en peligro de extinción.

La campesina también mencionó que los partidos políticos tienen “mucha culpa” en el deterioro ambiental porque entorpecen y evitan el desarrollo.

Un campesino asistente también denunció que el 22 de diciembre del 2002 un helicóptero de la PGR fumigó un vivero en Los Morros, municipio de Leonardo Bravo, y solicitó que se haga más en cuanto a esas actitudes que van en contra de los objetivos para beneficio de las comunidades.

Para los funcionarios, su labor es efectiva

Para el delegado de la Profepa, Inocente León Pineda, la instancia que representa dá respuesta por medio de los programas, que dijo, son efectivos. Explicó que la perspectiva de los denunciantes es que inmediatamente se proceda a la sanción, cuando lo que hacen en iniciar un proceso en donde los denunciados tienen derecho a apelar la acusación que puede tardar de seis a siete meses a emitirse un fallo.

De comprobarse que se daña al medio ambiente entonces “como hacemos con todo el mundo” establecemos una medida precautoria para evitar que esto continúe. Pero aún así, dijo que el denunciado tiene recursos legales para contrarrestar la sanción.

León Pineda negó que las autoridades se encuentran coaludidas en la explotación irracional de los recursos naturales a cambio de dádivas. Recordó que los ciudadanos pueden denunciar de manera anónima las irregularidades.

Reconoció que la Profepa antes tenía una imagen corrupta, la misma que ya cambió a partir de su llegada hace dos años.

Por su parte, el delegado de la Semarnat, Octavio Klimek Alcaraz también reconoció que “hubo problemas de corrupción de autoridades” para el saqueo ambiental, debido a las políticas públicas.

Dijo que ahora existe voluntad política para solucionar los problema, y conminó a los gobernantes a asumir su compromiso. Klimeck Alcaráz mencionó que los servidores públicos actuales “nos están pasando una serie de pasivos y deudas” originadas por “décadas de políticas públicas no efectivas”, por consecuencia existe rezago y a la vez muestra que las dependencias no resuelven las demandas como la gente lo requiere.

A pesar de que los programas de la Semarnat se ejecutan con toda la fuerza, dijo el funcionario, no son suficientes porque es un problema de insuficiencias en el presupuesto, corresponsabilidad de la sociedad e incluso frivolidad en cuanto a ver el problema ambiental.