Renato Ravelo Lecuona

¿Quién para al Ejército?

Los soldados que violaron a mujeres indígenas en La Montaña tienen que estar en juzgados civiles; la región bajo vigilancia de una policía civil, como es la Comunitaria de San Luis Acatlán y Malinaltepec.

Este es un caso a resolverse con la reforma del Estado que está a debate entre la sociedad civil y el gobierno. El Ejército no puede cometer aprehensiones directas en la zona de litigio constitucional sin atropellar brutal e impunemente el proceso de reconocimiento y el estatus civilizado en que se lleva este litigio civil sobre los derechos indígenas.

El Ejército no debió aprehender y torturar a Miguel Angel Mesino en 1995 con una falsa denuncia de pertenecer al EPR, y dejar sentada en 1997 una denuncia apócrifa de asesinato de un primo suyo, para que cinco años después ejecuten una orden de aprehensión en su contra.

El listado de las intromisiones del Ejército en la vida diaria de los guerrerenses es amplio y no parece corregirse sino intensificar su acción. Sus ejecuciones extrajudiciales de El Charco, ya sancionadas internacionalmente, en lugar de servir de freno a sus atropellos parece que sirvieron para lo contrario: para calibrar la capacidad de aguante del pueblo ante su impunidad y el respaldo silencioso de las instancias del Estado. ¿Nadie lo puede parar? ¿No hay Tribunal que lo limite? ¿No hay Congreso que reclame respeto a los procesos sociales, a la soberanía popular, al orden constitucional que tiene roto al imponer sus tribunales militares sobre los civiles?

El Congreso del Estado, si pretende representar al pueblo de Guerrero, debe intervenir para imponerle límites legales a su actuación. La semana pasada se dieron hechos graves de su impunidad. El más grave fue la aprehensión de dos agentes de la Policías Comunitarias de la organización indígena con sede en San Luis Acatlán que cuentan con el respaldo legal del ayuntamiento de ese lugar y de varios más de La Montaña.

Esta aprehensión es una provocación y un desafío irresponsable. Aunque el gobernador René Juárez sigue declarando que ese cuerpo de seguridad y justicia indígena “es ilegal”, no ha llegado al atrevimiento de liquidarlo, pero su actitud alienta esta intromisión del Ejército en un delicado problema de índole social y cuyas bases constitucionales han estado en discusión durante ya muchos años.

Instrumento ciego y brutal de la reacción, el Ejército se apunta como un instrumento especial del atentado contra los derechos indígenas. La eficacia para resolver la inseguridad y abatir la delincuencia alcanzada por las Comutarias que no se logra en ninguna parte del país, y lo justo de su intento de impartir justicia por parte del sistema de Policías Comunitarias, son argumentos de mayor peso que la falta de convalidación legal por los Congresos siempre rezagados. Una sabia y humana política está fuera de la mentalidad castrense y lejos del ánimo contrainsurgente que anima al Ejército.

El acoso que sufren los valientes e indignados habitantes de Barranca Tecoani, del municipio de Ayutla, las últimas semanas es muestra de esto que decimos del Ejército. Llegaron dos pelotones de soldados a la casa de la familia de la mujer violada por los soldados, primero a tratar de sacarles probablemente algún desistimiento de la acusación que pesa sobre los violadores que no están juzgados por la autoridad civil sino por un juzgado militar como si la ofendida fuera castrense, y al ser rechazados pasaron a las amenazas, hasta el grado de decirles, según una denuncia divulgada por su organización Kambaxo Xuaji Guini Me´pha´a, que habrían de “matarlos a todos”, amenazas proferidas cuando los habitantes en masa los obligaron a retirar su campamento instalado afuera de su poblado, en una clara actitud intimidatoria a la que sumaron unos ochenta soldados llevados por tierra y aire, ¡contra una comunidad que denuncia una violación sexual!

No hay orden en este estado. No hay autoridad civil que haga respetar los derechos humanos, y las Comisiones abocadas a ello sólo tienen la atribución de hacer recomendaciones que simplemente son desoídas.

A Miguel Angel Mesino, trasladado ya a la cárcel de Chilpancingo “por su alta peligrosidad”, se le arma un típico juicio truculento, con acusaciones a nombre de un señor que no conocen en la comunidad originaria de los Mesino, dirigentes de la OCSS, y de quien la hija declaró que lleva 15 años de residir en EU, a quien falsifican la firma pues es analfabeta y pone su huella digital como firma.

Este tipo de juicios con motivaciones políticas, las arma el Ejército para encarcelar impunemente a quien le parece sospechoso de guerrillero, sospecha que le valió a Miguel Angel Mesino ser aprehendido y torturado por el Ejército en 1995, según declara la familia del detenido la cual siempre está en la mira de la represión política.

La secuela de Aguas Blancas en lugar de un restablecimiento de la legalidad constitucional nos trae un clima de permanente amenaza contra los luchadores sociales, de la unidades operativas mixtas, o bien paseándose provocativamente por la casa de los Mesino, intimidando a los denunciantes o aprehendiendo a elementos de la policía civil nombrados en las asambleas de los pueblos indígenas.

Los llamados a la paz y al diálogo con la guerrilla, son palabras huecas ante esta permanente intimidación militar en las zonas de conflicto, y cuando los responsables políticos del genocidio de Aguas Blancas y los militares autores de las ejecuciones extrajudiciales de El Charco gozan de fuero político en el Estado mexicano. Una ley de amnistía sólo es efectiva para la pacificación de una sociedad, cuando se aplica no sólo a los presos políticos populares, sino a militares y altos funcionarios enjuiciados y bajo prisión, si ello no existe y éstos andan libres y actuando en la política con desfachatez.

Lo que se pide con una ley de esas, es un olvido imposible, un perdón a la impunidad. Pero no es el Ejército quien pondrá el orden constitucional pues es un instrumento del poder. Son las instituciones civiles del Estado quienes deben defender las garantías de la ciudadanía, a las que debemos exigir su intervención y prevenir los abusos del poder.

¿Existen o están borradas?