En este año, 97 levantados-desaparecidos en Guerrero, según reportes periodísticos; no aparecen en estadísticas de la Segob

*Entre las víctimas se encuentran transportistas, empleados federales, funcionarios municipales, jefes policiacos y ejecutivos de empresas privadas. Relata la esposa de un contratista de obra de Tierra Colorada la búsqueda y el escaso apoyo de la Procuraduría estatal

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El 21 de julio, Claudia Rodríguez se paró de la cama preocupada; su marido Roberto Carrasco Marín no llegó a dormir a su casa ubicada en la calle principal sin número de la colonia Agrícola Industrial de Tierra Colorada, cabecera de Juan R. Escudero.
La mujer esperó a que clareara bien y a las 7 de la mañana salió en busca de su compañero. No tuvo que andar ni preguntar mucho; dos de sus vecinos le informaron que antes de la medianoche, hombres armados que estaban en dos camionetas estacionadas cerca de su casa, interceptaron a Roberto cuando llegaba y se lo llevaron.
Roberto es contratista de obra y ese día, antes de salir de su casa, le comentó a su mujer que llegaría tarde porque haría cuentas con los obreros de la construcción que estaba a su cargo.
“Él nunca faltaba a la casa y cuando iba a llegar tarde me avisaba antes de salir o me llamaba por teléfono”, contó la mujer en las instalaciones del Servicio Médico Forense de la capital el 22 agosto, a donde acudió en busca de su esposo que sigue desaparecido.
La mañana del 21 de julio, después de que le informaron que hombres armados se lo llevaron, fue a la Policía Municipal y a la coordinación de la Policía Ministerial en la cabecera municipal, donde le aseguraron que no lo tenían detenido. Se vino entonces a Chilpancingo y fue a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a la Policía Federal y a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR). En todos lados no sólo le negaron información, sino que la trataron con prepotencia.
Al día siguiente, junto con los familiares de su esposo, acudieron a la Procuraduría estatal a presentar una denuncia, pero ni siquiera los dejaron entrar. El personal de seguridad del acceso principal los mandaron a la agencia del Ministerio Público y de allí a la PGR, pero tampoco le quisieron recibir su denuncia.
En los días posteriores ha seguido buscando alternadamente en las corporaciones policíacas de Chilpancingo y Acapulco. En las últimas semanas también acude al Servicio Médico Forense de ambas ciudades, sin que haya encontrado datos o indicio alguno de su marido.
El de Carrasco Marín, es sólo uno de los 97 casos de levantados-desaparecidos, que han ocurrido en lo que va del año, según un recuento periodístico. Muchos más no se han dado a conocer en los medios de comunicación y mucho menos han sido denunciados ante las autoridades correspondientes.
La mayoría de los casos registrados no son propiamente secuestros porque no se pide rescate, pero tampoco existen evidencias de que sean personas que estaban involucradas con el crimen organizado y que por eso fueron levantadas. Más bien, podrían ser víctimas colaterales de la violencia que se vive en el país y particularmente en el estado.
Entre los levantados-desaparecidos hay gente de todo tipo; transportistas, empleados federales, funcionarios municipales, jefes policiacos y ejecutivos de empresas privadas.

Teloloapan, el municipio con más levantados

De los 97 casos registrados en el recuento periodístico en lo que va del año, destaca que 18 de ellos sucedieron en el municipio de Teloloapan, donde es presidente el perredista Ignacio de Jesús Valladares Salgado. Ese municipio de la zona Norte ocupa el primer lugar según el recuento y en segundo está Chilapa de Álvarez con 15 personas levantadas. Allí el presidente municipal es el priista Francisco Javier García González.
En orden cronológico, entre los casos que se destacan están el ocurrido el 20 de enero en el municipio de Apaxtla de Castrejón, en la zona de Tierra Caliente. Ese día, entre las 12 y una de la tarde en la carretera de Zacapoxtepec-Apaxtla, un comando de hombres armados y con vestimenta militar, levantó a los empleados de la dirección municipal de Obras Públicas Dante Berbega García y Leonardo Armenta Bravo, quienes se transportaban en un vehículo oficial.
Asimismo, el 6 de abril, en el municipio de Teloloapan, fueron levantadas por civiles armados siete personas en hechos distintos; el encargado de Seguridad Pública del municipio, dos de sus agentes y a tres taxistas, a quienes les quemaron un taxi y rafaguearon dos más con armas de alto poder a plena luz del día.
Ese mismo día, sujetos armados se llevaron al ingeniero Leonardo Trejo, jefe del almacén de la mina Rey, que explota la empresa minera Peñoles, cuando circulaba a bordo de una camioneta con el logotipo de la empresa en el tramo carretero que conecta la cabecera municipal con la comunidad de Teohuixtla.
En otros casos, las víctimas han sido encontradas sin vida, como ocurrió con el levantón que sufrieron los tres trabajadores de Diconsa, el 27 de abril en el municipio de Coyuca de Benítez.
Los cuerpos de Gustavo Abarca Radilla, Héctor López Torres y Carlos López Sánchez, fueron encontrados dos meses después en la comunidad El Ranchito, del mismo municipio de Coyuca de Benítez. Al respecto la procuraduría ha informado que está detenido Orlando Tecuchillo Pérez, como uno de los presuntos responsables del homicidio de los tres trabajadores federales.
El 28 de abril otras cinco personas fueron levantadas en distintas partes de Teloloapan, según dieron a conocer los medios de comunicación.
En ese mismo municipio, el 22 de junio fueron levantados el director de Obras Públicas municipal, Jacinto Ramírez Escudero, así como su chofer.
Además, en el mismo Teloloapan, el 17 de julio, un comando armado se llevó a otro ingeniero de la mina Rey que explota la empresa Peñoles en la comunidad de Teohuixtla. La víctima es Alfredo Nicasio Moreno.
Por otra parte, el 29 de julio, cuatro transportistas de Chilapa: Alejandro Moreno, Roberto Vázquez Vázquez, Edilberto Vázquez Martínez y Rigoberto Zayuca Ramírez, fueron levantados por presuntos integrantes de la banda criminal Los Rojo.
Su líder, Alfredo Abarca Chavelas, durante un bloqueo en el entronque a la carretera hacia Tlanicuilulco, aseguró que los taxistas no estaban involucrados con bandas criminales y exigió su libertad, pero el 5 de agosto en un video, presuntos integrantes de la banda Los Rojos, pidieron a la de Los Ardillos de Tlanicuilulco la liberación de las personas que habían levantado, a cambio de la de los transportistas.
Mientras tanto, el 18 de agosto, hombres armados levantaron al ex diputado local y ex dirigente municipal del PRI en Teloloapan, Adrián Román Álvarez, quien fue sacado por la fuerza de su negocio de venta de alimento para ganado, en el centro de la cabecera municipal, casi al mediodía.
Además, el 23 de agosto, fue denunciada la desaparición de cuatro integrantes de una familia del municipio de Acapetlahuaya, en la zona Norte del estado.
La denuncia fue presentada por uno de sus familiares ante la agencia del Ministerio Público, en donde dijo que las cuatro personas están desaparecidas desde el 13 de agosto, cuando viajaban de Acapetlahuaya hacia el Estado de México a bordo de una camioneta Explorer con placas del Estado de México.

Nada en las cifras oficiales

La mayoría de estos casos, que en el argot de la delincuencia organizada se conoce como levantones, aunque sean denunciados formalmente, no son registrados en las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación (Segob), en donde solamente se anota el delito de secuestro, propiamente.
Por ejemplo, en lo que va del año, de acuerdo a las estadísticas de este Sistema, en Guerrero se han cometido 66 secuestros, a los que llama también privación de la libertad, y en los que los victimarios han pedido rescate.
De los 66 plagios que han sido denunciados ante las distintas agencias del Ministerio Público y reportados al Sistema Nacional de Seguridad, 8 se cometieron en enero, 10 en febrero, 8 en marzo, 11 en abril, 12 en mayo, 6 en junio y 11 en julio.
El director del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) y la integrante del Comité de Familiares y Amigos de Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, Javier Monroy e Isabel Hernández, denunciaron que el problema de la desaparición de personas en Guerrero es más grave de lo que reconocen las autoridades y que los gobiernos estatal y federal no sólo ocultan las cifras, sino que no garantizan a los familiares una investigación para dar con su paradero.
Javier Monroy agregó que “hay un manejo no claro” de la PGJE en torno a las desapariciones, y que con sus acciones y omisiones evidencia que las autoridades desempeñan un papel de protección a los responsables y que, por tanto, son cómplices y partícipes de las desapariciones.
Isabel Hernández denunció que a pesar de que en Guerrero el problema de la desaparición de personas es grave, es uno de los 17 estados del país en donde no se ha querido adecuar la Ley General de Víctimas para tener un control de las cifras de los desaparecidos y apoyar a los familiares.
Denunció que otra de las omisiones en que incurren las agencias del Ministerio Público es que dejan correr 72 horas para considerar a una persona como desaparecida, a pesar de que en ninguna ley se establece esto y está comprobado que las primeras 72 horas son vitales para encontrar a una persona todavía con vida.