Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*¿Qué detiene al gobierno para ir por Zeferino?

Hasta ayer la Procuraduría General de Justicia no había citado a Zeferino Torreblanca Galindo para que responda sobre las serias imputaciones que le fueron formuladas en el curso de la investigación como autor intelectual del asesinato de Armando Chavarría, y ya habían pasado seis días desde que el procurador Iñaky Blanco Cabrera hizo el anuncio de que el ex gobernador sería citado “a la brevedad posible”.
Nadie esperaba ver ya al día siguiente al ex gobernador entrar a la PGJE, pero el anuncio del procurador implica rapidez, quizás dos o tres días, no tantos como sin embargo han dejado pasar las autoridades. Es obvio que esa lentitud no tiene su origen en cuestiones de técnica ministerial, sino en consideraciones de orden político como advertíamos el viernes pasado al conjeturar que el citatorio seguramente reposaba en el escritorio del gobernador Ángel Aguirre Rivero en espera de su aprobación.
¿Qué detiene al gobierno para actuar, después de que reconoció la veracidad de los graves señalamientos contra Zeferino Torreblanca contenidas en la declaración ministerial del comandante Trinidad Zamora Rojo? Esa pregunta no es producto de la maledicencia periodística, como pobremente han querido hacer creer algunos defensores de Zeferino, sino una consecuencia inevitable de la contundencia de la información hecha pública por El Sur hace ocho días.

La parsimonia mostrada ahora por el gobierno no tiene correspondencia con el muy claro anuncio hecho por el procurador, y si tal morosidad se debe a que las autoridades quieren optar por el olvido que la flaca memoria pública acostumbra propiciar, chocará con el interés público y el cada vez más activo escrutinio que la sociedad ejerce sobre los actos del gobierno.
Es indignante que durante tres años el testimonio ministerial del comandante Zamora Rojo, en el que acusa a Zeferino Torreblanca del crimen, no haya producido los efectos legales que en un debido proceso serían de curso ordinario, pero más indignante será que una vez reconocida públicamente su existencia por parte de las autoridades, y anunciada oficialmente la acción tanto tiempo postergada, ésta se vea enajenada y obstaculizada por la intervención de intereses o consideraciones ajenos al orden jurídico.
Si esos intereses llegasen a sobreponerse al mandato de la justicia y bloquearan la acción ministerial a la que se halla sujeto Zeferino Torreblanca, la institucionalidad y el Estado de derecho quedarían destrozados y la justicia envilecida. Ningún grupo político, como el de Zeferino Torreblanca, puede reclamar como prerrogativa la utilización de actos criminales y pretenderse por encima de la ley. Sin embargo, es esto último lo que ha hecho el contador Torreblanca, desde el mismo 20 de agosto en que Armando Chavarría fue abatido a balazos y con evidencia indiscutible desde que en junio de 2011 fue delatado por uno de los participantes en la trama orquestada desde el Palacio de Gobierno.
Salvo evidencia en contra que no se ve por ningún lado, horroriza constatar que desde el gobierno que encabezó Zeferino Torreblanca se cometió un asesinato para reacomodar las fichas del juego político en beneficio del grupo en el poder, y que echando mano de los instrumentos de la ley ese gobierno enturbió el caso y obstaculizó ostensiblemente la investigación para proteger a los homicidas y mantener el crimen en la más negra impunidad. Hasta hoy.
Hasta hoy, si el gobierno de Ángel Aguirre cumple con su obligación. La situación generada por la revelación del testimonio que incrimina a Torreblanca deja a la Procuraduría como única opción proceder como debió proceder hace tres años y desahogar el protocolo señalado por la ley. Es decir, procesar la declaración ministerial que originó el señalamiento, corroborar las acusaciones y profundizar la investigación, citar a declarar al inculpado y, sustentados los hechos, procesar al ex gobernador. Es de presumir, porque así lo indica la información recogida en estas páginas el lunes pasado, que esos procedimientos y verificaciones se encuentran avanzados. En el peor de los casos, no hay motivo alguno para retrasar más el citatorio a Torreblanca y al ex auditor Ignacio Rendón Romero (recuérdese que es el otro señalado), pues de haberlo no habría comprometido su palabra el procurador Iñaky Blanco. Entonces, ¿por qué no ha sido citado?
La viuda de Armando Chavarría, Martha Obeso Cázares, pulsó el viernes pasado la alerta sobre el riesgo de que las autoridades cedan a la tentación de tomar en secreto la declaración del ex gobernador e informar con posterioridad que ésta se ha consumado. Algunos dirigentes de partidos políticos han considerado inadmisible esa eventualidad y, por el contrario, han subrayado que por el contexto que se ha creado, lo más prudente es que el gobierno obre con transparencia y mantenga informada a la sociedad sobre sus acciones y el contenido de la declaración ministerial de Torreblanca Galindo. Tienen razón todos ellos. En estas circunstancias la transparencia es un imperativo, pues al cabo de cinco años de impenetrable opacidad, otra acción en secreto sería vista como un nuevo intento de encubrimiento.
Es una hipótesis indeseable, pero en presencia de los hechos debe ponerse sobre la mesa incluso la posibilidad de que el gobierno esté concediendo tiempo a Torreblanca para cualquiera de las alternativas que se le presentan: o para preparar su defensa legal, o para huir (quizás hacia alguna de las propiedades que tiene en Texas). Un ex gobernador de Guerrero prófugo de la justicia es una probabilidad inédita en la historia del estado, en la cual lo que prevalece es la represión y persecución contra los opositores políticos.
Ese no es un escenario satisfactorio desde ningún ángulo, y resultaría de un costo muy alto para el gobierno de Aguirre Rivero que Torreblanca obtuviera concesiones al margen de la ley o escapara gracias a esta sospechosa demora en llamarlo a cuentas. Sin embargo hoy ya no le queda de otra. Encubrió a Zeferino y posiblemente negoció con él durante tres años, pero ya no puede hacerlo más sin ser arrastrado por la caída del ex gobernador.

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