Tlachinollan

Los puentes rotos

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

Para decenas de niñas y niños indígenas de la Montaña los peligros que tuvieron que enfrentar hace 11 meses para asistir a la escuela, a causa del huracán Ingrid y la tormenta Manuel, siguen siendo los mismos en este nuevo ciclo escolar. El lunes 18 de agosto, más de 15 niños y niñas que iniciaron sus clases en la escuela preescolar Mauricio Shult y la escuela primaria Escuadrón 201 de la comunidad na savi de El Zapote, municipio de Metlatónoc, tuvieron que esperar en medio de la lluvia, a que el comité de padres de familia se organizara junto con sus papás para que los trasladaran sobre sus hombros, ante la gran creciente del río de Valle Hermoso, cuyo cauce desemboca en Marquelia.
Esta terrible situación que padece cotidianamente la población infantil se debe al trato inequitativo, discriminatorio y desigual que las autoridades de los tres niveles de gobierno acostumbran dar a los pueblos de la Montaña, quienes con gran orgullo son portadores de idiomas y culturas milenarias que con gran sapiencia han sabido resistir, y mantenerse en pie ante todo tipo de tormentas.
Es imperdonable la forma tan indolente y cruel en que han actuado las autoridades ante la tragedia de miles de familias damnificadas. Los funcionarios federales y estatales gastaron millones de pesos en sus giras de media hora en helicóptero y en sus reuniones a puerta cerrada, con el fin avieso de impedir que las autoridades indígenas y las familias damnificadas se enteraran de la información falaz que emitían. Se trataba de reuniones hechas a modo, para consumo expreso de los medios de comunicación afines, cuya paga era para proyectar la mejor imagen de los funcionarios y así quedar bien con sus jefes y tener asegurada su chamba.
Lejos de los lugares donde sobreviven las familias damnificadas, en el Acapulco diamante, estos funcionarios tuvieron la desfachatez de informar hace dos semanas, que hay un avance del 65% en los trabajos de reconstrucción que se realizan en el estado. Lo que les importa es lo que está escrito en el papel y lo que dicen los medios, les tiene sin cuidado las protestas y denuncias de las familias damnificadas y desplazadas. Según sea la presión que ejerce cada grupo, así es el trato y la atención que les dan. Nunca será para resolver de fondo sus demandas sino para sobrellevarlos, desgastarlos y cooptarlos.
En la Montaña, la primera confrontación que tuvieron las comunidades damnificadas con las autoridades federales fue por el trato inequitativo y despótico que les dieron, y por la manera tan irresponsable como levantaron la información y cuantificaron los daños. No hubo una genuina preocupación por atender en toda su dimensión la tragedia de los pueblos devastados. Fue más el interés por invisibilizar y acallar a las organizaciones de damnificados críticas, y por tomar el control de la información y de las acciones orientadas a aplacar la inconformidad.
En los primeros meses de las tormentas, los funcionarios no sólo dieron palos de ciego, sino que sus acciones fueron descoordinadas e ineficientes, plagadas de ocurrencias y sin un diagnóstico claro de lo que estaba pasado en los diferentes enclaves de la Montaña. Simplemente cumplían órdenes de arriba y enviaban información falaz para darle tema y contenido a la multiplicidad de giras que realizó el presidente de la República al puerto de Acapulco.
La espectacularidad de la tragedia de las familias pobres también se transformó en un buen negocio para los consorcios televisivos y en una gran ventana para la proyección de la imagen del presidente de la República. A eso le apostaron las elites políticas y económicas en los meses subsecuentes. Ya encarrerados en esta pista mediática, el presidente Enrique Peña Nieto, anunció con bombo y platillo, a mediados de noviembre del año pasado, la creación del consejo estatal de restauración de Guerrero, presidido por el magnate Miguel Alemán Velasco en el marco de la presentación del gran proyecto Peñanietista El Plan Nuevo Guerrero, cuyo presupuesto inicial es de 30 mil millones de pesos para la reconstrucción del estado, y para todo su sexenio habrá otros 33 mil millones de pesos que le permitirán hacer realidad los megaproyectos que planean realizar bajo el cobijo de la nueva reforma energética.
Las autoridades no tuvieron la voluntad ni la capacidad para resolver las cuestiones más urgentes. A las comunidades desplazadas continúan endilgándoles la responsabilidad de buscar un terreno dónde reubicarse. Al principio les hicieron creer que les iban a comprar los terrenos y que sólo era cuestión de ubicarlos y de ponerse en contacto con los propietarios. Todo quedó en promesas, y lo que hicieron las autoridades fue deslindarse y echarse la bolita. Al final, nadie contaba con recursos suficientes para comprar los terrenos. Hasta la fecha, las comunidades de Malinaltepec continúan en la zozobra de no saber dónde tendrán un lugar definitivo para vivir en mejores condiciones de seguridad. Continúan con los conflictos agrarios con las comunidades vecinas y al interior de su mismo núcleo agrario. Varias comunidades se han resignado a quedarse dentro del mismo perímetro donde vivían, con tal de que les construyan sus viviendas, a pesar de los grandes riesgos que existen de sufrir otra tragedia.
A once meses de las tormentas, la desolación que impera en las comunidades arrasadas por las corrientes de los ríos y devastadas por las grietas y desgajamientos de los cerros son lo que sobresale por encima de los trabajos lentos y tardíos que están queriendo realizar las empresas constructoras. La noticia que dan los funcionarios a las familias damnificadas es que ya se encuentran en el estado las empresas constructoras que tienen asignadas las multimillonarias obras que construirán en los lugares más pobres del estado.
La opacidad es lo que prevalece en el ejercicio del presupuesto, en la asignación de las obras y los datos oficiales sobre la construcción de viviendas por parte de las diferentes dependencias de gobierno. La pelea por los millones de pesos se da a todo los niveles, el control de los recursos económicos está concentrado en pocas manos y en grupos políticos que quieren empatar las obras con los tiempos electorales. La prioridad no está en atender las necesidades más apremiantes de las comunidades damnificadas, sino en dosificar los recursos y las obras de acuerdo a la presión social y a la correlación de fuerzas políticas que se dan en las diferentes regiones del estado. No interesa que hayan llegado nuevamente las lluvias y que puedan ocurrir otras desgracias en las comunidades más vulnerables, o que se cumpla el año sin que haya avances sustantivos en la reconstrucción, lo que más vale y pesa entre los burócratas del poder es su carrera política, sus enroques para la próxima contienda electoral. Lo trascendental para ellos es aparecer en la lista de los palomeados por el gran dedo decisorio que determinará quién podrá participar en la próxima contienda electoral.
A estos personajes les tiene sin cuidado que los niños y niñas de la Montaña tengan que cruzar en hombros de sus padres diariamente el río para ir a la escuela. Ya se les olvidó las promesas que hicieron durante todos estos meses; que iban a construir albergues temporales para las familias desplazadas, que iban a apoyarlos en el armado de puentes colgantes para que las niñas y niños pudieran asistir a la escuela sin el riesgo de cruzar los ríos a nado. No perdían oportunidad para comentar que enviarían máquinas a los puntos críticos para garantizar la viabilidad de los caminos y trabajar con gran intensidad, para que no se interrumpiera la comunicación en las principales carreteras de la Montaña. Sobre la construcción de los puentes vehiculares, la excusa de los funcionarios han sido siempre los estudios que tienen que realizarse para hacer la presupuestación. La peor muestra de ese trato inequitativo son los puentes más importantes de la Montaña que no aparecieron dentro de la programación del Fonden. Los casos más representativos son los puentes de Zontecomapa, municipio de Acatepec, Valle Hermoso municipio de Metlatónoc , la cabecera municipal de Tlacoapa, donde no hay ningún indicio de que puedan iniciar en lo que resta del año. Esto mismo sucede con la construcción de escuelas, clínicas, el hospital de Tlacoapa, los albergues escolares y no digamos el gran número de viviendas que ni siquiera fueron tomadas en cuenta por las diferentes dependencias de gobierno, por el pésimo trabajo que realizaron a la hora de levantar los censos. Éste es uno de los grandes problemas que no ha sido atendido como se merece por parte de las autoridades. Además de negarle la información a las comunidades indígenas afectadas, trivializan y desacreditan la información que ha sido recabada y sistematizada por sus mismas autoridades, y que en diferentes momentos y lugares han entregado a las dependencias gubernamentales.
Con las tormentas de septiembre, lo que han hecho las autoridades de los tres niveles de gobierno es ignorar, invisibilizar, trivializar y confrontarse con las comunidades damnificadas. Rompen los precarios puentes de comunicación y le apuestan a la cooptación de sus representantes, a la división y al desgaste de las familias afectadas y a la imposición de sus planes y proyectos de construcción, que no se ajustan a las realidades socioculturales de la población indígena, ni a sus demandas legitimas que buscan romper con el círculo perverso de la desigualdad social, los tratos discriminatorios y el manejo inequitativo de los recursos financieros. En la Montaña, los trabajos de reconstrucción no sólo no avanzan conforme a las necesidades apremiantes de sus pobladores, sino que las mismas autoridades se empeñan en hacer más difícil y cruenta esta lucha que están librando a brazo partido las comunidades que han podido resistir viviendo a la intemperie. No les importa el sufrimiento de la gente y prefieren que la población siga a la deriva, que los puentes continúen caídos y rotos, para que los pueblos indígenas sucumban en su afán de justicia y se sumerjan en el fango de la exasperación y el olvido.