Definirán situación jurídica del Centro de Convenciones para abrirlo a la IP

* Se trata de clarificar de quién es propiedad, adelantan consejeros * Contraloría del Estado aplica una auditoría a la administración que renunció, informa Gómez Maganda * “No  habrá borrón y cuenta nueva”, advierte * El director jurídico de Sefotur, Miguel Angel Soberanis, quedó como director interino

Nelly Bello * La próxima semana en la ciudad de México, directores jurídicos del Banco de México, la Secretaría de Turismo (Sectur), la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), la Dirección de Turismo Municipal (DTM) y Banobras se reunirán para definir la situación jurídica del Centro Cultural y de Convenciones de Acapulco (CCCA).

Algunos de los consejeros del fideicomiso adelantaron que la intención es clarificar la propiedad del inmueble para la participación de capital privado que permita la modernización de la instalación.

La titular de Sefotur, Guadalupe Gómez Maganda, explicó que el objetivo es definir la propiedad de Centro de Convenciones, pues actualmente el predio es del Banco de México, la construcción de Sectur y la administración –vía comodato– del gobierno del estado. Y aunque la funcionaria estatal negó que la reunión sea para municipalizar el inmueble, el alcalde Alberto López Rosas informó que pedirá el derecho del ayuntamiento para administrarlo.

Gómez Maganda, fue entrevistada por la mañana en un seminario del Tianguis Turístico. Informó que un día después de que el comité técnico del fideicomiso del Centro de Convenciones aceptó las renuncias por motivos personales de los directivos del inmueble, Contraloría del Estado emprendió una auditoría a su manejo financiero, aunque dijo no hay fecha para la entrega de los resultados.

La secretaria de Fomento Turístico indicó que el secretario técnico del fideicomiso y director jurídico de Sefotur, Miguel Angel Soberanis, quedó como director interino del CCCA desde el miércoles por la noche, hasta que el gobernador René Juárez Cisneros formalice el nombramiento.

Sobre la petición del diputado del PRS Heriberto Noriega, para que el director operativo del Centro de Convenciones, Carlos Saavedra Toache, compareciera ante el pleno del Congreso local para explicar el manejo de recursos, Gómez Maganda dijo que él no comparecerá.

Explicó que por el momento interviene, como sucede “en casos similares”, la Contraloría del estado, pues aunque el consejo técnico recibió la renuncia “no recibió formalmente el inmueble y todo lo que implica hasta que Contraloría se dé por satisfecha”, y advirtió que “si hay faltante, ahí va a aparecer, y la Contraloría determinará lo conducente”.

Sobre la comparación que hizo Noriega Cantú entre los ingresos del Centro de Convenciones con los de instituciones como el DIF-Guerrero, Invisur y Fibazi –las que dijo que son de “alto sentido social”–, la funcionaria estatal pidió al ex secretario de Desarrollo Social y ex director del DIF-Guerrero que “nos dé esa información” porque “no conozco ni los del DIF, apenas recibimos los informes” del Centro de Convenciones.

Al preguntarle sobre los recursos manejados y los ingresos reportados, dijo que no podría decirlos porque apenas el miércoles por la noche recibió los estados financieros, que son revisados por Contraloría.

Dijo que el proyecto inmediato de la nueva administración es “que las cosas mejoren” y recordó que el gobernador “manifestó la voluntad” para que la iniciativa privada maneje el Centro, pero que debido a la situación jurídica del edificio se debe primero revisar “su status para saber en qué condiciones se podría concesionar”.

–El ex director Jorge Cortés dijo que uno de los gastos eran las oficinas de gobierno que no pagan renta.

–No creo que sea considerable el gasto, el inmueble existe y se contribuye en los gastos que se genera por la presencia de las oficinas de gobierno, coincido en que Sefotur debería tener un inmueble especial o destinado para que ejerza sus funciones.

Advirtió que en la administración de recursos “no habrá borrón y cuenta nueva” porque “hay leyes que rigen y tienen que aplicarse”.

La intención de permitir inversión privada es atraer turismo todo el año: Chaíllo

El coordinador del Tianguis Turístico y representante de Sectur en la sesión del fideicomiso, Eduardo Chaíllo Ortiz, dijo que la revisión jurídica en la ciudad de México es “una gran oportunidad” para determinar la concesión a capital privado.

Explicó que la intención es que los hoteles tengan mejores ocupaciones en épocas que no son de turismo tradicional, al llevarse a cabo en el Centro de Convenciones congresos internacionales.

Consideró que “ya no es papel del gobierno ni federal ni estatal la inversión que pudiera o no repercutir de una forma directa; la recomendación es que se incorporen a los trabajos miembros de la IP que orienten, participen e inviertan, sean los actores principales, porque a final de cuentas son los directamente beneficiados. Los centros de convenciones en el país así funcionan”.

Informó que luego de la sesión del fideicomiso, que llevaba varios años sin sesionar, a petición de Gómez Maganda se reunirán los encargados de las oficinas jurídicas de las autoridades que intervienen como propietarios del Centro de Convenciones.

La titular de Sefotur dijo que la forma como opera y está constituido de forma jurídica el inmueble “es un caso único en el país,” y que para entregarlo en un futuro a la iniciativa privada, se debe primero “saber cómo está la situación jurídica”.

Entrevistado por la tarde, el alcalde porteño dijo que la asistencia del ayuntamiento a las mesas de trabajo es porque forma parte del fideicomiso para la operación y funcionamiento. “Vamos a la reunión con el propósito de tener voz en las decisiones; al parecer hay confusión de quién es el propietario; mi interés y las indicaciones al jurídico es que analicemos la situación que prevalece, y sobre eso hacer los correspondientes reclamos de derecho a favor del municipio de Acapulco”, expuso.

Aunque no quizo referirse a esta petición como “municipalización” del Centro de Convenciones, por considerarlo un término ambiguo, dijo que “buscaremos que quede garantizado el derecho del municipio sobre el inmueble”.

Sobre la participación de la IP para la inversión en el remozamiento del edificio, el alcalde dijo que esperará la determinación de la situación jurídica para después opinar sobre los planes y proyectos que convengan al CCCA.

“Sé que debe hacerse una fuerte inversión para áreas decaídas y por lo mismo analizaría el interés del ayuntamiento, la conveniencia de ceder a particulares que tengan el suficiente capital para restaurar el inmueble, que pasa por su peor etapa”, finalizó.