Habrá un centro de atención a mujeres donde es más frecuente la violencia familiar

Sergio Ferrer

Tlapa

En visita a Tlapa, la secretaria de la Mujer, Rosario Herrera Ascencio comunicó que hay probabilidades de que el Centro de Justicia para Mujeres Indígenas Víctimas de Violencia pueda comenzar a funcionar a finales del mes de mayo.
La construcción se inició a fines de 2010 entregándola el gobierno antecesor al 50 por ciento, el modelo con el cual está diseñado proviene de los Estados Unidos y fue creado en base al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) por el caso del campo algodonero en Chihuahua.
Actualmente hay cinco centros en el país y se proyectan 10, el de La Montaña es el primero de Guerrero, pero hay posibilidad de la construcción de uno en Chilpancingo, según dijo Herrera Ascencio durante un recorrido por el edificio de dos niveles.
En una constante, la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, recibe casos de menores de edad que han sido objeto de violaciones por parte de familiares, aun así, existen muchos casos que no se denuncian que ocurren en comunidades alejadas hasta ocho horas de la sede de la agencia.
El gobierno de estado destinará recursos para el personal que labore en el Centro y buscará dar acceso a la justicia a mujeres víctimas, no sólo de violaciones, sino de maltrato familiar o todo tipo de denuncias en materia de justicia, “el estado de Guerrero ya está listo, tenemos traductoras que auxiliarán en las labores de las instancias presentes”, aseguró la funcionaria.
Concentrará a una representación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero con Ministerio Público, aunque no se sabe si se trasladará la agencia especializada en delitos sexuales y violencia familiar o se designará otra figura legal aparte.
Se prevé que habrá una médico legista, trabajadora social que identificará plenamente a la persona y sus características, abogadas, una sicóloga, quienes junto con la directora, se han capacitado en perspectiva de género, afirmó Herrera Ascencio.
El centro tendrá contacto con la Conavin, el Banco Nacional de Datos de Violencia, el Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia y asociaciones nacionales. Además habrá convenio con la SCT para la instalación de un sistema de conexión satelital que permita reportar los casos y la información de los mismos.
A decir de la funcionaria, habrá comunicación con la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (Cdi), el sector Salud, la Procuraduría del estado y la SSP.
En el caso del Tribunal Superior de Justicia, hay una serie de problemas legales con los jueces de distrito, al ser el centro un modelo de atención recién impulsado y no un distrito, en declaraciones de representantes de la Secretaría de la Mujer, señalaron que esperan la participación del gobierno federal en detalles faltantes.
El edificio está conectado a tres caminos difíciles de terracería, se encuentra dentro de terrenos del Cuartel Estatal de Policía y colinda con la cerca que divide las instalaciones del 93 Batallón del Ejército  y con cerros donde se observan actividades de pastoreo de chivos.
Su ubicación esta lejana al centro de la ciudad, en una desviación antes del inicio de la carretera a Puebla, ante esto, la Semujer prevé instalar una línea telefónica, la adquisición de dos vehículos y reunirse con el edil Willy Reyes para solicitarle el establecimiento de una ruta que conecte al centro de justicia con la ciudad y un terreno para un centro de capacitación de mujeres.
El centro podrá fungir como refugio temporal para familias o mujeres, a quienes se les hará un diagnóstico para en caso de violencia extrema o amenaza de muerte canalizarlas a un refugio.
Si bien no se dieron cifras específicas, la secretaria indicó que se habían registrado mil 700 casos en el Ministerio Público de violencia. En este punto la secretaria acotó que los agentes del Ministerio Público están capacitados para respetar el marco legal que brinda protección a víctimas de violencia.
En el caso de los jueces, se considera que en los dictámenes los agresores sean tratados sicológicamente. Herrera Ascencio dijo que hay 800 policías que han sido capacitados respecto a las reformas hechas en 2011 del artículo primero constitucional, en cuanto a militares, dijo que hablará con generales de división para las capacitaciones en perspectiva de género, para que no ocurran violaciones como las de las indígenas me´phaa Inés Fernández y Valentina Rosendo, de cuyos casos la Coidh también ha emitido sentencias condenatorias al Estado mexicano.
Herrera Ascencio acotó que “las capacitaciones son una apuesta que pareciera no verse, pero esperamos que haya resultados de las capacitaciones, ya que se podrá determinar responsabilidades particulares”, en caso de alguna falta.
En el gobierno pasado, la Secretaría de la Mujer en Guerrero alertó que el estado ocupaba uno de los diez primeros lugares en el país con un alto índice de feminicidios, señalando como un móvil su vínculo con el narcotráfico, aunque no contaba con datos específicos, se habló de un incremento de 84 en 2005 a 135 en 2010.

La sentencia de Campo Algodonero

En noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por violar los derechos humanos en casos de feminicidio sucedidos en Ciudad Juárez en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos, Claudia Ivette González, dos de ellas menores de edad, y por la violencia estatal ejercida contra sus familiares, según relata una pagina dedicada al seguimiento del caso Campo Algodonero.
Además de haber otros estados como el Estado de México donde se registraron más de 800 asesinatos contra mujeres, han existido ataques a mujeres que han buscado justicia en diversos lugares del país, por mencionar algunos ejemplos está el caso de Marisela Escobedo Ortiz que tras el asesinato en 2008 de su hija Rubí Marisol Frayre, de 16 años fue balaceada.
Marisol Escobedo señaló a la ex pareja de la joven, Sergio Rafael Barraza, como culpable, éste confesó el crimen luego de que la mujer, con recursos propios, diera con el paradero del asesino, sin embargo los jueces lo declararon inocente.
Tras protestas, el caso cobró atención a nivel nacional e internacional por lo que cambió la sentencia, pero el sujeto permaneció prófugo de la justicia. Marisela se instaló en protesta ante los gobernadores José Reyes Baeza y César Duarte en Plaza Hidalgo, Chihuahua frente al Palacio de Gobierno donde sería asesinada en diciembre de 2010.

Susana Chávez

En 2011, la activista de 36 años fue violada y asesinada en Ciudad Júarez, Chihuahua, ella exigía que fueran esclarecidos los asesinatos de mujeres en esa localidad considerada una de las más violentas del país. Se dice que ella creo la frase “Ni una muerta más”, un ícono de la lucha contra los femincidios, era escritora y entre sus obras había poemas dedicados a la mujer asesinada.

Aún hay fuerza y esperanza

Hay otras mujeres que no han sido presas del crimen y han seguido su lucha por justicia como el caso de Norma Ledezma, fundadora de la asociación civil Justicia para Nuestras Hijas, integrada por familiares de mujeres desaparecidas o asesinadas en el estado de Chihuahua. Funciona desde 2002 y actualmente sigue los casos de 42 familias.
Norma Ledezma perdió a su hija Paloma Angélica de 16 años, quien desapareció el 2 de marzo de 2002, y tras 27 días de búsqueda sin que la autoridad mostrara respuesta o avance, Paloma fue encontrada muerta en la zona conocida como El Campo Algodonero. Paloma era estudiante y trabajaba en una maquiladora.