Hostiga la Procuraduría Agraria a campesinos para que legitimen reformas de Peña, señalan

*Busca la dependencia federal que firmen una declaratoria que dice que buscaron con urgencia una reforma de la Ley Agraria. Esta implica el despojo de sus tierras, dicen Tlachinollan y el Consejo de Autoridades de La Montaña

Redacción

Acapulco

El Consejo de Autoridades Agrarias por la Defensa del Territorio de La Montaña y Costa Chica y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan denunciaron que como parte de “la ofensiva que el Estado mexicano se ha planteado para desaparecernos”, el titular de la Procuraduría Agraria (PA), Cruz López Aguilar envió a los núcleos agrarios “una indignante declaratoria prefabricada” para que firmen y legitimen las reformas del presidente Enrique Peña Nieto y el despojo de sus tierras.
“Nos ofende de sobremanera que violen nuestro derecho a la palabra, a la autonomía y a la autodeterminación que como pueblos campesinos e indígenas tenemos. Nos ofende que piensen que no nos daremos cuenta de sus argucias que apuntalan a nuestro despojo y aniquilamiento. Nos ofende que estén entregando todo nuestro territorio a nombre de la nación, cuando a ésta no se le ha considerado en la toma de opiniones y decisiones”, reclamaron.
Exigieron que la dependencia federal retire inmediatamente la “Declaración de Hombres y Mujeres Campesinos, Productores de Alimentos a través de sus órganos de representación”, y que se ponga un alto “a las estrategias de engaño, desinformación para el despojo de nuestros territorio y sus bienes naturales”, al hostigamiento y la intimidación.
En un comunicado para alertar a todos los núcleos agrarios ejidales y comunales del país -que también fue difundido por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todas (Redtdt)-, explican que el domingo en la plenaria realizada en La Ciénega, las autoridades agrarias leyeron el oficio #RTG-450/2014, enviado al presidente del comisariado de bienes comunales de Colombia de Guadalupe, Malinaltepec, por instrucción de López Aguilar, para solicitarles que en la asamblea general “próxima a realizarse” consideraran la firma de la declaración.
La reunión mensual se hizo para revisar sus estrategias de trabajo contra la minería y la reserva de la biosfera y para la revisión de las reformas constitucionales, y fue ahí donde advirtieron que “ha iniciado una nueva andanada de iniciativas y estrategias que continúan en la misma lógica del despojo de la tierra, el territorio y nuestros bienes naturales tal como lo plantean las actuales reformas estructurales”.
Aseguraron que en el oficio, la PA solicitó que en su asamblea general de ejidatarios o comuneros próxima se someta a consideración que los titulares de los cargos de representación y vigilancia firmen la Declaración de Hombres y Mujeres Campesinos, Productores de Alimentos, así como la firma de recibido de los libros de los Marcos Legales Agrarios que contienen las leyes recién aprobadas y que “derivarán en el despojo de los territorios de millones de indígenas y campesinos”.
Reprocharon que la “indignante declaración prefabricada” anexada al oficio de la PA pretende hacerlos responsables, partidarios y de acuerdo con las políticas de la federación, que “esa infame declaratoria” menciona que ellos buscaron con urgencia una reforma de la Ley Agraria y para el campo, además de que solicitaron a Peña Nieto la firma de un nuevo acuerdo con las organizaciones para “transformar de fondo el destino de los recursos públicos de nuestro sector”.
“Es una gravísima falta de respeto que nos soliciten la firma de esa declaratoria sin que ninguno de nosotros haya participado y opinado en su elaboración, lo cual demuestra la total ausencia de una política democrática e inclusiva para todos los mexicanos y mexicanas, por parte del gobierno federal”, alegaron.
Exhortaron a todos los integrantes de los núcleos agrarios de México a que no caigan en la firma de la declaratoria, que estén pendientes de “estas argucias que desde el actual sistema de poder se imponen y se implementan”, y exigieron que cese el hostigamiento y la intimidación de la que son objeto los que se suman a los esfuerzos colectivos.
Finalmente, reiteraron que los gobernantes tienen que aprender a respetar los usos y costumbres de las comunidades, así como el compromiso del Consejo por territorios libres de minería y de reservas de la biosfera.

“Urge la actualización de la Ley Agraria”, dice la declaratoria

En esa Declaración, los campesinos y productores de alimentos se declaran “partidarios de una reestructuración justa y democrática, de las actuales políticas públicas agropecuarias, forestales, acuícolas y de pesca para la construcción de una sólida política de Estado para el campo mexicano que nos lleve a recuperar la autosuficiencia y seguridad alimentaria”.
Se comprometen a hacer respetar la estructura de la propiedad social de los ejidos y la comunidad, “la construcción de una reforma para el campo”, y agregan que “es necesario” que Peña Nieto firme un nuevo acuerdo con campesinos y organizaciones “para transformar de fondo el destino de los recursos públicos de nuestro sector” y garantizar el derecho a la alimentación adecuada.
A consecuencia, el documento pide que se diseñen nuevas políticas públicas “con un enfoque territorial”, que se atiendan “las deficiencias básicas de los insumos productivos”, además de obras de captación de agua, “un programa nacional de mecanización”, sistemas de transporte para la comercialización y “nuevos esquemas” de suministro de energía eléctrica.
“Se debe detener cualquier intento de despojo que quede plasmado en las iniciativas de Ley de Energía Geotérmica y de la Ley de Hidrocarburos, que a través de la servidumbre legal de hidrocarburos, la ocupación o afectación superficial o la expropiación de los terrenos, atente contra los derechos de propiedad de ejidos y comunidades”, agrega.
También pide que se revisen “con justicia” las concesiones mineras otorgadas que pongan en riesgo la tierra, y afirma que los campesinos insisten en el respeto a la propiedad social, que “urge la actualización de la Ley Agraria”, el fortalecimiento de la PA y perfeccionar el sistema de justicia agraria en los tribunales.