Piden que se determine quién debe investigar el caso Aguas Blancas

* La averiguación está abierta en la PGR y en la Fiscalía Especial, lo que crea una situación de incertidumbre jurídica para las víctimas y familiares, argumentan los peticionarios

Abogados de campesinos sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas, de familiares y de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) demandaron al procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, que determine a qué órgano le corresponde investigar ese crimen, debido a que en este momento tanto la Fiscalía Especial para el pasado reciente como la misma PGR están conociendo el caso, con dos expedientes diversos.

Exponen que el hecho de que esos dos organismos estén investigando la masacre de Aguas Blancas “además de crear una situación de incertidumbre jurídica para las víctimas y familiares, implica la existencia de dos investigaciones paralelas efectuadas por órganos distintos, y cuyos resultados y actuaciones pueden ser contradictorios en perjuicio de los familiares y de la sociedad mexicana en general”.

El documento, difundido ayer a los medios, fue enviado a Mecedo de la Concha con fecha 2 de diciembre de 2002, y está firmado por el representante del Centro de Justicia y Derecho Internacional (Cejil), Juan Carlos Gutiérrez, el abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh), Jorge Fernández Mendiburu, y por los representantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de México (Afadem), Julio Mata Montiel y José Enrique González Ruiz.

Con la petición de que el procurador determine a quién corresponde investigar la masacre de Aguas Blancas, plantean que se debe formar un solo expediente sobre el asunto, y que las diligencias sean efectuadas de manera pronta, expedita, imparcial, efectiva y con certeza jurídica.

En un segundo punto solicitan que “Una vez determinado el órgano que debe de conocer en su totalidad de la investigación, se realicen todos los trámites ministeriales correspondientes, para agilizar la consignación de las personas señaladas como responsables por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, de conformidad con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que emitió una recomendación al gobierno mexicano, ante la impunidad en que se encuentra el caso Aguas Blancas, para que se complete “una investigación seria, imparcial y efectiva” de los hechos ocurridos el 28 de junio de 1995 en el vado de Aguas Blancas, y se ejerzan “las acciones penales correspondientes a fin de que se establezcan las responsabilidades individuales de los altos funcionarios del gobierno del estado de Guerrero”, en primer lugar al entonces gobernador, Rubén Figueroa Alcocer.

Señalan que los representantes legales de los familiares ya han ofrecido ante la PGR diversas pruebas que sustentan la responsabilidad de diversos ex funcionarios del gobierno del estado en la masacre de junio de 1995, con independencia de las que recabe en agente del Ministerio Público investigador.

Finalmente, los representantes del Cejil, el Prodh y la Afadem, que son los peticionarios ante la CIDH y representantes legales de los familiares ante la PGR, solicitan al procurador Macedo de la Concha una audiencia “que tenga como objetivo establecer las condiciones que aseguren una efectiva investigación, así como las bases de colaboración de los peticionarios con la Procuraduría, para hacer efectivo el derecho de coadyuvancia”.

En el escrito, los abogados de los tres organismos se refieren a las denuncias sobre el caso Aguas Blancas que se han presentado ante la PGR, dos de ellas, el 24 de octubre de 2001 y el 16 de abril de 2002, con el fin de que se cumpliera la recomendación de la CIDH. Esas denuncias fueron presentadas, la primera por los dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Hilario Mesino Acosta y Marino Sánchez Flores, y la segunda por Concepción Hernández Rondín y Martina Reza Andrade, padres de tres de las personas ejecutadas el 28 de junio de 1995.

Señalan que la PGR no les ha dado información sobre el avance de las investigaciones, y por el contrario, el 4 de octubre de 2002, la Dirección General de Derechos Humanos de la PGR les hizo llegar, por medio de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, un anteproyecto de resolución que, sin ser definitivo, “consideraba imposible realizar las investigaciones de la masacre”.

Señalan que paralelamente a esas denuncias de los familiares ante la PGR, la Fiscalía Especial para el pasado reciente, que encabeza Ignacio Carrillo Prieto, empezó a conocer el caso Aguas Blancas a raíz de una denuncia de la ex presidenta municipal de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, y ha tomado testimonios a algunos sobrevivientes de la masacre.

Los representantes legales del Cejil, el Prodh y la Afadem consideran que la denuncia de Núñez Ramos “demuestra la aspiración de justicia y el grado de indignación que ante la impunidad de los hechos existe en la sociedad mexicana”.

La situación actual es que hay dos organismos que están conociendo el caso Aguas Blancas.

Por ello, exponen “es preciso que esta Procuraduría determine cuál es el órgano competente para efectuar las investigaciones, de tal manera que exista unidad en las actuaciones del órgano investigador, certeza jurídica y las investigaciones sean lo más expeditas y eficaces en beneficio de la sociedad”.