Vecinos piden dinero en la calle para la fianza de sus compañeros acusados de despojo en Zihuatanejo

Por segunda ocasión en esta semana, vecinos del asentamiento irregular Valle Grande salieron a las calles de la ciudad a pedir dinero para reunir los 80 mil pesos que necesitan depositar como fianza para que ocho de sus compañeros enfrenten en libertad el proceso legal de una denuncia penal por el delito de despojo que interpuso en su contra el gobierno municipal.
En abril de 2012, 150 familias precaristas afiliadas a la organización civil Crees que es un sueño, que encabeza Manuel Valle González, invadieron un predio decretado como equipamiento urbano, con una superficie de 12 mil 593 metros cuadrados estipulados.
El 13 de mayo de 2013, en un intento por recuperar el terreno el gobierno municipal ordenó el desalojo de los precaristas, quienes protagonizaron un zafarrancho con policías municipales; en ese hecho, una mujer embarazada resultó lesionada.
Luego de ese incidente, las familias invasoras, encabezadas por Manuel Valle, llevaron a cabo manifestaciones públicas en las que repudiaron la acción del gobierno municipal y responsabilizaron de manera directa al alcalde Eric Fernández Ballesteros de cualquier acto violento que pudiera ocurrir en agravio de los precaristas.
Diez días después de las protestas públicas, el presidente municipal, Eric Fernández Ballesteros, dio a conocer que en el caso del asentamiento irregular Valle Grande, los precaristas que lo ocupan se han negado a presentar un censo con la información de los jefes de familia de ese lugar a fin de constatar que verdaderamente tienen la necesidad de un terreno para vivir.
Agregó entonces que para atenderlos, primeramente necesitaba tener disponible una zona de reserva territorial para ofrecerles la reubicación, por lo que por el momento no serían desalojados, al tiempo que reveló también que había tres denuncias penales en contra de igual número de sus líderes.
El domingo 24 de agosto, todos los jefes de familia del asentamiento irregular, salieron a las calles de este puerto con botes y pancartas en mano en las que daban a conocer que tienen que recurrir a la limosna para reunir los 80 mil pesos, que es el monto que les pide el Juez Segundo Penal de Primera Instancia para permitirles a ocho de sus compañeros enfrentar en libertad el proceso por el delito de despojo en agravio del ayuntamiento.
Los denunciados son Manuel Valle González, J. Trinidad Armenta Bueno, Roberto Hernández Benítez, Tomasa Parral Aguilar, Hilaria Nava García, Lilia Luna Martínez, y Dominga y Juana Uribe Torres, a quienes el juez impuso una fianza de 10 mil pesos a cada uno.
Ayer lunes, los precaristas se pararon durante tres horas en los cruceros de todo el puerto para pedir la solidaridad de los automovilistas, ya que no habían terminado de juntar el dinero, “nuestra preocupación es porque el amparo que tenemos vence en tres días y si no damos ese dinero, nos van a meter a la cárcel”, manifestó Juana Uribe Torres, quien aseguró que esta situación es provocada por el alcalde, quien durante su campaña firmó un compromiso con ellos de que les regularizaría el predio si le daban su voto. (Brenda Escobar/Zihuatanejo)