Bloquea Aguirre una orden de aprehensión contra Bruno emitida en enero, denuncian

La orden de aprehensión contra el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, se emitió el 27 de enero de este año, por robo de ganado y daños en cultivos y viviendas a 20 familias de Chilixtlahuaca, del municipio de Malinaltepec, por el juez cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de los Bravo.
Algunos de los agraviados denunciaron que el gobernador Ángel Aguirre Rivero ha impedido durante casi ocho meses el cumplimiento del mandato judicial, porque protege y financia a Bruno Plácido.
En una visita a la redacción de El Sur, los campesinos na savi, Carlos Jacinto Juárez, Emiliano Moreno Vázquez y Octavio Herrera, informaron que el antecedente de la demanda es un conflicto agrario entre los bienes comunales de Buena Vista, municipio de San Luis Acatlán (de donde es originario Plácido Valerio), con Chilixtlahuaca.
Denunciaron que el 13 y 24 de noviembre del año pasado, unos 400 policías comunitarios armados, encabezados por Plácido Valerio, su hermano Cirino y otras ocho personas, subieron a las tierras en conflicto, para “abrir la línea” entre los núcleos agrarios según su parecer, y le quitaron a los vecinos de Chilixtlahuaca, mil 200 chivos y ocho vacas, y quemaron seis casas.
Indicaron que estuvieron casi todo el día, primero hostigaron y luego arrasaron con viviendas, cultivos y ganados que encontraron.
Precisaron que no hubo resistencia porque los policías comunitarios que operan en Buena Vista y que apoyan a Bruno Plácido, estaban armados; de haber intervenido pudo ocurrir un enfrentamiento con pérdida de vidas, y en asamblea, el pueblo decidió denunciar a los responsables ante el Ministerio Público.
El 27 de enero, el juez emitió la orden de aprehensión contra los hermanos Plácido Valerio, y contra Lorenzo Olmedo, Salomón Silva, Guillermo Calleja, Cornelio Simón, Constantino Simón y José Simón Cano, como probables responsables de robo y daños en agravio de Dionicio Valera y otras 19 personas.
Según una copia de la orden de aprehensión, el agente del Ministerio Público adscrito al juzgado cuarto informó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sobre la orden judicial el 28 de enero, y se turnó desde entonces a las direcciones de Control de Procesos Penales; de Informática Oficial y Telecomunicaciones; a la Unidad de Archivo y Criminalística; y a la Dirección de la Policía Ministerial, pero a la fecha no han realizado ninguna detención. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).