Regresa Bruno, luego de tres semanas, con un amparo judicial y sin medidas cautelares

*Acusa el dirigente de la UPOEG al gobierno de tener un doble discurso. Por un lado convoca al diálogo y por otro, mediante la PGJE, quiere controlar a los dirigentes y activistas con el manejo de órdenes de aprehensión, señala

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Con un amparo judicial para evitar una posible detención, y sin el resguardo policiaco que tenía como medida cautelar, el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, asistió al acto de instalación de las mesas temáticas del Foro de Organizaciones Sociales del estado con funcionarios estatales y federales, luego de tres semanas de ausencia.
Al término del acto oficial, en las delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Plácido Valerio reiteró que estuvo fuera del estado por un problema de salud (desde que la caravana de organizaciones partió a la ciudad de México) y esperaba hablar con las autoridades estatales en las siguientes horas para definir su situación legal.
Confirmó que le retiraron dos patrullas de la policía del estado que lo acompañaban, por la información de una orden de aprehensión en su contra, y confirmó que solicitó un amparo para que las autoridades le informen sobre los cargos y quiénes lo están señalando.
Sin embargo, dijo, lo importante no son las demandas penales, sino la investigación del fondo de las acusaciones. Explicó que si la denuncia es por bloqueos, los implicados pueden explicar las causas de la protesta, en el incumplimientos de los acuerdos con el gobierno.
Indicó que el gobierno tiene un doble discurso; que por un lado convoca al diálogo para resolver las demandas de la población y evitar bloqueos, por otro, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) quieren controlar a los dirigentes y activistas con órdenes de aprehensión.
También recriminó que la PGJE utilice delincuentes para acusar de secuestro y privación ilegal de la libertad a los policías ciudadanos del Sistema de Seguridad y Justicia de la UPOEG, como ocurrió en el valle de El Ocotito.
“¿Están con los que luchamos por la tranquilidad del estado o están contra los delincuentes?, no es posible que haya homicidios en Chilpancingo a las 4 de la tarde”, en relación al asesinato del director del penal de la capital, hace dos días en una de las principales avenidas de la ciudad.
Recordó que en la última reunión con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, y el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Melos, en marzo, acordaron que la Policía Ciudadana sería respetuosa de la Ley y se regularía a través de los cabildos municipales.
Insistió en que la Policía Ciudadana está reconocida en actas de cabildo de los ayuntamientos donde tiene presencia el movimiento de seguridad y justicia.
En el acto para la instalación de siete mesas de trabajo para el desarrollo del estado, el delegado de la Secretaría de Gobernación, Juan Salgado Brito subrayó que la paz en el país, pasa (necesariamente) por la paz en Guerrero.
En ese sentido, Plácido Valerio opinó que la Segob conoce la inconformidad social, porque todos los días hay delitos y homicidios impunes, “y esos muertos no son animales, son gente, y no puede ser que se siga permitiendo lo que está pasando”. Añadió que la población “está en un momento de desesperación y podría manifestarse de una u otra forma” si no le dan respuestas.
En la última de las siete mesa de trabajo, sobre gobernanza y democracia participativa, donde se tratará el tema de seguridad y Policía Ciudadana, entre otros asuntos, dijo que van a entregar a la federación las actas de cabildo que respaldan a la organización, porque el gobierno federal desconoce este proceso.
Adelantó que espera una entrevista con el procurador, Iñaki Blanco Cabrera, sobre los procesos penales contra dirigentes, promotores y policías comunitarios, en el contexto del diálogo con el gobierno del estado, que destacó el representante de Aguirre en el acto político.
Consideró que muchas de las denuncias son inducidas desde la PGJE. Aclaró que no va a pedir ningún desistimiento, sino que ajusten al debido proceso.