Rubén Padilla Fierro

Salud: desinformación y abusos

Uno de los renglones donde mayor atraso acusa Guerrero es el de salud, muestra de lo cual es el estado deplorable de sus instalaciones, el descuido en la prestación de los servicios, la poca penetración del paquete básico de salud, su ausencia en el área rural y suburbana marginal, el grado de desnutrición y de enfermedades prevenibles que padece la población más desprotegida, el avance en cáncer cervicouterino y mamario en la mujer y de la piel y otros órganos en niños y adultos, el avance de enfermedades crónico degenerativas, las enfermedades provocadas por alcohol, tabaco y de transmisión sexual, etc.

Es del conocimiento público y los medios han dado cuenta amplia de ello, como los servicios de salud son utilizados como arma política por la Secretaría de Salud de nuestro estado en épocas electorales, en forma de campañas médicas y dentales o entregando despensas y comprando votos a cambio de lentes y medicamentos, condicionando su prestación a cambio de la credencial electoral. Y aunque en el papel aparezcan los enormes recursos que recibe de la Federación tanto para el gasto corriente como en el ramo 33, sumados a los raquíticos que proporciona el gobierno del estado, en la realidad no se traducen en avances, se manejan en forma discrecional y el incumplimiento de los programas de primer y segundo niveles de atención es evidente.

En el primer nivel de atención, en los Centros de Salud se tiene la obligación de otorgar servicios en 14 programas que desplegados se deberían traducir en 74 acciones, de los cuales existe un incumplimiento de más del 70 por ciento en todos los rubros, desde la atención a la embarazada y al recién nacido hasta las enfermedades crónico degenerativas, y el enorme rezago que existe se convierte en quejas permanentes que llegan a oídos de diputados y regidores en todo el estado buscando solución a los problemas médicos ya por falta de atención, ausencia de médicos, carencia de medicamentos o desatención por cierre de los mismos. (Tema pendiente que debe abordar la delegación Guerrero de la Conamed, hasta ahora apéndice de la Secretaría de Salud estatal).

El segundo nivel que se ejerce en los Hospitales Generales en atención clínica, quirúrgica, dental, de diagnóstico y asistencia social, repite el mismo esquema. Los pacientes que ahí acuden son generalmente de muy escasos recursos, situados en el nivel de pobreza y pobreza extrema, es decir de sobrevivencia, y que son el blanco de enfermedades prevenibles o atenuables mediante sueros, vacunas, medidas higiénicas, alimento de mejor calidad y variedad, agua potable, educación, cultura e información.

El vía crucis que deben pasar tanto el paciente como los familiares para hospitalizar, recibir atención y tratamiento, se convierte en dolor de cabeza y sufrimientos, tanto por un trato administrativo poco digno como por las graves omisiones que en materia de salud se cometen, hospitales que deberían contar con tecnología de vanguardia en instrumental y equipamiento, pero que carecen de ello y de lo esencial en ropa, medicamentos e insumos necesarios para una atención expedita y eficaz. Salvan este aspecto los miles de médicos y enfermeras que se solidarizan con los pacientes y además de sus servicios aportan parte de su salario para ayudar a pacientes y familiares en la adquisición de medicamentos e insumos para su tratamiento.

Los familiares tienen que comprarlo todo, desde un suero hasta una placa metálica o un clavo para reducir una fractura. Y al alta no hay consideraciones, los cobros por la atención recibida no se tasan en función de su condición socioeconómica, ya que omiten su obligación de realizar un estudio socioeconómico por el departamento de trabajo social para aplicar las cuotas de recuperación que están claramente señaladas en el acuerdo para la descentralización integral de los servicios de salud que signaron el gobierno federal y el Estatal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 1997.

En el capítulo VII de dicho acuerdo, cláusulas trigésimo octava y trigésimo novena se habla de las cuotas de recuperación, de la creación de la administración del patrimonio de la beneficencia pública estatal con atribuciones para normar y operar el sistema estatal de cuotas de recuperación y para vigilar su cumplimiento y señala claramente en qué casos se podrá exentar a los usuarios del pago de cuotas de recuperación por los servicios de atención médica de primer, segundo y tercer niveles de atención, es decir clínicos, quirúrgicos, de diagnóstico y prevención, situación que se oculta, no se informa a la población, no se practica ningún estudio socioeconómico, a cambio de ello se intimida, se exige el pago y se llega al grado de mantener al paciente recluido (secuestrado contra su voluntad y la de su familia) en el hospital como una medida de presión para que pague el total exigido o la mayor parte del mismo; jamás se habla de la exención del pago a la que el acuerdo de referencia les da derecho.

Unos esconden la información y se escudan en supuesto desconocimiento lo que no los exime de responsabilidades, otros con dolo retienen y amenazan con no darlos de alta hasta no obtener el requerido pago, ambos inmorales directivos       y funcionarios públicos en Acapulco y seguramente en todo el territorio de nuestra entidad federativa, que deberían ser investigados por la Secodam y la PGR, Derechos humanos y Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) y fincarles responsabilidades ante su insensibilidad, abuso, irresponsabilidad y falta de probidad.

El acuerdo de referencia elaborado por autoridades de administraciones del pasado y votado por una cámara con mayoría priísta también tiene lo suyo, vicios de origen que permiten abusos y manejo discrecional de los recursos: en el capítulo de la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones, quienes tienen que efectuarlo son las autoridades de salud de la Secretaría de Salud del estado, es decir son juez y parte, ellos lo reciben e informan de su uso y una vez aprobado por la Cámara de Diputados local no hay delito que perseguir. Los diputados coludidos con o sin su conocimiento, una vez que aprueban la cuenta pública se convierten en delincuentes al parejo de los omisos, esta es tarea urgente de revisar por el cuerpo colegiado que hoy ocupa el Congreso local y que debería inteligentemente hacer valer su mayoría para revisar cuidadosamente estos aspectos de la administración pública que afectan uno de los derechos fundamentales contenidos en la carta magna, como es el derecho a la salud.