Aboga Vicario por el restablecimiento de la justicia

* Es un “plan criminal” contra el PRI para desestabilizar el proceso electoral federal que viene, dice la Fundación Madrazo

El senador de la República Héctor Vicario Castrejón, demandó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) una investigación pronta para esclarecer el crimen del presidente del PRI de Atoyac de Alvarez, Salvador Pino.

En entrevista telefónica, después de haber asistido al sepelio del dirigente priísta en el poblado de Cacalutla, Vicario dijo que su presencia en ese acto luctuoso fue para ser “solidarios con los compañeros del partido”.

Asimismo, reiteró que “hacemos una condena pública por la serie de crímenes cometidos en el municipio, y un llamado enérgico al procurador para que se aboquen a hacer una investigación que permita restablecer la seguridad pública en la comunidad”.

El senador priísta añadió que ese llamado al procurador Jesús Ramírez Guerrero es con el fin “de que se hagan las investigaciones y se puedan sancionar conforme a las leyes a los responsables de ese asesinato”, y recordó que desde 1997 se han registrado en Cacalutla “asesinatos de priístas de manera sistemática”.

Afirmó que entre los ciudadanos de ese municipio “hay consternación e indignación”, y por eso el llamado que se restablezca la justicia.

No obstante, Vicario Castrejón dijo no tener elementos para considerar que en esos asesinatos hubiera una causa política. “Sería muy aventurado dar una opinión en ese sentido. En un asunto de esa delicadeza debe de haber responsabilidad. Creo que hay que tenerle confianza a la Procuraduría de Justicia, de que se haga una investigación y sean llevados ante el juez los responsables.. Sería aventurado decir que tiene tintes políticos”.

De los crímenes anteriores, contó que “estamos en la misma circunstancia. No hay resultados que arrojen que se deban a motivos políticos. Hay que actuar con responsabilidad y dejar que sea la Procuraduría la que haga la investigación. Lo que si pedimos es que haya prontos resultados. Eso no puede esperar más”.

En tanto, a través de un comunicado de prensa, la Fundación Carlos A. Madrazo manifestó su “gran preocupación” por “las agresiones y homicidios de que han sido objeto algunos miembros de nuestro partido”.

En el comunicado firmado por José de la Cruz Mayagoitia, presidente de la Fundación, se añade, sin dar nombres de los casos, que “consideramos que esas acciones pudieran considerarse más allá de la coincidencia, y por el contrario calificarse como parte de la incidencia de un plan criminal en contra de los priístas para desestabilizar el próximo proceso electoral federal”.

Por ello, demandaron la investigación de estos crímenes y “reclamamos la presencia del estado de derecho y la aplicación de leyes”.

Resolver con rapidez el asesinato y los conflictos poselectorales, exige el PAN

Luego de condenar el asesinato del presidente del PRI de Atoyac, Salvador Pino Morales, el delegado estatal del PAN Francisco Rodríguez Otero exigió a la PGJE resolver “con rapidez” los conflictos poselectorales en Apango y Coahuayutla.

A través de un boletín de prensa, Rodríguez Otero ubicó en esos dos municipios brotes de violencia, por lo que insistió en la importancia de que la PGJE actúe de forma inmediata “para que no se cree un clima de intimidación constante en el estado”.

Recordó que el asesinato del líder priísta atoyaquense “se suma a los atentados contra ex candidatos de ese partido”, además de otro que mencionó contra un dirigente de Convergencia por la Democracia en La Montaña”, por lo que pidió a Ramírez Guerrero esclarecer los hechos “no importando quién sea el culpable y castigándolo con todo el peso de la ley”.

Dijo que confía en el trabajo de la PGJE y añadió: “no dudamos que el asesinato del dirigente del PRI se resuelva, así como ya se han solucionado anteriormente varios casos con eficacia por parte de la Procuraduría del Estado, por lo que confiamos que este asesinato no será la excepción y que se agotarán todas las instancias para que el crimen no quede impune”.

Sin embargo, en el siguiente párrafo Rodríguez Otero insistió que la dependencia estatal debería solucionar “no sólo crímenes de personas que ostentan un cargo público, sino también los secuestros que se han dado en Guerrero a políticos, ganaderos, comerciantes y sociedad en general, así como los asesinatos y robos a los guerrerenses”. (Redacción de Aurelio Peláez y Nelly Bello).