Piden feministas apoyo para una mujer de Acapulco que fue víctima de trata de personas en la capital

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La presidenta de la asociación feminista, Camino con alas, Eva García, demandó apoyo institucional para Bernarda García Benito, víctima de trata de personas y despojada de sus documentos personales, y ella a su vez pidió al DIF estatal el traslado de su hija de 12 años de edad, de Chilpancingo al albergue de Acapulco, y que ahí mismo reciban a su hijo de 8, porque no lo puede cuidar y teme que en las calles sea víctima de la delincuencia organizada.
Bernarda García, de 39 años edad, vive con sus padres en una colonia de la periferia de Acapulco, padece enfermedades crónicas que ya se reflejan en su cuerpo frágil, casi en los huesos (según sus cálculos pesa unos 22 kilogramos), y este momento no tiene acceso a los servicios de salud, en el Seguro Popular, porque una mujer que ofreció ayudarla, se los quitó; sin documentos para identificarse tampoco puede visitar a su hija internada en el albergue del DIF en Chilpancingo.
Indicó que la niña fue separada de ella hace un mes, cuando se determinó que fue víctima de violación en el tiempo que Bernarda estuvo en Chilpancingo buscando alguna alternativa para resolver sus problemas. En esta condición de vulnerabilidad y exclusión social, la mujer pidió que el Estado que se encargue de la manutención y educación de sus hijos, pues de niña, Bernarda tampoco recibió una educación formal. En la entrevista admitió que sabe leer “sólo un poquito”.
En las oficinas de la Madeja, una red de organizaciones feministas en la capital, Eva García explicó este caso. Indicó que Bernarda padece osteopenia, anemia, diabetes, y virus de Papiloma Humano; recordó que hace un año recibió un ofrecimiento de la suegra de su cuñada, Anastacia Fuentes Santiago, de que un curandero podría sanarla de “brujería”.
Para esto, le dijo que el curandero cobraba 25 mil pesos, pero a ella, sólo 8 mil,  y Bernarda con 4 mil pesos en la bolsa, prestados, se trasladó a Chilpancingo. En la capital,  Anastacia le recomendó pedir el resto de dinero en una Casa de Empeño, donde sólo le dieron 3 mil pesos, mismos que entregó a Anastacia en el momento que los recibió.
Debido a que recibió alojamiento en casa de Anastacia, ésta la orilló a pedir limosna en las calles de Chilpancingo, para cubrir los gastos del curandero. Bernarda estimó que durante siete meses recibió por limosnas entre 150 y 200 pesos diarios que entregó íntegramente a la mujer. Incluso dijo que sólo comió lo que por caridad las personas le ofrecían en la calle.
Después llevó a sus dos hijos a Chilpancingo, y el menor fue obligado por Anastacia a recoger material de reciclaje en las calles; mientras la niña fue utilizada para acusar falsamente a un hombre de violación, con la intención de despojarlo de un terreno.
En el proceso legal, un perito del Ministerio Público determinó que la niña sí había sido violada pero tiempo atrás, y en consecuencia le retiró la patria potestad a Bernarda.
Con este hecho, Bernarda exigió sus documentos personales de ella y sus hijos, que Anastacia ofreció cuidar; sus actas de nacimiento, póliza del seguro popular, carnet de citas, credenciales del programa Oportunidades, pero se negó porque Bernarda ya no quiso seguir pidiendo limosna.
Con el respaldo de la madeja, comenzó un proceso legal para recuperar su identidad y sus derechos, a los que por ley tiene derecho, pero no ha tenido acceso.
Eva García informó que estaban en proceso de una denuncia por sustracción de documentos personales y lo que resulte, porque admitió que el abuso hacia Bernarda se podría catalogar como trata de personas.
Sin embargo, dijo que no había podido notificarla legalmente sobre el inicio del procedimiento a Anastacia, porque cuando acudieron con una patrulla de la Policía Municipal a entregar un citatorio, no se encontraba en su casa y sus vecinos se negaron a recibirlo “porque consideraron que es una mujer de cuidado”.