Cesan a 160 policías estatales por enfermedad y no les dan una liquidación justa, denuncian

Jesús Saavedra

Chilpancingo

Policías estatales que están incapacitados a consecuencia de su propia labor y quienes padecen enfermedades degenerativas, que fueron cesados de forma “injustificada”, exigieron una audiencia con el gobernador, Ángel Aguirre Rivero para demandarle que les ayude y les paguen “lo justo” por los años que dieron de servicio.
Este miércoles José Julián Ramírez Solano, abogado de 48 policías estatales que fueron cesados porque están incapacitados físicamente (a consecuencia de accidentes o heridas en el cumplimiento de su labor) y con enfermedades degenerativas (diabetes en su mayoría), ofreció una conferencia para denunciar que desde hace un año están solicitando una audiencia con Aguirre Rivero y que se les ha negado.
En la conferencia estuvieron presentes el policía Epifanio Castro Ponce, quien tenía 17 años de servicio y fue cesado por un accidente que tuvo en servicio; también el policía Celso Villano Serafín con 22 años de servicio y que fue cesado luego de una herida de bala que recibió y que también lo dejó incapacitado para su labor; además del ex comandante Silvino Catalán Guevara con 17 años de servicio, dado de baja por diabetes.
Ramírez Solano explicó que tiene conocimiento de que hay más de 160 policías estatales cesados y que como representante de un grupo de afectados por esas determinaciones administrativas, ha solicitado desde hace más de un año una audiencia con el gobernador, “hemos hecho la petición en su oficina particular, también al secretario de Gobierno, Humberto Salgado, y nos canalizaron con el subsecretario del Trabajo, José Gilberto Cuevas, quien no nos dio respuesta hasta marzo, sólo me dio largas desde hace un año y nos dio un oficio en donde nos dice que no puede apoyarnos en nada”.
Explicó el caso del ex comandante Silvino Catalán a quien dijo que lo convencieron de que presentara su renuncia voluntaria “por su edad avanzada, además que padece de diabetes, no cuenta con secundaria y los dieron de baja de forma voluntaria, con la promesa de apoyarle con un finiquito y el pago de todas las prestaciones por sus años de servicio y al final le informaron que sólo le corresponden 52 mil pesos de tres meses de salario, cuando en promedio le correspondería más de 200 mil pesos”, aseveró.
Denunció que a los policías cesados les omiten prestaciones laborales, los convencen para que renuncien de forma voluntaria porque no tienen secundaria, están enfermos, justifican que no hay presupuesto y solicitamos audiencia porque fueron despedidos, dados de baja porque por su condición no pudieron ir a su trabajo a pesar de estar respaldados con documentos médicos para justificar su ausencia, pero el Consejo de Honor y Justicia los sometió a proceso y a pesar de las pruebas médicas por sus riesgos de trabajo o por padecimientos físicos degenerativos, los dan de baja por incumplimiento de servicio”.
Recordó que cuando Aguirre Rivero era candidato a gobernador en 2010 sostuvieron un encuentro en el salón La Curva donde “se comprometió a apoyarlos, lo hemos buscado de forma adecuada pero no nos han atendido, ya pasó más de un año y no dan respuesta a esta solicitud de audiencia y le pedimos que cumpla con este compromiso de campaña con policías incapacitados”.
Consideró que en Seguridad Pública, “existe mucho personal operativo comisionado en calidad de administrativos, por eso no hay policías en operativo, están comisionados sin realizar ninguna actividad, en calidad de aviadores, les pedimos audiencia; estamos en este grupo de policías que fueron cesados de forma injustificada y hay en promedio más de 160 policías en esta situación, el resto tiene sus representantes legales, sabemos que el otro grupo ya solicitó la audiencia”.
Agregó que los policías afectados que representa acudieron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) a solicitar un amparo que les fue otorgado contra esa medida administrativa “a efecto que se les reinstale pero la Contraloría de Seguridad Pública presentó un recurso de revisión, pero se supone que debe haber una negociación porque se demuestra que no incurren en una irresponsabilidad, les dan de baja y sin respetar sus derechos laborales”.
Ramírez Solano añadió que todos los policías cesados, “tienen suspendidos sus salarios están endeudados, les quitan el ISSSTE y hay  dos personas que ya fallecieron lamentablemente y que por respeto a sus familias no ventilo los nombres”.
Finalmente convocó a los policías activos “a que les den respaldo porque en un futuro eso les va a pasar, a los que tienen riesgo de trabajo o tienen enfermedad degenerativa lo mismo les va a ocurrir”.
Finalmente denunció que la empresa encargada de pagar los seguros por incapacidad a los policías que han sido heridos o que hayan tenido un accidente en servicio, “la aseguradora Hir no quiere pagar los seguros por incapacidad, anteriormente la empresa Atlas sí pagó a los agentes que están en esa situación y eso es lamentable”.