Se desiste Finanzas de requerimientos fiscales contra restauranteros morosos

Nelly Bello * Dentro de la política de “flexibilidad” del nuevo gobierno municipal, el secretario de Administración y Finanzas, Fernando Aragón Gómez aceptó negociar con restauranteros la eliminación de “requerimientos fiscales” que tenían iniciados algunos establecimientos con venta de bebidas alcohólicas por no estar al corriente en el pago de sus licencias de funcionamiento.

Entrevistado el lunes en su oficina, Aragón Gómez dijo que revisó y aclaró “en todos sus términos” los casos de contribuyentes morosos de este impuesto que representaban 20 por ciento del padrón total.

La revisión determinó que lo que detenía la regulación de los empresarios era el requerimiento fiscal que comenzó la anterior administración, por lo que “vimos la intención de pago y se eliminó el requerimiento fiscal para que no tuvieran mayor coerción en ese sentido, desatamos un procedimiento administrativo que facilita el pago a los contribuyentes”, dijo.

La mitad del 20 por ciento que adeudaba, atendió sus adeudos y regularizó su establecimiento, señaló.

Aunque el funcionario se negó a aceptar que dio descuentos de hasta un 80 por ciento a representados de la Canirac, como informó su presidente, Alfonso Salcedo Cobos, aceptó que detuvo el procedimiento administrativo de cobranza.

De acuerdo con el Código Fiscal cuando un empresario incumple, la Dirección de Ingresos a través de la Dirección de Fiscalización envía una notificación de pago, que especifica la multa y los recargos que generó la falta. Si el restaurantero omite la respuesta a la notificación por escrito, Fiscalización envía un notificador que insiste en el pago al ayuntamiento, la participación de esta persona ya genera gastos de ejecución.

Aragón Gómez no aclaró si la detención del procedimiento fiscal, significó también la omisión del pago de multas y recargos pues al preguntarle dijo que “lo importante es que estando al corriente, en las condiciones que estuvieran, pagando la totalidad del adeudo o no, se goza del descuento para el 2003 y eso es importante”.

–¿Hubo o no descuentos?

–No hubo ningún descuento. Lo que sí hubo fue una consideración en el procedimiento administrativo, cuando un contribuyente no paga se le requiere fiscalmente generando nuevas contribuciones, en ese sentido lo que hicimos fue detener ese procedimiento.

–¿Equivocó Alfonso Salcedo el beneficio que le daba el ayuntamiento, al que llamó canonjía?

–Alfonso Salcedo no tuvo ningún tratamiento especial, como líder de la Cámara tuvo que cumplir con sus obligaciones y usted lo puede comprobar.

El Código Fiscal vigente establece que el secretario de Finanzas puede, como autoridad fiscal, cancelar multas y gastos de ejecución, pero solo el presidente municipal puede rescindir los recargos que generó el incumplimiento de pago. El único resquicio legal, que tendría Aragón Gómez es un acuerdo delegatorio que tenga la firma del alcalde y la del secretario general, así como la aprobación del bildo.

El alcalde Alberto López Rosas, entrevistado el pasado 27 de diciembre, aseguró que las decisiones de su administración estaban basadas en disposiciones normadas por la administración que encabezó Zeferino Torreblanca Galindo.

Pero de acuerdo con empleados de Fiscalización que pidieron omitir sus nombres para evitar represalias, dijeron que los acuerdos delegatorios de la pasada administración tenían vigencia hasta el 30 de noviembre del 2002 y el único documento con el que se podía regir la nueva administración durante diciembre era la Ley de Ingresos, que no establece descuentos en recargos y multas.

Cambios en la Ley de Ingresos del 2003

Por reproches de restauranteros, el secretario de Administración y Finanzas modificó algunos aspectos en el cobro de licencias de funcionamiento de la Ley de Ingresos “para evitar su inconstitucionalidad”.

El año pasado, empresarios afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) se ampararon, alegando que la Ley de Ingresos 2002 incluía cobros inconstitucionales, pues al igual que la Secretaría de Hacienda federal, pretendía cobrar la licencia con base en el número de empleados y el tamaño del establecimiento. Sin embargo, el fallo fue contrario a los restauranteros y a favor del ayuntamiento.

Entrevistado el lunes en su oficina, Aragón Gómez explicó que el factor que eliminaron del cobro fue el número de empleados porque “parecía confuso y elevaba un poco las cantidades”, pero en la comparación de cobranzas de este año con el pasado, la disminución es por el descuento que aprobó el Congreso del Estado.

De acuerdo con el funcionario municipal, este año una licencia para restaurante con venta de bebidas alcohólicas pagará 9 mil 600 en promedio y en el 2002 pagó la misma cantidad, pero insistió en las cuentas alegres para los empresarios por el descuento.

En la nueva Ley de Ingresos, el ayuntamiento cobra por el tamaño de los negocios y la zona económica de ubicación, que los empleados multiplican por un determinado número de salarios mínimos y refleja la cantidad a cobrar.

Aragón Gómez aseguró que algunos rangos para misceláneas tendrían 0 por ciento en pago de licencia y las discotecas y centros nocturnos tendrían un costo de hasta 39 mil pesos anuales “que es un pago económico todavía”, dijo.