Apoya sección del SUSPEG a empleada acusada de participar en robo de dinero

Ossiel Pacheco * Trabajadores y dirigente de la sección 35 del SUSPEG se manifestaron ayer en el Palacio Municipal del parque Papagayo en respaldo a la secretaria Elideth Pérez de Jesús, de la Dirección de Alumbrado Público, quien fue detenida y –denunciaron– torturada la mañana del viernes pasado por agentes de la PJE adscritos al Ministerio Público de Barrios Históricos, para obligarla declararse culpable del robo del dinero destinado al pago del aguinaldo de nueve trabajadores de esa dependencia.

Pérez de Jesús se presentó en el Palacio Municipal, acompañada de familiares y unos 60 trabajadores afiliados a la sección 35 del Sindicato Unico de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), para demandar al alcalde Alberto López Rosas que el ayuntamiento lleve a cabo una investigación a profundidad de los hechos y deslinde responsabilidades por el robo de 88 mil pesos.

No obstante, el alcalde López Rosas no recibió a la comisión que se encontraba en la antesala de la Presidencia Municipal, sino que los inconformes, que eran dirigidos por el secretario general de la sección 35 del SUSPEG, Ignacio Mejía Trujillo, y la afectada, fueron recibidos en la sala de cabildos por el subsecretario general, Felipe de Jesús Kuri Sánchez.

Pérez de Jesús narró que el viernes pasado a las 8:55 horas de la mañana fue detenida por agentes de la PJE adscritos al MP de los Barrios Históricos, quienes iban vestidos de civil, en la avenida Ejido y Calle 8, quienes no le presentaron orden de aprehensión alguna, sino que la subieron por la fuerza a una camioneta Jeep Grand Cherokee color miel.

Dijo que, vendada de los ojos, fue trasladada a un camino de terracería, donde con bolsas de plástico fue torturada para declararse culpable del robo perpetrado el pasado 20 de diciembre a manos de dos maleantes que asaltaron al contador Arturo Ireta Martínez.

Elideth Pérez, quien es secretaria del director de Alumbrado Público, José Luis Muñoz Pintos, dijo que no fue trasladada a la cárcel, sino que estuvo retenida en el MP de Barrios Históricos, en cuyos sanitarios los judiciales siguieron torturándola. Agregó que le permitieron establecer comunicación con sus familiares hasta las 5 de la tarde del mismo viernes, día en que fue detenida.

Dijo que se declaró culpable para evitar que la siguieran golpeando, y que fue puesta en libertad la noche del domingo pasado a las 10 de la noche.

Aseguró que desconoce quién la inculpó en el robo, pero que el MP dice tener dos testimonios de que ella se reunió con los maleantes antes del atraco.

No obstante, relató que, extrañamente, ese día del robo, el delegado administrativo en Alumbrado Público, Felipe Hernández Alarcón, único facultado para el cobro de la nómina, argumentó que no podría hacerlo y dio motivos personales para ausentarse, por lo que envió al contador Arturo Ireta Martínez, quien fue asaltado apenas cobró el recurso.

Sobre el caso, el alcalde López Rosas dijo que se van a respetar sus derechos, pero que la investigación la hace otra instancia, y que no va a ir más allá de lo que determine el MP. Resaltó que el ayuntamiento no ha hecho acusación alguna contra nadie en particular, y que si en las investigaciones ministeriales se involucra a alguno de sus trabajadores, “eso es ajeno a la autoridad municipal”.

Asentó: “Es nuestro deber jurídico y moral proporcionar al órgano investigador todas las facilidades, todo lo que esté a nuestro alcance para que agote su investigación. Es de interés de este ayuntamiento recuperar el monto de lo sustraído porque es dinero del pueblo; no es dinero del ayuntamiento ni del alcalde”.

Dijo que la empleada podrá reingresar a su trabajo si no tiene responsabilidad ni impedimento, porque “no tenemos que prejuzgar; en el momento en que la investigación nos indique que hay elementos para empezar un proceso, entonces otra cosa sería”.

Kuri Sánchez en la reunión ofreció respetar los derechos laborales de la trabajadora, y dijo que podrá presentarse hoy a laborar normalmente. Ofreció, además, una investigación para esclarecer si los derechos humanos de la acusada fueron violados al ser detenida por agentes de la PJE sin orden de aprehensión.

En cuanto a la demanda de los trabajadores de reponer el aguinaldo sustraído, ofreció pagar de manera inmediata esa prestación a los nueve que se quedaron sin cobrar.