Las pruebas demuestran que no dispararon los ministeriales acusados, dice su abogado

Jesús Saavedra

Chilpancingo

El abogado de los policías ministeriales Rey David Cortés Flores e Ismael Matadamas Salinas, Antonio Nogueda Carvajal, afirmó que si se tratase de una “investigación decente, desde hace tiempo las indagatorias que se siguen contra mis defendidos se hubiesen declarado nulas por las graves inconsistencias, lo pésimo que está integrada la averiguación previa y por las violaciones que han cometido a los derechos de los policías”.
El abogado dijo que las pruebas periciales de radizonato a los 12 policías que estuvieron arraigados salieron “negativas, y las dos ojivas con que cuenta la indagatoria son de un G-3, del que utiliza la Policía Federal”.
Señaló que a petición de él y como testigo de descargo ya compareció por esta averiguación previa el ex subsecretario de Seguridad, Ramón Arriola Ibaría, quien el día del desalojo dijo que el gobernador le ordenó “que limpiara la carretera y la carretera está limpia”.
El ex subprocurador de Justicia en el sexenio de René Juárez Cisneros es el abogado de los seis policías ministeriales que fueron arraigados desde el 18 de diciembre, por su presunta responsabilidad en el asesinato de los dos normalistas de Ayotzinapa.
Ayer lunes se entrevistó con los policías ministeriales Rey David Cortés Flores e Ismael Matadamas Salinas, y los familiares de éstos, en la casa de arraigo donde permanecen.
Cuando salieron de la casa de arraigo, se anunció que el abogado daría información en su despacho después de las tres de la tarde, y así fue.
Ahí, Nogueda Carvajal dio a conocer que el domingo a “las 3 de la tarde nos hablaron de la PGJE para pedir la asistencia nuestra como abogados de los arraigados, en el sentido de que se iba a levantar el arraigo sobre 10 personas, seis de la Policía del Estado, cuatro de la Ministerial; no asistí, asistió personal del despacho y desde el sábado un elemento de nombre Leticia Pinto fue internada en el hospital Anáhuac con la presión elevada y el médico pidió que se internara porque podría sufrir un infarto”.
Agregó que “a esta elemento se le notificó en el hospital y personal del juzgado primero penal les notificó a los restantes elementos ministeriales, que son dos, Matadamas y Rey David, les notificó que hoy (lunes) a las 6 de la tarde serían trasladados de la casa de arraigo a las instalaciones del juzgado primero penal, donde de acuerdo a petición de la PGJE se ampliaría el arraigo por otros 30 días más”.
Dijo que por esta ampliación del arraigo por otros 30 días, “presentamos un escrito al juzgado primero firmado por los dos policías ministeriales, en donde se oponen a la prorrogación del arraigo, argumentando algunas disposiciones de carácter internacional, los organismos internacionales de derechos humanos establecen que ese tipo de arraigo son ilegales”.
Explicó que “la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla de un arraigo hasta por 40 días, entonces si les prorrogan por otros 30 se irían a 60 días, que contraviene lo dispuesto en la Constitución; no hay que confundirse, porque a elementos o presuntos integrantes de la delincuencia organizada sí habla de 40 días y se puede prorrogar por otros 40 días, pero en la Constitución habla de delitos graves, pero se puede arraigar hasta por 40 días”.
Indicó que sus representados “se oponen a ese arraigo”, y se quejó de que la PGJE “les ha dado un mal trato a estos elementos, prueba de ello es que hasta que Leticia Pinto se desmayó, hasta entonces le dieron atención médica; a Rey David lo visita un médico y sólo va y le toma la presión, a tanta insistencia se visitó un medico internista porque es diabético y tiene problemas en los riñones, por eso se ordenaron exámenes médicos, pero es la fecha que no se le practican”, añadió.
Indicó que ha solicitado como abogado “una copia del expediente, hace más de 20 días y no se nos ha dado copia”.
Informó que hasta el viernes de la semana pasada, “en las instalaciones de la PGJE nos prestaron los tomos para revisarlos, pero ahí, y no se nos dio ninguna copia de la averiguación previa. Primero nos prestaron los dos primeros tomos, el tercero y cuarto no quisieron y les dije que iba a traer a un notario público para que diera fe de que se nos estaba negando tener a la vista el expediente, y fue cuando nos prestaron otros dos, pero el tomo cinco no nos lo dieron a conocer”.
Antonio Nogueda reveló que en la revisión de los tomos pudo constatar que en el examen de radizonato de sodio “salen negativos todos los policías arraigados, y también la PGR les hizo examen a las armas para saber si habían sido disparadas recientemente y salen negativas”.
También dijo que en esa revisión, “con lo que vimos, los dictámenes de criminalística de campo, no le da visibilidad a los elementos ministeriales para el lugar donde cayeron los cuerpos de los estudiantes, eso de acuerdo a los dictámenes de la PGJE”.
Antonio Nogueda informó además que a petición de ellos como defensa de los ministeriales, solicitaron la declaración como testigo del ex subsecretario de Seguridad Pública, Ramón Arriola Ibaría, “el general Arriola no había declarado, fue citado, declaró y dice que cuando llega al apoyo, los federales están disparando, que gritó en varias ocasiones que dejaran de disparar porque pretendía dejar una columna de la policía estatal antimotín en medio, entre estudiantes y elementos de la federal, pero no fue posible porque no dejaron de disparar y dice que los ministeriales llegaron al último el día de los hechos”.
También indicó que acudió a declarar el comandante de la Policía Ministerial de la zona Centro y quien estaba a cargo de los agentes que acudieron al lugar el 12 de diciembre, David de Jesús Urquiza Molina, “él da la ubicación de sus elementos donde no hay visibilidad, de donde estaban los federales y estatales. Aparte de la otra declaración que conocen de un testigo identificado como El Diablo, quien es dueño de un taller, que dice que él observó y también en su declaración dice que fueron los federales los que dispararon”.
“Ahora la CNDH dice que ellos hicieron la reconstrucción, en primer lugar eso no puede ser una reconstrucción, porque para hacerlo tienen que ser llamadas las partes que participaron en el hecho, y segundo, ellos andaban con unos maniquís y los acomodaban según ellos partiendo de la ubicación de Rey David y Matadamas para demostrar, según ellos, que los disparos provinieron de ahí, pero un maniquí no se mueve, ese día de los hechos todos andaban en movimiento, ¿cómo poder demostrar cuál era la posición de las víctimas para establecer la posición de víctima y victimario, para establecer el curso del disparo?”, agregó.
Nogueda Carvajal afirmó que “está muy mal integrada la averiguación previa, pésimamente integrada, porque a los elementos de la Ministerial los citan verbalmente y los empiezan a declarar como testigos presenciales de los hechos, posteriormente los pasan en calidad de indiciados”.
Puntualizó que “no les dicen quién los acusa y de qué los acusan, esa es una violación muy grave a sus derechos, según el artículo 20 apartado a) fracción quinta de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y según el artículo 59 del código de procedimientos penales del estado, el cual incluso en su penúltimo párrafo dice que cuando se violan esos derechos, de esas garantías, las actuaciones deben de declararse nulas, eso debe de ser en condiciones decentes de investigación”.
También indicó que en las investigaciones hay dos ojivas que fueron disparadas en los hechos y que hirieron a dos personas, “una que extrajeron del pie de un muchacho, un estudiante de la Normal Rural, y otra a un chofer de un funcionario del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), son dos ojivas de un fusil G-3, eso está en la PGR y no da acceso a nada, esa arma sólo la llevaba la Policía Federal y uno o dos policías estatales”.
Señaló que de lo que tiene conocimiento, es que “algunas armas de los policías estatales salieron positivas, también de los federales, pero no han sido llamados a declarar y eso es lo que sabemos”.