Acusa ganadero de Arcelia a dos jueces de corrupción en la impartición de la justicia

* Pretenden despojarlo de dos céntricos predios en esa ciudad con la ayuda de los jueces Rosalío Barragán Hernández y Gabriel Jiménez Montiel, señala Roberto Salgado

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * El ganadero Roberto Salgado Terán pidió la intervención del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Calvo Sánchez, para que se destituya a los jueces Rosalío Barragán Hernández y Gabriel Jiménez Montiel, así como a sus primeros secretarios quienes cometieron “actos de corrupción” en la aplicación de la justicia.

El ganadero recordó que ya tuvo una entrevista con Calvo Sánchez quien se comprometió a analizar el caso. “Lamentablemente lo único que hizo a finales del año 2001 fue cambiar de Arcelia al juez Barragán y lo mandó al distrito de Mina, pero no resolvió el conflicto”, dijo Salgado Terán.

En entrevista, el ganadero originario de Arcelia explicó que los jueces de primera instancia del ramo civil de los distritos de Mina y Cuauhtémoc, violentaron el procedimiento legal y actuaron a favor de la persona que pretende despojarlo de dos predios urbanos ubicados en el centro de la cabecera municipal: “Por eso estoy demandando un procedimiento honesto si es que le hubiese, y quiero señalar a estos jueces por asumir actos de corrupción en la impartición de la justicia”.

Acusó a quien dijo llamarse Francisca Villalobos de Guzmán, pero que también utiliza los nombres de María Francisca Villalobos Alvarez o Francisca Villalobos Alvarez, de pretender apropiarse de los predios ubicados en pleno centro de Arcelia, aprovechando la amistad que tiene con los jueces Rosalío Barragán y Gabriel Jiménez, “a pesar de que en el amparo federal el juez informa que presentó un contrato simulado”.

Dijo que existe un amparo federal donde quedó demostrado que los predios no estaban inscritos o registrados ante el registro público de la propiedad, y que sus medidas y colindancias no pertenecen a predios urbanos como se manifiesta en la adjudicación pública 2968.

Señaló que los jueces mencionados no determinaron legitimación de la causa, además de que el director del Registro Público de la Propiedad confirmó que los predios no estaban registrados en esa institución y que los folios pertenecían a predios rústicos y que sus medidas y colindancias no coincidían con las escrituras base y que por lo tanto son propiedad privada.

Agregó que extrañamente se presentaron unas escrituras apócrifas ante el notario público número uno de Coyuca de Catalán, Aurelio Ortiz Gutiérrez, “con un supuesto contrato simulado que presentó Francisca Villalobos Alvarez, o Francisca Villalobos de Guzmán, o María Francisca Villalobos Alvarez, por lo que el juez no determinó la personalidad, ni tampoco el notario determinó la personalidad de esta persona”.

Denunció que las escrituras de dichos predios fueron elaboradas por la abogada María del Pilar León Flores. Dijo “que esta juez vino a corromper todavía más al estado de Guerrero, al grado de que el Congreso local le revocó su mandato junto con Miguel Maya Manrique y Jesús Martínez Garnelo, por asumir actos de corrupción al permitir la libertad de Juan Carlos García El Calilla, acusado del secuestro de Oscar Manuel Ibáñez Reyes, hijo del empresario gasolinero Javier Ibáñez”.

Salgado Terán denunció también que Francisca Villalobos se da el lujo de decir que cuenta con el apoyo del nuevo presidente municipal de Arcelia, José Calderón, porque es esposo de Blanca Mireya González, quien funge como la prestamista más grande de ese municipio, y que incluso es la que le prestó dinero para pagar a los abogados: “No hay duda que existe tráfico de influencias que debe de investigar el Tribunal Superior de Justicia”, aseguró.

Insistió que Francisca Villalobos presume que el ex alcalde de Arcelia, Ernesto González Hernández, es cuñado del actual presidente municipal porque es hermano de Blanca Mireya, “por eso se quieren apropiar de las dos casas que tienen 400 metros cuadrados, y la otra 600 metros cuadrados, a pesar de que en años pasados doné 124 hectáreas para la construcción de escuelas, y para las oficinas del Banrural”.

Salgado Terán afirmó que esta es la primera denuncia pública que hace, “y la estoy presentando con el inicio del año ante el Tribunal Superior de Justicia, aunque en Arcelia hemos presentado siete denuncias en contra de los jueces Rosalío Barragán Hernández y de Gabriel Jiménez Montiel, y de sus compinches que son sus secretarios, Carlos Galán Ramírez y René Recamier Castro en el distrito de Mina; y Pedro Damián Sánchez, y Petra Jiménez Zamudio, en el distrito de Cuauhtémoc”.

Por otro lado, indicó que apenas en noviembre volvieron a dialogar con el presidente del Tribunal Superior, Raúl Calvo, y comentó que se iba a analizar nuevamente el caso. Informó que “a los jueces antes mencionados se les denunció penalmente ante la agencia del Ministerio Público, el 2 de diciembre del año pasado (2001), y tampoco se hizo nada”.

Lamentó que en Guerrero impere la impunidad porque no se actúa pese a que presentó la documentación correspondiente, incluido el amparo federal en donde se señala que el juez violó todo procedimiento y falló parcialmente a favor de la parte actora, “lo que significa que en nuestra entidad hay corrupción en la impartición de justicia”.

Dijo que también presentaron las demandas de nulidad correspondientes ante ese mismo juzgado, de la escritura 4225 y de la 4226, el pasado 21 de agosto del año 2002, que “se le entregaron al juez de primera instancia del ramo civil, Gabriel Jiménez, pero tampoco hubo respuesta, al contrario hubo actos de corrupción”, expuso.

Manifestó que en este caso se violó todo el procedimiento, y todas las facultades: “Se nos dejó en estado de indefensión, debido a que los jueces maniobraron de manera tramposa y corrupta como lo determinó el amparo federal otorgado desde el 10 de octubre del año 2000, y desde entonces hemos estado peleando, pero aunque tuviéramos los mejores abogados, difícilmente con ese tipo de corruptos jueces podríamos ganar ese pleito”.

Salgado Terán mencionó que en los dos últimos meses del año pasado envió dos oficios al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Calvo Sánchez, en el primero del 26 de noviembre del año 2002, protestó por el abuso de autoridad cometido por los jueces y secretarios antes mencionados.

En ese oficio, recalcó, “le informe al magistrado presidente Raúl Calvo, que las escrituras que se elaboraron en la notaría número uno de Coyuca de Catalán eran apócrifas, y que tampoco se habían estudiado de forma oficial ninguno de los dos juicios civiles reivindicatorios: 20/98-I, y 20/98-II, además de que los predios no se registraron en la dirección del Registro Público de la Propiedad como lo corroboró su director Javier Pulido Galindo, y como lo menciona el amparo federal, ya que los folios pertenecen a predios rústicos, por lo tanto sigo siendo dueño de los predios y por eso presenté demanda penal en contra de los jueces de los distritos de Cuauhtémoc y Mina, a quienes se les debe aplicar el artículo 110 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado”.

Finalmente, anunció que en estos primeros días del año, si el magistrado Raúl Calvo no atiende su petición de justicia solicitará una audiencia con el gobernador René Juárez Cisneros, “a él le voy a pedir un juicio justo y honesto, y le voy a hacer saber que la Tierra Caliente está sedienta de justicia y repudia la simulación, la impunidad y la corrupción en la que incurren algunos servidores públicos”.