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Denuncian vecinos de Cerrito de La Laguna que el gobierno estatal pretende desalojarlos

 

Redacción

Vecinos de Cerrito de la Laguna, en la colonia San Isidro, denunciaron que unas 300 personas viven con temor porque hace cuatro días se enteraron de que el gobierno del estado, la ex comisaria ejidal de Pie de la Cuesta, María de los Ángeles Ramírez Montejo, y personas armadas pretenden desalojarlos en los próximos días y de forma violenta del predio que compraron a la familia Terán y han ocupado desde hace unos 14 años.
“Nuestra preocupación es porque hay rumores de que no nada más quieren entrar con la fuerza pública, sino también con gente armada y dicen que están reuniendo gente porque nos quieren sacar a la fuerza”, expresó el vecino Antonio Corona García.
Pidieron al gobernador Ángel Aguirre Rivero, a la Codehum y al Ayuntamiento “que impidan este desalojo”, y los hicieron responsables de cualquier cosa que pudiera ocurrirle a los habitantes si se realiza de forma violenta y abusando del poder, porque aseguraron que no abandonarán sus viviendas ya que no tienen otro lugar a dónde ir y quieren que se revise el litigio “viciado”.
El 16 de julio se informó que el ejidatario Ángel Terán Diego denunció que la entonces comisaria pretendía despojarlo del terreno de 11 hectáreas para venderlo a la iniciativa privada, que después de un litigio de 20 años el Tribunal Unitario Agrario (TUA) falló a favor de la comisaría ejidal, y acusó al coordinador del Ejecutivo estatal, Humberto Salgado Gómez, de apoyar a la comisaria para que obtuviera las tierras.
Sin embargo, el 2 de agosto, la comisaria Ramírez Montejo pidió la aplicación del fallo del TUA para recuperar las 11 hectáreas de uso común que tiene en posesión la familia Terán desde hace 40 años, cuando comenzaron a ser rentadas por el abuelo de Terán Diego, y acusó que la ex diputada perredista María de Lourdes Ramírez Terán los manipula para aferrarse al predio habitado por 30 familias, y negó que el gobierno estatal estuviera involucrado.
Ayer, en una visita a la Redacción de El Sur, cinco habitantes explicaron que están preocupados porque hace tres días algunas personas recibieron una notificación de desalojo pero no tiene fecha, e insistieron en que son terceras personas perjudicadas porque ellos pagaron unos 20 mil pesos por los terrenos que miden 20 metros de largo por 20 de ancho y la comisaria debe buscar un acuerdo con ellos.
Baltazar Benavides Robles, de 55 años de edad, contó que compró su terreno hace 14 años a la familia Terán porque desde niño sabía que el cerrito con vista a la laguna de Coyuca era de ellos, que nunca fue de uso común porque debían pedir permiso para entrar porque estaba alambrado, e inclusive los habitantes tiene los recibos de pago.
Aseguró que actualmente unas 300 personas habitan el terreno en casas hechas de concreto y madera, pero que desde hace más de 20 años el ejido “ha pretendido posesionarse de ese predio” y consideró que hubo irregularidades en el fallo del TUA, “algún vicio”.
Dijo que hace aproximadamente un mes y 20 días, sin notificación previa, un actuario del TUA, policías estatales y maquinaria pesada trataron de meterse al predio pero los habitantes lo impidieron porque no sabían de la resolución.
Baltazar Benavides agregó que hace tres días algunos vecinos recibieron una notificación del desalojo que no tiene fecha para su realización, por lo que temen que se realice de forma violenta afectando a las mujeres embarazadas, niños y adultos mayores que ocupan el predio porque “no tienen, pues, dónde vivir”.
Afirmó que lo que quieren es que se revise el “proceso que creemos que está viciado de antemano” y pidió que la Codehum los apoye o “por lo menos se pronuncie” porque consideran que sus derechos humanos están siendo violentados.
Por su parte, Corona García insistió en que están preocupados porque entre los 300 habitantes hay muchas familias con menores de edad, adultos mayores y madres solteras, y llamó a las autoridades a que intervengan ante los posibles hechos violentos.
Dijeron que además de la ex comisaria ejidal, la nueva comisaria, a quien solo conocen con el nombre de Calixta y fue designada a inicios de este mes, también busca desalojarlos pero señalaron que quien encabeza las acciones es Ramírez Montejo.

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