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Exige la Policía Rural la vigilancia militar en la sierra del Filo Mayor para evitar las extorsiones

Desde que se fueron los soldados, el jueves 21 de agosto, se incrementó la violencia en la carretera de Xochipala a Casa Verde, y en la carretera federal hacia Iguala, informan. Llaman al alcalde Mario Alberto Chávez a que se una a sus comisarios

 

Lourdes Chávez

Los Morros, Leonardo Bravo

Los 18 pueblos de la sierra de Filo Mayor que se organizaron para tener una Policía Rural exigieron la reinstalación inmediata del campamento de los soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que estaba permanentemente en la localidad de Xochipala, y que se retiró hace una semana sin una explicación.
Además solicitaron otro retén de militares en el crucero de Casa Verde (puerta a la sierra de Filo Mayor), en la carretera federal Chilpancingo-Iguala, para evitar las extorsiones de grupos delictivos y de la Policía Federal, pues el lunes se informó que en ese lugar, agentes federales le quitaron con amenazas 70 mil pesos a una familia, y trascendió el secuestro de pasajeros y un chofer de una Urvan de la ruta de Tlacotepec, que fueron liberados este jueves.
En las oficinas de la Unión de Comisarios por la Paz y el Desarrollo de la Sierra, el presidente de la organización, Ismael Cástulo Guzmán informó que al siguiente día de la salida de los militares de Xochipala -el primer pueblo de la sierra al subir por Casa Verde-, pidieron al secretario general de Gobierno Jesús Martínez Garnelo que gestionara el regreso del campamento que no se había movido durante años.
Asimismo, indicó que el lunes insistieron ante el general de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, porque desde que se fueron los soldados, el jueves 21 de agosto, se incrementó la violencia en el tramo Xochipala-Casa Verde, y en la carretera federal hacia Iguala.
Dijo que los pueblos resolvieron esperar una semana la respuesta de las autoridades, mientras la Policía Rural, que ahora llaman Fuerza Rural para diferenciarla de las corporaciones estatales, instala retenes en Casa Verde, con el respaldo de la población.
Advirtió que si ningún orden de gobierno los apoya van a bajar unos tres mil pobladores de la sierra a una marcha por la paz en Chilpancingo el jueves 4 de septiembre, y se van a manifestar en las plazas públicas.
Indicó que antes, el martes 2 de septiembre, tienen programada una reunión con Martínez Garnelo sobre temas pendientes de la Policía Rural, que no ha recibido radios de comunicación, chalecos antibalas, otras diez patrullas acordadas y más armamento.
Explicó que las comunidades han insistido en que al menos, la mitad de las armas de la Fuerza Rural sean rifles AR-15, y el resto escopetas –con las que ahora hacen sus recorridos-, pero “es un tema que no se ha podido resolver”.
Los policías rurales tampoco reciben viáticos, porque su jurisdicción es únicamente dentro de sus comunidades, así que los vecinos de los 18 pueblos se están turnando para llevarles comida al retén que instalaron en Casa Verde.
Hace dos días se instaló el retén de la Policía Rural en el crucero de Casa verde para resguardar la ruta Chilpancingo-Filo de Caballos, y en los pueblos donde tiene influencia la organización de los pueblos adherida a la Policía Estatal.
Desde temprano se observó que en esta ruta se reanudó el servicio de transporte público, y después de las tres de la tarde se confirmó que las Urvan de Chilpancigo a Tlacotepec también reanudaron el servicio.
Cástulo Guzmán reiteró el llamado a los pueblos de Iguala, Zumpango y Chilpancingo que no están organizados, así como a los de la parte alta de Heliodoro Castillo a unir fuerzas contra la inseguridad.
Afirmó que los 18 pueblos organizados entre Xochipapa y Yextla van a apoyarlos cuando lo necesiten, pero sólo por los integrantes de su movimiento estarían dispuestos a arriesgar hasta la vida.
Insistió en que necesitan una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, que están solicitando desde el año pasado cuando los pueblos se armaron ante la inseguridad, y se acordó con el gobierno estatal la conformación de la Policía Rural, la alternativa oficial para regular a los movimientos de autodefensa, para que se reconozcan sus demandas.
Aunque estimó que al Ejecutivo “parece que no le gusta nuestra organización, pero nosotros ya no queremos más muertos, nos preocupan nuestras familias que ya no deben de sufrir estos espantos, estos desmadres que están corriendo. Nosotros como serranos queremos que esta chingadera se acabe, que los niños vivan tranquilos, felices aunque pobres, no nos importa tanto el dinero (ni) si seguimos siendo marginados del gobierno”.
Recordó que la Unión de Comisarios pretende evitar eventos de violencia en su ruta de trabajo, porque hasta ahora los más afectados han sido vecinos de Tlacotepec, y en este sentido llamó al alcalde Mario Alberto Chávez Carbajal a que se una a sus comisarios.
Sin embargo, reconoció que los presidentes municipales de las localidades donde tienen influencia, Tlacotepec, Chichihualco y Zumpango, no tienen interés en la Unión de Comisarios, sólo se han acercado para hacer “grilla política”.
“Nosotros queremos hacer un frente a ese asunto, que no nos utilicen nada más para el voto, sabemos que los alcaldes ya quieren ser diputados, que gente civil busca la alcaldía, pero no apoyan a los pueblos, todo quieren llevárselo a una campaña”.
El comisario de Yextla, del municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) Socorro Nájera, y la comisaria de Xochipala, municipio de Eduardo Neri, Leticia Carreto Camargo, expresaron su preocupación porque la ruta a las cabeceras municipales se volvió muy insegura.
El comisario de La Escalera, Martín Cuenca, indicó que ésta es una de las comunidades más abandonadas desde que se supo de la retirada del Ejército y del incremento de secuestros y extorsiones, los maestros dejaron de dar clases y el médico que estaban solicitando, tampoco va a querer subir a dar servicio a la localidad.

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