Cronología del conflicto en 2004 Bloqueos y protestas, y encarcelamientos y amenazas contra opositores a La Parota

A dos años de anunciado, el proyecto hidroeléctrico es aún incierto, porque la inconformidad se mantiene. La CFE obtuvo la aprobación de la Manifestación de Impacto Abiental, y acercó a sus posiciones a una parte de los comuneros a cambio del ofrecimiento de obras

Karina Contreras

En 2004 el conflicto por el proyecto de la presa La Parota se manifestó con la detención de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por parte de campesinos opositores a la obra, así como encarcelamiento y amenazas de muerte a los dirigentes de su movimiento. Después de dos años de anunciado el mega proyecto, su construcción es aún incierta, la oposición a él se mantiene, aunque algunos grupos que participaban en él se acercaron a las posiciones de esa empresa paraestatal.

El gobernador dice que no se hará sin la aceptación de los campesinos

El 9 de enero, el gobernador René Juárez Cisneros se reunió con opositores a la presa y con funcionarios de la CFE, pero la junta terminó sin acuerdos.

Juárez Cisneros dijo que habrá diálogo, siempre y cuando la empresa cubra los adeudos históricos que tiene por la construcción de otras presas como El Caracol, La Venta y Valerio Trujano.

También el gobernador dice que el proyecto no puede llevarse a cabo si no hay consentimiento de parte de los campesinos.

Desde principios de año, la CFE empieza una campaña de información para buscar adeptos al proyecto, y el 12 de enero invita a regidores de Acapulco a visitar la presa El Cajón, en Nayarit, a fin de que constaten los beneficios que dejó en las comunidades.

El 15 de abril, en una reunión en Casa Guerrero –la residencia del gobernador en Chilpancingo– con una mayoría de líderes priístas, alcaldes de los municipios afectados, funcionarios de la CFE, pero sin la asistencia de los opositores, se acuerda hacer una asamblea ejidal para someter a votación el proyecto. Se estableció que sería el último intento de lograr la aceptación de la presa, y de lo contrario ésta se cancelaría.

El 22 de abril, los opositores al proyecto lograron llegar hasta el presidente de la República, Vicente Fox Quesada, cuando visitó el puerto para clausurar el Tianguis Turístico, a quien le explicaron la situación. Allí el mandatario les pidió que no “se cierren” a la construcción de la presa, pues es un beneficio para el estado y el país. También dijo que la CFE debe respetar a los comuneros.

La asamblea impugnada

Tres días depués del diálogo con el presidente, el 25 de abril, en una asamblea ejidal de 12 minutos, campesinos de 22 pueblos integrantes de los Bienes Comunales de Cacahuatepec acuerdan permitir a la CFE que continúen los estudios preliminares de la presa.

La asamblea fue señalada como amañada y plagada de irregularidades por los opositores, pues en ella no se pasó lista para verificar que hubiera el 50 por ciento más uno como lo marca la ley agraria. A esa asamblea acudieron unas 2 mil personas y no las 3 mil 60 requeridas para que tuviera validez.

Debido a que se esperaban ataques de los comuneros, el lugar de la asamblea fue resguardado por 300 policías motorizados, preventivos y comunitarios.

El grupo opositor, encabezado en ese momento por Gumersindo Joaquín Prudencio –quien después llegó a acuerdos con la empresa para retirar el bloqueo que mantuvieron más de un año en La Tolva– amenazó con no permitir el paso de los empleados de la CFE para hacer los estudios preliminares, y con impugnar la asamblea.

Dos días después, el coordinador de Proyectos Hidroeléctricos, Humberto Marengo Mogollón, advertía a los campesinos inconformes que si agredían a sus trabajadores utilizarían todo el despacho jurídico de la empresa contra ellos.

El funcionario defendió la reunión del 25 de abril, pues aseguró que todo fue legal y las convocatorias fueron lanzadas en tiempo y forma. Anunció que los trabajos reiniciarían y estarían terminados en unos cuatro meses.

El 20 de junio, los opositores, apoyados por organizaciones sociales, hicieron un nuevo plantón en Agua Caliente con la intención de que los empelados de la CFE no entren a la zona. Después este plantón se unió al de San Isidro Gallinero.

La retención de funcionarios de la CFE

El 24 de junio, dos meses después de que se efectúo la asamblea del 25 de abril en la que se aprobó que siguieran los estudios preliminares, los opositores acudieron con la magistrada del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41, Luz Mercedes del Carmen López Díaz, para solicitar su anulación, con el argumento que se llevó fuera de los principios de la ley agraria.

El documento va respaldado por más de mil 500 firmas que rechazan la presa.

El 29 de junio, trabajadores de la CFE son retenidos algunas horas por comuneros opositores, luego de que intentaron ingresar con maquinaria al área en conflicto; con ellos se quedan dos camionetas Ram.

El empelado de la paraestatal, Jaime Gutiérrez Tejada, es liberado luego de que firma una minuta en la que se comprometía a sacar toda la maquinaria a la brevedad posible.

El empleado informa que la maquinaria era para la construcción de un puente y una iglesia, como parte de los acuerdos con uno de los dirigentes opositores, Gumersindo Joaquín Prudencio.

Por primera vez se supo que el dirigente –que antes formaba parte del movimiento opositor– había negociado obras a cambio de los estudios preliminares de la presa.

El 2 de julio nuevamente es interceptada maquinaria de la CFE cuando entraba por San Isidro Gallinero, con el apoyo del ex dirigente opositor Gumersindo Joaquín Prudencio y personas de San José Cacahutepec.

Dos líderes detenidos

En un intento de acercamiento, el 8 de julio el gobierno del estado llama a los opositores al diálogo, pero éstos no acuden porque sólo se invitó a los portavoces, y aseguraron que no caerían en el juego como Gumersindo Joaquín Prudencio.

El 12 de julio, los opositores acuden a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para exigir que se muestre a la opinión pública la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto que presentó la CFE a esa dependencia, pues consideran que nunca se hizo dicho estudio y que la empresa falseó la información.

Dos días después de la petición, la Semarnat, en su sitio de Internet, publica la MIA del proyecto.

El jueves 22 de julio, la empresa publica una página completa en los medios de información locales sobre la situación de la presa La Parota, y pide a los tres ámbitos de gobierno su apoyo para “garantizar el libre tránsito del personal y la maquinaria que se requiere para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos”.

En ese mismo documento informaban que la detención de su trabajador en un plantón de los opositores había sido denunciada ante la autoridad correspondiente porque no podía permitir que se violara el Estado de derecho.

Cuatro días después de publicado el escrito, el 26 de julio, fue detenido por policías judiciales el portavoz de los opositores, Marco Antonio Suástegui Muñoz, y acusado de los delitos de privación ilegal de la libertad contra el empleado de la CFE, Jaime Gutiérrez Tejada, aunque en el hecho Suástegui Muñoz no estuvo presente.

El dirigente fue encarcelado en el penal de Acapulco y puesto a disposición del juzgado sexto.

Dos días después, el 28 de julio, fue aprehendido también el campesino opositor de Agua Caliente, Francisco Hernández Valeriano, por los mismos delitos que Suástegui Muñoz y también fue recluido en el penal.

Em respuesta al encarcelamiento de los campesinos, los opositores se movilizan para exigir su libertad, y denuncian que fueron aprehendidos injustamente e ilegalmente.

El 29 de junio, en una asamblea urgente los opositores aceptan que ingrese la maquinaria de la CFE para ejecutar las obras sociales que esta empresa se comprometió a hacer en los pueblos, y llaman a los tres ámbitos de gobierno y a la CFE para negociar la libertad de sus compañeros presos.

Organizaciones nacionales e internacionales llaman al gobierno del presidente Vicente Fox a detener la represión contra los opositores a La Parota.

Negocia el gobierno la libertad de los opositores presos

En un intento de acercamiento, el 4 de agosto el gobernador Juárez Cisneros, la CFE y los opositores sostienen una reunión donde se comprometen a que a cambio del libre paso a La Parota, la CFE gestionará la libertad de los opositores y retirará las órdenes de aprehensión que se habían girado por el mismo motivo contra ocho comuneros.

Dos días después de esa reunión, los opositores Marco Antonio Suástegui y Francisco Hernández, luego de permanecer 10 días en el penal, fueron liberados en forma provisional luego de pagar una fianza de 15 mil pesos. Al mismo tiempo los opositores entregaron las camionetas que fueron detenidas con el empleado de la CFE.

El 13 de agosto vuelven a la mesa del diálogo los involucrados, pero no hay acuerdos porque los comuneros exigen que se cancelen de las órdenes de aprehensión.

Reanudan el bloqueo

El 19 de agosto se vuelven a reunir funcionarios estatales, representantes de la CFE y los opositores, pero no hay acuerdos.

Allí el residente de Asuntos Sociales, Víctor Hugo Chávez, llevó a la mesa la propuesta de la cancelación de las órdenes de arresto de los líderes del movimieto a cambio de que los comuneros permitan los estudios preliminares de la presa.

Los comuneros opositores reanudan el bloqueo del paso a las camionetas de la CFE en respuesta a la negativa de la empresa a retirar las órdenes de aprehensión.