La PGJE no investiga e intimida a familiares de desaparecidos, denuncian

*Los funcionarios minimizan y ocultan expedientes, y los policías ministeriales y municipales encubren los delitos

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En el Día Internacional del Detenido Desaparecido, integrantes del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero y el Taller de Desarrollo Comunitario denunciaron que la Procuraduría General de Justicia del Estado distorsiona las investigaciones para darle la vuelta a su demanda principal, dar con el paradero de sus hijos, esposos y hermanos desaparecidos.
Con una actividad cultural en el zócalo de la ciudad, frente al Árbol de la Dignidad, donde tradicionalmente realizan sus protestas, recordaron a las autoridades que su exigencia sigue vigente.
Reiteraron que los encargados de impartir justicia siguen manejando discrecionalmente sus casos, no hacen investigaciones de forma seria y los fiscales regionales y de delitos graves y ministerios públicos “actúan extrañamente, distorsionando los hechos, atemorizando, intimidando, incriminando  y desalentando a los familiares de las víctimas”.
Aseguraron que los funcionarios responsables de impartir justicia integran actas administrativas en lugar de averiguaciones previas, para minimizar y ocultar los expedientes de personas desaparecidas.
Asimismo, los policías ministeriales y municipales, que conocen y están relacionados con el medio donde ocurren los hechos, no realizan investigaciones ni aportan elementos para localizar a los desaparecidos, “más bien los encubren”.
También se refirieron a los poderes del estado, que deliberadamente ignoran su responsabilidad, perpetuando la impunidad y la violación a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares.
Cuestionaron los programas de seguridad que anunciaron “con bombo y platillo” el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el presidente Enrique Peña Nieto, que más bien se utilizan para contener a la población.
De los políticos aseguraron que están ocupados en los preparativos de la contienda electoral de 2015 y en afianzar su relación con la delincuencia organizada “que los mantiene obviamente a raya”.
Denunciaron que el gobierno se niega a dar una respuesta clara y una atención adecuada a las víctimas de la violencia y sus familiares, aun cuando la Ley General de Víctimas reconoce sus derechos.
Exigieron que el Congreso del estado armonice la legislación local con dicha Ley General y los estándares internacionales de la materia,  porque la nueva Constitución “ni siquiera menciona la atención que se les dará a las personas que han sido afectadas en sus derechos, es decir para él (el gobierno) no existen víctimas de la violencia y en el estado nada ocurre”.
En un comunicado, recordaron que en Guerrero la desaparición forzada e involuntaria está creciendo, y muchos casos se asocian con tortura, ejecuciones extrajudiciales o prisión política.
Se pronunciaron porque el gobierno federal reconozca la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU y promulgue una Ley General sobre Desaparición Forzada de personas, para la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas de manera plena y cabal.
Expresaron su solidaridad con las familiares de miles de víctimas en el país, en la búsqueda de verdad y justicia, y convocaron a quienes han sido afectados a sumarse a una campaña de denuncia social.
También demandaron que el ayuntamiento de Chilpancingo acate una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y restituya el módulo de información que tenían en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac.
Por separado, Yunil Abarca Olea insistió en que las autoridades hagan su trabajo porque a un año de la desaparición de su hermano, no se sabe nada, “dicen que están investigando, que están sobre eso”.
Recordó que unos días antes del 15 de septiembre del año pasado, cuando vino la tormenta Manuel, su hermano había desaparecido y no hubo ningún trabajo de búsqueda, porque todas las autoridades estaban concentradas en la contingencia.
Transcurrieron meses para que tomaran su caso, y a la fecha no hay ningún avance.
Cuestionó la falta de coordinación entre los Servicios Médicos Forenses de una y otra ciudad, porque en cada lugar tiene que presentar pruebas de ADN para que determinen si alguno de los cuerpos pertenece a su hermano.
Lamentó que no se haga uso de la tecnología para agilizar los procesos, y que, para cansarlos, “los traen vuelta y vuelta”. Añadió que “no hay avances, ni rastros, nadie sabe quién se lo llevó o no, mi mamá está haciendo por su parte el trabajo que le toca a las autoridades, ante la Procuraduría General de la República”, porque tampoco se coordina con la PGJE en el estado.
Por separado, en un boletín de prensa el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) acusó a la clase política de estar “más preocupada por la contienda electoral que se avecina que en garantizar los derechos de las víctimas de la violencia social y sus familiares. Su relación perversa con las empresas radicales del narco los mantiene obviamente a raya. El gobierno estatal, el Congreso del estado y los gobiernos municipales con su indolencia y complicidad propician la impunidad y protegen a la delincuencia. Sumado a esto, el Ayuntamiento de Chilpancingo se ha negado reiteradamente a atender las recomendaciones de la Codehum y la CNDH de restituir nuestros derechos y el Módulo de Información en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, de cuyos materiales requisados se ha hecho rapiña”.
En el boletín Tadeco exige al gobierno del estado “la armonización de la legislación estatal con la legislación nacional y los ordenamientos internacionales en materia de atención a víctimas de la violencia social”.
“Nos pronunciamos también porque el Estado mexicano reconozca a la brevedad la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, contemplado en el artículo 26 de la CIPPDF, que  promulgue una  Ley General  sobre Desaparición Forzada de personas,  por la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas de manera plena y cabal. De igual manera nos  solidarizamos con todas las organizaciones hermanas que a lo largo y ancho del país luchan en contra de este delito de lesa humanidad, particularmente con nuestros compañeros de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada y de las que participamos en los espacios y encuentros sobre Desaparición Forzada”, afirma el Tadeco. (Redacción / Chilpancingo).