Jesús Mendoza Zaragoza

Ante la violencia, un cambio  de actitud

Parece que las condiciones de inseguridad se complican de manera progresiva en Guerrero. En el tema de asesinados vamos a la vanguardia en el país y no se diga en las otras formas de violencia. Parece que estamos ante algo que no tiene fin y que no hay remedio que valga. El discurso gubernamental de ajustes y cambios de estrategias ante sus fracasos ya está muy desgastado. Todo indica que las autoridades, tanto federales como estatales, no han atinado en su manera de explicar y de intervenir ante el avasallador fenómeno de la violencia. Un cambio en el discurso o en la estrategia policiaco-militar no basta, pues no se trata sólo de contener la violencia sino de disminuirla a su mínima expresión. Es necesario un cambio de actitud de las autoridades y de la sociedad también.
Me refiero a un cambo de actitud en la relación del gobierno con la sociedad en cuanto tal. Hay que reconocer que esta relación no es buena. Hay una tremenda desconfianza social hacia las instituciones públicas y, por lo mismo, no hay colaboración. Estamos en una situación en la que las agendas de los gobiernos y la de la sociedad son distintas, muy distintas. Los temas que le interesan a la sociedad parecen no interesarle a los gobiernos y hasta ser contrarios. No hay una conexión entre ambos, es más, se dan desencuentros y enfrentamientos. En estas condiciones no es posible avanzar para resolver problemas como el de la violencia y de la inseguridad que de ella se deriva. El desgaste que se da no permite abordar este tema con eficacia. Y sin la necesaria colaboración entre autoridades y ciudadanos, entre gobierno y sociedad, ninguna estrategia contra la violencia tiene futuro.
Si los gobiernos no toman en serio a la sociedad y la excluyen en la búsqueda de soluciones a los problemas, se van extraviando, y cuando dan respuestas éstas resultan hasta antisociales. ¿Cuándo consultaron a la sociedad para las llamadas reformas estructurales? Las hicieron las élites políticas a su modo, mediante ese llamado Pacto por México. De hecho, se percibe un doloroso desprecio del gobierno hacia la sociedad. Y lo mismo ha pasado en el tema de la seguridad, cuando las estrategias gubernamentales son preponderantemente policiacas y excluyen la opinión y la participación de la sociedad. Las movilizaciones ciudadanas promovidas por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) no ha sido apreciada por las autoridades como una forma de participación ciudadana, sino que las miran con recelo y como si fueran amenazas.
Con varios años de lucha contra el crimen organizado en el estado de Guerrero, se ha comprobado que esta actitud gubernamental es ineficaz e incluso irracional. La actitud que prevalece en esta contienda frente a la violencia es la de proteger a instituciones, muchas de ellas viciadas, que ya no funcionan y que significan un fardo muy pesado para la sociedad. Y la protección de los ciudadanos pasa a segundo plano. No han entendido que las instituciones se han establecido para servir a la sociedad y no al revés, como sucede en la práctica. Y esto tiene como resultado un desenfoque de las instituciones del Estado, las que se comportan de manera autorreferencial, es decir sin un enfoque social de toda su acción. Ellos conciben en que la sociedad debe servir al gobierno y no el gobierno a la sociedad. Por eso nos han puesto una reforma fiscal a la medida de ellos y, por lo mismo, no han previsto un necesario combate contra la corrupción pública y se sirven con la cuchara grande cuando se trata de salarios. ¿Cómo está eso de que si se aumenta el salario mínimo hay inflación, y cuando se aumentan ellos sus prerrogativas, bonos, comisiones y todas las demás formas de encubrir sus cuantiosos ingresos, no provoca inflación? Es una lógica perversa.
Es necesario un cambio de actitud de las autoridad para darle una vía de solución a los problemas del país y de nuestra región. Una actitud en la que se recupere el sentido del servicio público y que promueva el bien común como punto de referencia del Estado. Es necesario que prevalezca el bienestar de los ciudadanos con la participación de los mismos. Es necesario que pasemos de una democracia formal a una democracia participativa. En este sentido, no habrá solución de fondo al tema de la violencia sin la sociedad. Y no lo habrá porque la sociedad, como sujeto, debe poner su parte como condición necesaria para su transformación. La participación social es fundamental para encontrar y empujar las soluciones.
Aquí es donde se encuentran las actitudes que nos han desgastado y no han abierto soluciones de fondo. La actitud de muchas instituciones del Estado que no asumen su responsabilidad social y la correspondiente actitud apática y pasiva de un gran sector de la sociedad. Se dice que en México un escaso segmento social tiene vínculos de participación en espacios de la sociedad civil. Se juntan, pues, un gobierno autorreferencial y una sociedad que no participa. Sin la conjunción de estas dos grandes instancias políticas no es posible dar pasos decisivos hacia condiciones de seguridad y de convivencia pacífica.
Nuestro nivel democrático no es suficiente para sostener esfuerzos y para generar los cambios necesarios que pongan condiciones para la paz. De ahí que a final de cuentas el déficit democrático es un factor más de la violencia que nos agobia. Un Estado desenfocado y una sociedad débil han dejado vacíos que han sido llenados por la delincuencia organizada que sí sabe lo que quiere y cómo lo quiere. Gobierno y sociedad, autoridades y ciudadanos tenemos que cambiar nuestras actitudes si queremos la paz, porque sin democracia no habrá paz que venga.