Tlachinollan

El informe de la adulación  y la debacle

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

 

En vísperas de su segundo informe, el presidente de la República Enrique Peña Nieto, ha emprendido una multimillonaria campaña televisiva para promocionar su imagen y para presentarse como el vendedor más exitoso de México, al poner en charola de plata los recursos estratégicos del país al capital trasnacional, tras la aprobación de las llamadas reformas estructurales. De nueva cuenta estamos ante la fetichización de la imagen presidencial y el despilfarro de los recursos públicos para controlar y someter a la opinión pública. Nos ha invadido la imagen presidencial y la profusión de infocomerciales que nos impiden contar con información objetiva, imparcial e independiente. Se avasalla a las voces críticas, se les invisibiliza y se cierran los canales de comunicación para que la sociedad tenga acceso a información diferente a la emitida por los comunicados de prensa oficialistas.
Lo más grave de esta propaganda fútil es que se busca tener el control de la comunicación y de la opinión crítica con el manejo propagandístico, arbitrario, ilegal y opaco que realizan los controladores del cuarto poder. Contraviniendo a lo que estipula el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución que prohíbe que la propaganda gubernamental haga uso de “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”, la imagen del presidente de la República se vuelve omnipresente, se peñanietiza la información y nada es veraz en la televisión que no sea su cara y su voz. Con sus mensajes sólo existe una versión de lo que sucede en nuestro país, solo hay una verdad que nos indica que vamos por el camino correcto, solo hay mensaje que nos lleva directo a la tierra prometida con las 11 reformas estructurales aprobadas.
Es importante resaltar que la promoción personalizada como la que está haciendo el presidente Peña Nieto, vulnera la calidad del debate democrático y viola el derecho a la información de las y los mexicanos. Los informes de gobierno se han pervertido y transformado en momentos de propaganda banal que exalta a la persona y vacía de contenido la información que por ley debe de proporcionar con veracidad y objetividad a la población. Lo peor de todo es que esta propaganda va con cargo al erario público, sin que se le llame a cuentas a quienes simulan un acto de rendición de cuentas que se transforma en mera adulación del personaje que sale a presentar un show.
En todos los niveles de gobierno se reportan gastos millonarios en propaganda con importantes sobre ejercicios y mucha opacidad. Según el último informe de acceso al gasto en publicidad oficial, la mitad de los estados no informa con suficiente detalle sobre la forma en que ejercen estos recursos. Es claro que en nuestro país la publicidad oficial se ejerce sin criterios claros para su asignación y sin mecanismos de control. Esto impacta negativamente en el derecho a la información y alienta la tergiversación de la realidad, la impunidad y la corrupción promovidas desde las altas esferas del poder.
Como ciudadanos tenemos que exigir y hacer valer nuestros derechos ante las instancias competentes para que las autoridades no utilicen la publicidad oficial para promover su imagen personal en sus informes de labores. No podemos permitir que la clase política arribista y pendenciera cuelgue su imagen en los camiones y en anuncios panorámicos para publicitarse con dinero de dudosa procedencia para supuestamente informar a la población con resultados falaces o con mensajes subliminales.
Para las y los guerrerenses estas estrategias mediáticas no hacen sino alentar la animadversión y el encono contra los que dicen representar y defender los intereses de la población más desprotegida. Los medios electrónicos solo han servido para trivializar la información, para utilizar discursos falaces y decir medias verdades. Las autoridades hablan en nombre de todos y todas y los intereses económicos de una clase la ponen por encima de la clase explotada. Lo que supuestamente se ha logrado con las reformas estructurales, en la voz presidencial se oye como una conquista ganada por las mayorías empobrecidas, como si a ellas se les hubiera consultado y tomado en cuenta a la hora que protestaron. Esta masificación y despersonalización de los mensajes presidenciales manejados con un lenguaje vago y vacuo es para imponer su propia visión de la realidad nacional, es para machacar durante el día y la noche que las decisiones cupulares y las directrices impuestas por las multinacionales es lo que más conviene a las y los mexicanos que viven sumergidos en la violencia y en la pobreza.
Nada se va a decir del fracaso que ha tenido este gobierno en cuanto a su estrategia de seguridad pública; tampoco se va hacer visible el problema de las miles de víctimas de la violencia y de las personas desaparecidas, cuyas familias siguen exigiendo atención y clamando justicia. Los migrantes centroamericanos no sólo sufren el flagelo de la discriminación, la extorsión, el secuestro y la violencia sino que se les niega su derecho a ser tratados como personas con dignidad. Las mujeres sucumben ante al ambiente adverso y creciente que se reproduce al interior de las mismas instituciones de gobierno que las discrimina, desestima su palabra, estigmatiza sus organizaciones, las revictimiza ante sus agresores y con la impunidad imperante alienta la violencia contra ellas. Los pueblos indígenas solo son objeto de interés público y por lo mismo son seres que no caben en los planes privatizadores, por el contrario, se transforman en obstáculos para el desarrollo y para la entrada de las empresas trasnacionales a sus territorios. Siguen siendo tratados como grupos de indigentes, atrasados, sumidos en la ignorancia y por lo mismo, no merecen ser tratados como sujetos con plenos derechos. Son sectores que pueden ser prescindibles, se les ignora, porque si se les toma en cuenta es batallar con gente que no entiende las razones del gobierno privatizador.
Lo que se avecina con este México imaginario del que habla el presidente Peña Nieto, sobre el paso que hemos dado para entrar al primer mundo, es un mayor ensanchamiento de la brecha entre los que tienen dinero y poder y la población mayoritariamente pobre que no tiene empleo, vivienda, salud, educación y alimentación. Los de arriba no quieren ver la realidad de los de abajo. Cuando la ven lo hacen desde las alturas, cuando vuelan en sus helicópteros o aviones y desde esa perspectiva no les interesa ver los rostros de los niños y niñas desnutridos, de las mujeres que trabajan en el campo y que no hablan español, de los hombres que no tienen trabajo remunerado y siembran en el tlacolol para cosechar 300 kilos de maíz en la temporada de lluvias. Desde esas alturas solo ven las grandes extensiones de tierra que pueden ser colonizadas o declaradas como de “ocupación temporal”, para que las empresas de los imperios entren a explotar los recursos acuíferos, energéticos y mineros.
Las cúpulas partidistas siguen disfrutando la luna de miel que les dio el Pacto por México y comparten prebendas en los cargos de representación política, como pasa en las cámaras de diputados y senadores, donde el PRD ahora tendrá la coordinación de esos dos espacios, como un pago a destiempo por las reformas alcanzadas. Ahora el presidente dice que con las nuevas reformas de lo que se trata es “mover a México”, acomodarlo al nuevo modelo globalizador que implica atraer los capitales extranjeros para que ocupen los territorios sagrados de los pueblos indígenas.
Con las tormentas de septiembre de 2013, quienes salieron ganando fueron las empresas constructoras, que no tuvieron ningún impedimento para entrar a los territorios de los pueblos indígenas que sufrieron graves daños. Esta tragedia permitió al gobierno de la República rediseñar su propia estrategia privatizadora con el Plan Nuevo Guerrero, incentivando grandes obras para inversionistas privados que serán la punta de lanza para reintentar construir la presa La Parota, que será rebautizada con otro nombre y para impulsar la entrada de las empresas mineras. Ahora resulta que son las empresas constructoras las que están imponiendo sus reglas a las familias damnificadas para construir sus viviendas, que son inapropiadas a la forma de vida de los pueblos indígenas, y construidas con ma-teriales de pésima calidad.
Son los empresarios del nuevo sexenio de Peña Nieto los que están haciendo negocio con la tragedia de los pueblos de La Montaña. Entraron a las comunidades de los municipios más pobres para llevarse los millones que bien pudieran quedarse en la región, si se alentara otro modelo de reconstrucción de viviendas donde participara la misma gente en la reconstrucción, rescatando los materiales de la región y preservando sus saberes sobre el diseño de sus viviendas de acuerdo con su cosmovisión y su modo de vida rural.
Los mensajes presidenciales son para silenciar las voces que emergen de La Montaña, que tienen mucho que decirle a la clase política que se ha olvidado de las necesidades más elementales que padece la mayoría de las familias de México. Estos informes no son para mostrar el rostro de las poblaciones que luchan por la sobrevivencia, sino son los momentos para la promoción política, la adulación y el culto a la personalidad. Los que viven a la intemperie en las cimas de La Mon-taña no son parte de las grandes preocupaciones nacionales. Ellos y ellas pueden esperar hasta que la recolonización de sus territorios llegue con las empresas trasnacionales que pondrán a salvo a la población indígena de cualquier tormenta, y la solución será sacándolas de sus territorios, porque eso sí es “mover a México”.