Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Contra López Rosas sí, contra Zeferino no

El punto importante no es por qué el ex procurador Alberto López Rosas no detuvo hace tres años al comandante Trinidad Zamora Rojo, sino por qué el actual procurador Iñaky Blanco Cabrera no detiene a Zeferino Torreblanca por el asesinato de Armando Chavarría.
Para Blanco Cabrera, el ex procurador López Rosas debió haber detenido o arraigado al comandante ministerial Zamora Rojo cuando en junio de 2011 éste se presentó a declarar que el ex gobernador Torreblanca Galindo ordenó el homicidio de Armando Chavarría Barrera. Como no lo hizo, dice, pudo haber incurrido en responsabilidad. Así lo planteó el viernes pasado cuando le preguntaron si investiga a los ex procuradores por esa situación: “Estamos hablando sólo de uno, que entiendo fue el que dio a conocer la versión, a ver, yo he sido muy puntual y hay quienes no les gusta que se digan así las cosas, en efecto hay un grado de responsabilidad en el momento mismo en que yo tengo conocimiento de una versión y la hago pública tres años después, hay un grado de responsabilidad en el momento mismo en que tengo conocimiento de esta versión a través de un supuesto autor material del hecho y no lo arraigo, considerando que en ese entonces la figura del arraigo todavía estaba vigente, aún más, no lo detuve y no lo consigné”. Esa omisión, agregó, “desde mi punto de vista es muy grave”, por lo que “nosotros estamos investigando si se incurrió en alguna omisión o negligencia que pudiera tener consecuencias penales”.
Hasta allí las palabras del procurador están revestidas de celo y cuidado jurídico. Hubo una denuncia explícita de carácter oficial contra el ex gobernador Torreblanca, formulada por uno de los participantes en la trama organizada para ejecutar a Chavarría, y en consecuencia ésta debía generar consecuencias legales. Por algún motivo esas consecuencias no se produjeron y tres años después, en el contexto de la revelación del señalamiento contra Zeferino Torreblanca, esa situación colateral también salió a flote.
Sin embargo, la cara jurídica y la nota de indignación que el procurador Blanco Cabrera pretende con la anterior explicación desaparece, se borra, en lo que respecta al asunto principal de todo esto, que es la acusación contra Zeferino Torreblanca. Dice Iñaky Blanco que ante tan grave señalamiento, López Rosas debió haber detenido a Zamora Rojo, pero habilidosamente elude la otra y más importante conclusión: ¡que también debió haber detenido a Zeferino Torreblanca! Ese es el núcleo de la investigación y el objetivo que debió plantearse entonces y ahora la Procuraduría. Zamora Rojo es un protagonista secundario en esta historia, por más que su testimonio resulte crucial.
Según la estrambótica lógica del procurador Iñaky Blanco –que definitivamente no pudo haber adquirido en las aulas de la UNAM–, la versión de Zamora Rojo es sólo un “trascendido” y por lo tanto carece de importancia en la investigación como para sustentar una acusación contra Zeferino Torreblanca. Pero en cambio sí es importante como para reclamar y sustentar un alegato por omisión “muy grave” contra el ex procurador López Rosas. ¿Por qué el mismo hecho no tiene valor alguno para acusar a Zeferino, pero para acusar a López Rosas lo tiene todo?
Como si fuera abogado defensor de Zeferino Torreblanca, el procurador dijo también el viernes: “Yo sé que a muchos la palabra indicio no les gusta, pero hasta en tanto no se cuenten con elementos de prueba que los robustezcan (la versión de Zamora Rojo) no les podemos dar el carácter de evidencia, el Ministerio Público tiene que actuar con absoluta responsabilidad y en el momento mismo en que se ejerza acción penal, si así se determina, tendrá que buscar convicción en el ánimo del órgano jurisdiccional del juez a efecto de que se obtenga una sentencia condenatoria, el Ministerio Público, lo he dicho una y otra vez, no puede partir de consensos sociales o sospechas, el Ministerio Publico parte de elementos de prueba debidamente consolidados e integrados a un expediente, en este caso a una averiguación previa”.
Si aquel testimonio ministerial no pasa de ser un chisme, como ha intentado sugerir el procurador, entonces ¿por qué le reclama a López Rosas no haber procedido En la renqueante postura del procurador, López Rosas podría muy bien responder que él también consideró así el indicio proporcionado por el comandante de la Policía Ministerial.

Y si fuera real la reclamación externada por Iñaky Blanco contra su antecesor, entonces también tendría que actuar contra sí mismo, porque él tampoco procedió en congruencia con la declaración de Zamora Rojo, la que conoce o debió conocer desde su llegada a la Procuraduría en mayo de 2013. Recuérdese que el procurador dijo el 19 de agosto que cuando fue designado, en el caso Chavarría se dio a la tarea “de hacer un análisis y un estudio técnico jurídico de las indagatorias a fin de establecer su lado de avance y definir la continuidad o conclusión de las líneas de investigación”. Es exactamente lo que hace un funcionario: ponerse al tanto de su oficina. Eso fue en mayo de 2013, hace quince meses. ¿No vio o no le informaron que allí estaba la declaración de Zamora Rojo? ¿O la vio y la pasó por alto? En cualquier caso, ¿dónde queda la integridad de un procurador que deliberadamente o por error se desentiende de un señalamiento de esa magnitud, decisivo para resolver un crimen de alto impacto social y político como el de Armando Chavarría?
Lo que en realidad se ha desarrollado en los últimos quince días en Guerrero es una estrategia gubernamental –una cortina de humo– para encubrir la responsabilidad de Zeferino Torreblanca en el asesinato de Armando Chavarría, comprobada por el señalamiento de Zamora Rojo y los descubrimientos posteriores obtenidos por la Procuraduría encabezada por López Rosas. Evidencias que el procurador Iñaky Blanco no quiere ver, reconocer ni investigar. Por lo demás, no es solamente el comandante Zamora Rojo quien señaló a Zeferino como autor intelectual del crimen, sino también David Jiménez Rumbo y Pioquinto Damián Huato, quienes en sus declaraciones ministeriales señalan elementos que la autoridad no puede desechar con la simpleza con que sin embargo lo hace Iñaky Blanco: “Son meras referencias o conjeturas que no cuentan con elemento de prueba alguno”. Conjeturas o no, la Procuraduría tiene la obligación de investigarlas y generar pruebas. ¿O acaso espera el procurador que alguien presente un oficio con sello y firma en el que Zeferino Torreblanca dispone matar a Armando Chavarría? Lo único que explica todas estas ostensibles y burdas maniobras distractoras realizadas por el gobierno es la existencia de un pacto de impunidad entre el gobernador Ángel Aguirre y Zeferino Torreblanca. ¿Qué otra cosa?
[email protected]