Guerrero es el tercer lugar nacional según el origen de las personas afectadas por la trata, reporta la CNDH

Guerrero, tercer lugar de origen de personas afectadas por la trata, reporta la CNDH

Yee Trujillo

Acapulco

La CNDH presentó el 27 de agosto el diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México cuyo objetivo es, de acuerdo con la página de internet de la Comisión, “dar a conocer la incidencia de uno de los fenómenos delictivos que causan mayor agravio no sólo a sus víctimas en lo individual, sino a la sociedad en general”. Aunque desde hace tres años Guerrero cuenta con la Ley 761 para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas, está entre los 22 estados señalados como focos rojos, como se plantea también en informes del Departamento de Estado estadunidense, según los cuales ocupa el tercer lugar entre los principales estados de México proveedores de víctimas. “Con base en información de la Procuraduría General de la República (PGR), una organización criminal tiene presencia y controla redes de trata de personas en los estados de Tamaulipas, Veracruz y el Estado de México, y en los destinos turísticos de Acapulco, Puerto Vallarta y Cancún, ciudades que han sido señaladas también como de alta incidencia por otras instancias”, señala el documento. También denuncia que Guerrero fue uno de los 15 estados en los que las autoridades responsables de la persecución del delito “reportaron la inexistencia de registros” y fueron “omisas”. Afirmó que la Procuraduría fue una de las tres dependencias estatales que incluyó el agravio de personas indígenas, pero no especificó la procedencia ni el grupo lingüístico. En el documento, la CNDH expuso que el 26 de agosto de 2011, Guerrero publicó en el Periódico oficial del estado la ley especial para prevenir, combatir y sancionar el delito, pero las regiones Montaña, Acapulco y Costa Grande son “focos rojos” y los lugares de captación identificados son la población Cuba Libre en Xalpatláhuac, las ciudades de Tlapa, Zihuatanejo, Acapulco y Cruz Grande, y los municipios Alcozauca, Huamuxtitlán, Coyuca de Catalán y Xalpatláhuac. Con el oficio DGTG-430, de la Secretaría de Relaciones Exteriores fechado el 19 de marzo de 2013, la dependencia reportó que las victimas mexicanas identificadas en el extranjero proceden mayoritariamente de Puebla, Michoacán y Guerrero, con 69, 59 y 39 víctimas de trata, respectivamente. Destacó que este año México fue considerado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como el primer proveedor de víctimas. En el anexo seis del diagnóstico, la CNDH precisó que las víctimas originarias de Guerrero tuvieron como destinos principales el Distrito Federal, y los estados de México, Morelos, Puebla y Querétaro. Detalló que con base en el oficio PGJE/FEPDH/2004/2013 de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), fechado el 31 de mayo de 2013, logró documentar que de 2009 a 2013 se registraron 16 averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas por este delito, de las cuales fueron cuatro en 2009, dos en 2010, una en 2011, cuatro en 2012 y cinco el año pasado. No hay una fiscalía especializada Tomando en cuenta el mismo oficio, informó que se han realizado ocho consignaciones y tres sentencias, pero resaltó que “se advierten discrepancias entre la información proporcionada por las procuradurías locales a este organismo nacional y la procedente de instancias federales” porque el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública le ha entregado otros datos. Además, expuso que la PGJE no tiene una unidad especializada para la investigación del delito, que sólo hay 11 estados que la implementaron, y en Guerrero otras unidades o agencias especializadas en delitos sexuales, contra la familia o violencia intrafamiliar, se encargan de la investigación y atención de casos. Agregó que también solicitó información al Tribunal Superior de Justicia del estado, y en un oficio del 28 de septiembre de 2012 le comunicó que había una sentencia condenatoria que incluía el pago de la reparación del daño, pero estaba en apelación. En el anexo de perfil de las victimas, la CNDH pormenorizó que, tomando en cuenta la información de la PGJE y la PGR, en Guerrero tiene un registro de 20 víctimas, todas mujeres mexicanas, dos de ellas confirmaron ser personas adultas y de 18 no fue posible determinar su edad; 13 fueron explotadas sexualmente, y tres laboral y sexualmente. Expuso que la práctica de los matrimonios forzados similares a la esclavitud de la mujer subsiste en ciertas regiones del país, con tradiciones culturales arraigadas en pueblos y comunidades indígenas, sobre todo en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, aunque las referencias directas son escasas y las fuentes oficiales aportan poca información. El jueves por la tarde, en su portal de internet la CNDH dio a conocer a la opinión pública el diagnóstico, y en un comunicado el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a destinar “suficientes recursos” para el cumplimiento del Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-2018. Pidió que destinen fondos para crear albergues y centros de atención a las víctimas, programas estatales para prevenir este delito y atender a las personas afectadas, desarrollar campañas de prevención nacionales y regionales, e implementar políticas públicas para reducir los factores de incidencia. “Este delito vulnera de manera directa la dignidad de la persona y un sinnúmero de derechos humanos de quienes lo padecen, como la libertad, la integridad y seguridad personales, la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad, entre otros”, señaló con base en el artículo primero de la Constitución, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. “El grado de impunidad es alarmante” a nivel nacional, resume De 2009 al primer semestre de 2014, la CNDH documentó 2 mil 105 averiguaciones previas iniciadas en todo el país por trata de personas, mil 412 de ellas en las procuradurías y fiscalías de los estados, y 693 en la PGR. De las iniciadas en las PGR, 407 fueron en la Fiscalía para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), 176 en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), y 110 en la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. “En materia de trata de personas, el grado de impunidad es alarmante”, acentuó porque sólo se han registrado 152 sentencias condenatorias, es decir, solo el 7.2 por ciento de los casos han sido sancionados, y la información expone que es un delito creciente en México y el mundo. Detalló que los estados donde hay menor impunidad son Chiapas y el Distrito Federal porque concentran el 46.7 por ciento de condenas por las averiguaciones previas, mientras que las sentencias dictadas en Sonora, Puebla y el estado de México equivalen al 26.3 por ciento. Finalmente, el organismo exhortó también a la población a unir esfuerzos para combatir la trata de personas, promover el respeto a la dignidad de las personas, “desterrar la excesiva tolerancia social” que persiste hacia el delito, la explotación, y el “caldo de cultivo de la trata” que incluye otros factores como la desigualdad, la violencia de género y la cosificación de las personas.