Acusan promotores de Cruzada contra el Hambre que Sedesol les debe cuatro meses de pago

Karla Galarce Sosa
Promotores de programas impulsados por la Secretaría de Desarrollo Social Federal (Sedesol) exigieron el pago de cuatro meses trabajo, de febrero a mayo, por acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre que el gobierno federal comenzó hace dos años.
De visita en la redacción de El Sur, los promotores explicaron que les ofrecieron un pago de 8 mil pesos al mes, que a algunos incluso un poco más o menos dinero, por su labor en el programa, pero que no han recibido el dinero.
Señalaron que funcionarios de la dependencia federal, entre ellos el delegado José Manuel Armenta Tello, se comprometieron a pagar el adeudo a una veintena de jóvenes que organizaron a los integrantes de los comités vecinales, para llevar a cabo programas como el de Seguro a Madres de Familia, y techos y pisos firmes en los polígonos de mayor inseguridad como la colonia Emiliano Zapata.
Explicaron que sus jefes inmediatos, Florian Rodríguez y Tomás Candia, les informaron, desde que entregaron documentos para su registro como promotores de Sedesol, que el pago sería liberado en mayo, al concluir sus labores, pero que la fecha fue postergada.
Mencionaron también que el director general del programa Cohesión Social, que forma parte de la Cruzada Contra el Hambre, les advirtió que no “hicieran nada malo” –los jóvenes habían tomado la decisión de realizar una denuncia por la falta del pago desde el mes pasado– porque serían “boletinados”, lo que les impediría solicitar trabajo en cualquier dependencia federal posteriormente.
Los promotores Jenifer Vela Hernández, Alejandra Sotelo Rodríguez, José Ramón Fernández Chaires y Helio de Jesús Barrientos Arcos señalaron también que desde que concluyeron los programas, en mayo pasado, al cumplir sus metas la Sedesol federal modificó la organización de los comités vecinales que ellos organizaron, lo que le ha ocasionado problemas a quienes viven en las mismas colonias donde trabajaron, pues ahora los responsabilizan de la falta de entrega de recursos y liberación de beneficios.
Indicaron que se han visto en la necesidad de viajar a Chilpancingo a exigir el pago, sin embargo, y a pesar de que han entregado oficios en los que exponen el problema, la dependencia no ha ofrecido una fecha concreta para finiquitar la deuda a más de 20 jóvenes que aún esperan sus pagos.
Los afectados pidieron a los funcionarios de la federación que liquiden la deuda que tienen pues ellos trabajaron “por necesidad” y no para regalar su tiempo, y más aún para seguir gastando para exigir que les paguen.
Señalaron que la ejecución de los programas la realizaron sin contar con algún tipo de seguridad, poniendo en riesgo su integridad física, pues las tareas las realizaron en los polígonos de alta inseguridad.