Acuden sólo dos secretarios a atender a los jornaleros indígenas en Tlapa; Tlachinollan denuncia racismo

*Filemón Navarro de Asuntos Indígenas, no da la cara y Lázaro Mazón de Salud, tampoco, se queja Abel Barrera. Prometen los funcionarios que acudieron que este viernes echarán a andar los programas para ayudar a ese sector. En su comunidad de Alcozauca las obligan a usar métodos de control natal, denuncia una mujer en la reunión

Carmen González Benicio

Tlapa

En la primera reunión del Consejo de Jornaleros Agrícolas de La Montaña con la Comisión Intersecretarial del gobierno estatal acordaron iniciar, a más tardar el viernes, los programas y apoyos que maneja cada dependencia para atender el periodo de migración de septiembre a enero.
A la reunión acudieron sólo los titulares de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales (Semai), Netzahualcóyotl Bustamante Santín y la de Desarrollo Social (Sedesol), Beatriz Mojica Morga, del resto de las secretarías como las de Asuntos Indígenas, del Trabajo, Salud, Sedesol federal y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), entre otras, sólo fueron representantes, quienes dijeron que informarían a sus superiores.
Los integrantes del consejo entregaron la agenda de trabajo de septiembre 2014 a enero 2015, y pidieron un informe de las acciones, actividades y recursos invertidos en el ciclo migratorio pasado, y les contestaron que se los entregarán en la próxima reunión.
También demandaron que la Comisión se comprometan a garantizar el abasto de los productos del comedor comunitario, la instalación del módulo de Registro Civil, la rehabilitación de la Unidad de Servicios Integrales (USI), el registro y atención de la población jornalera por la Sedesol federal y estatal, la atención médica integral en un horario apegado a las salidas de los grupos, y el apoyo a los responsables del Consejo de Jornaleros que operan el comedor.
A estos puntos, el delegado de la SAI, Constantino Cano dijo que en cuanto le dieran la lista de los insumos ellos los entregarían y podría ser el jueves, y que ellos aportaban 15 mil pesos mensuales para el pago de tres trabajadores.
El del Registro Civil comentó que hacían las campañas y que eran pocos los que se registraban, y los invitó a que difundieran la información para que aumentará el número de beneficiados, porque de los más de 9 mil jornaleros que salían sólo registraron 500, y que podían salir a comunidades a invitación de los ayuntamientos que pagaban sus viáticos, porque ellos no disponían de ese recurso.
La secretaria de Desarrollo Social, Mojica Morga dijo que el jueves empezaría con el registro y la entrega de los insumos para los jornaleros y que era necesario hacer un plan que fuera más allá de atenderlos en lo inmediato para que dejaran de migrar, y si lo hacían que fuera por tradición no por necesidad.
Del sector educativo no acudió ninguna autoridad, por lo que se acordó invitar a la dependencia en la próxima reunión.
Se planteó el tema de la tarjetas de la Sedesol y del Trabajo en que los programas les depositan a los jornaleros porque más del 70 por ciento tuvo problemas para cobrarlo, y no les resuelve su problema de movilidad o estancia en los campos de cultivo, pero les respondieron que nada se podía hacer porque eso forma parte de las reglas de operación que les dan, pero se buscarían mecanismos para eficientarlos.
Unas mujeres jornaleras pidieron a los funcionarios de Sedesol estatal y a la Semai que les ayudaran porque ellas ya no son aceptadas en los campos de cultivo porque tienen más de 50 años, les dijeron que se analizaría su caso y les darían una respuesta.
En la entrada de la USI de la Sedesol federal del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas estuvieron dos mantas en que se leía: “Familias jornaleras en lucha de nuestros derechos” y “exigimos atención a nuestras demandas ¡no más simulación de los gobiernos!”
Y en el lugar en donde se desarrolló la reunión, en dos más decía: “Dignificar nuestra vida no es sólo tarea nuestra, es también de empresarios y gobiernos y las familias jornaleras sembramos con dolor entre los surcos el futuro de nuestros hijos”.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández lamentó que a más de 10 años de la lucha del consejo de jornaleros aún siguieran discutiendo los mismos temas, lo que le daba la impresión de que las instituciones no cumplían sus funciones y que no tenían perspectiva para atender la etnicidad de los pueblos que siempre tenían que adecuarse a ellas y estar con la ilusión de que algún día les atenderán.
Dijo que era necesario replantear la agenda estatal porque al gobierno federal “cada vez lo vemos más lejos de los problemas reales”, y dijo que la comisión intersecretarial debe de colocar el tema “arriba” porque como institución que acompaña a los jornaleros sólo documentaban y denunciaban sin tener mucha incidencia.
Se quejó de la ausencia de los secretarios como el de la SAI, Filemón Navarro Solano “quien no da la cara, no viene a atender los problemas reales de los indígenas y Lázaro, el de salud tampoco, con eso se ve un racismo en la práctica de sus funciones y por eso lo denunciamos”.
Pidió que haya claridad en los asuntos que se abordan como la infraestructura destinada a los jornaleros, porque varios espacios son ocupados para la Sedesol federal con su programa para adultos y las jóvenes que estudian de parteras, y no hay estacionamiento.
Otro punto fue que se atienda a los jornaleros en sus peticiones de derechos básicos como el médico, que se revise la situación de los autobuses, y los programas destinados al sector.
Mujeres jornaleras denunciaron que los promotores de la comunidad de Ayotzinapa las amenazan con ponerles falta si llegan tarde a sus reuniones y con eso ya no tendrán sus apoyos completos, y si tienen dos causarán baja del programa de Oportunidades.
Una jornalera mencionó que en su comunidad de Alcozauca las obligan a aprenderse un cuestionario de más de 70 preguntas y a usar métodos de control natal.