Cumplen dos meses desaparecidos en Iguala tres campesinos de Atoyac y no se investiga, se quejan

*La carga de trabajo, falta de dinero y un acuerdo de no aceptar más casos de desapariciones, son los argumentos de la Procuraduría, denuncia un abogado

Anarsis Pacheco Pólito

Chilpancingo

A dos meses de la desaparición de los campesinos Alberto Zaragoza Ocampo, Miguel Ángel Antolino Navarrete y Raúl Vázquez Zamora, originarios de Atoyac, sus familiares denunciaron que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no ha avanzado en la investigación.
“Queremos pedirle a la Procuraduría y al gobernador que nos apoyen, porque hoy cumplimos exactamente dos meses y no tenemos ninguna respuesta por parte de la Procuraduría, tuvimos que acudir a otro lugar para que nos apoyaran, fuimos a la PGR del DF para ver si así nos apoyan”, comentó María Edith Elizalde Hernández, esposa de Alberto Zaragoza.
En conferencia de prensa en la Red Guerrerense de Derechos Humanos (Redgro), las esposas de dos de los albañiles desaparecidos desde el 2 de julio en la ciudad de Iguala denunciaron que las autoridades encargadas de la investigación no han informado de algún indicio para encontrar a sus familiares.
Desde 1990 la familia de Alberto Zaragoza, que vive en la comunidad de San Juan de las Flores, enclavada en la sierra de Atoyac ha sido blanco del hostigamiento policiaco-militar por su pertenencia a la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y otras organizaciones sociales.
Los dos albañiles, originarios de Atoyac, desaparecieron el 2 de julio en la ciudad de Iguala, cuando iban en busca de trabajo, desde entonces, pese a que se presentó una denuncia en la PGJE no se sabe nada de ellos.
Los dos albañiles partieron ese día en un autobús de Chilpancingo a Iguala, en la segunda ciudad pensaban verse con Mario Alberto Olivares Berna, amigo de Alberto Zaragoza Ocampo, quien les había prometido conseguirles una casa prestada mientras encontraban trabajo, pero nunca llegaron y desde entonces, después de 60 días, no ha llegado la justicia.
La denuncia fue presentada el 6 de julio en el Ministerio Público del fuero Común en Chilpancingo, pero no quisieron recibirla, argumentando que tenían mucha carga de trabajo y que había acuerdos de que estos delitos fueran investigados por los ministerios públicos de cada Distrito Judicial. Después de una semana, la denuncia fue remitida a la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas, donde les señalaron que ya no conocerían de ningún caso nuevo de desaparecidos por la falta de recursos económicos.
“Yo digo que si un familiar de ellos (los funcionarios) se extraviara, en el segundo día o en horas ellos ya los encuentran porque movilizarían a la PGR, al Ejército. ¿Por qué si es una persona del pueblo no se le da el apoyo?, todos tenemos derechos y ahorita ellos dos se les está negando su libertad”, enfatizó Elizalde Hernánez.
Por su parte Esther Téllez Fierro exigió que les regresen a sus esposos, y que las autoridades cumplan con investigar el caso.
“No por ser pobres se debe de tener el caso de ellos estancado, queremos que nos hagan caso y que lo busquen, nosotros los queremos”, agregó.
Durante la conferencia el abogado del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Alejandro Ramos Gallego señaló que en la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas les dijeron que era muy extraño que les exigieran investigar ese delito, porque hay un acuerdo dentro de la Procuraduría de que no investigarían casos nuevos de desaparición forzada, sólo los casos que se habían presentado cuando se creó la fiscalía.
Resaltó que las esposas de los desaparecidos realizaron una investigación de manera independiente, visitando la estación de autobuses donde fueron vistos por última vez, en Costa Line, donde el policía que trabaja ahí aseguró recordarlos.
“Le hicimos saber al fiscal sobre este dato vital de la investigación, y dijo que ellos no se podían mover a Iguala por la falta de recursos económicos y lo que hizo fue remitir las investigaciones a Iguala”, agregó.
Aseguró que no se ha avanzado en las investigaciones ni se han pedido lo videos de seguridad de la terminal de autobuses, para saber qué pasó en el lugar ya que no llegaron nunca a la casa a donde debían de llegar.
El abogado hizo un llamado junto a la familia al gobierno del estado, que ponga atención a los desaparecidos, porque es un delito de lesa humanidad que no prescribe y que está en aumento, y su órgano de investigación de los delitos no puede argumentar carga de trabajo y la falta de recursos económicos.