Vende el gobierno estatal terrenos que son reserva ecológica en Zihuatanejo, denuncian ambientalistas

*Pide la Red de Organizaciones no Gubernamentales Ambientalistas al Congreso del Estado juicio político contra el gobernador René Juárez, y señalan que violó la ley estatal y municipal de desarrollo urbano. Solicitan la inhabilitación del secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Juan Farill y del director del Fibazi, Alejandro Bravo

Grupos ambientalistas de Zihuatanejo solicitaron al Congreso del Estado que al gobernador, René Juárez Cisneros, se le instaure un juicio político porque violó la ley estatal y municipal de desarrollo urbano en este puerto.

La Red de Organizaciones no Gubernamentales Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ) envió un disco compacto que contiene información de carácter técnico, a los diputados locales de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con la petición del juicio político contra Juárez Cisneros.

Pidieron la inhabilitación del secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Juan Farill Herrera, y del director del Fidecomiso Bahía de Zihuatanejo (Fibazi), Alejandro Bravo Abarca.

Señalaron a dichos funcionarios como responsables de la promoción y venta de terrenos considerados de reserva ecológica sustentados en el plan director de Desarrollo Urbano municipal por medio del Fibazi.

Dijeron que el presidente del comité técnico del Fibazi y el gobernador han permitido la continuación de venta y promesa en venta de predios a familias de escasos recursos económicos sin el cumplimiento básico de infraestructura propios de un fraccionamiento de urbanización progresiva por parte del Fibazi.

“Anexamos copias de contratos de compra venta de ampliación del fraccionamiento Vaso de Miraflores sin contemplar que a la fecha posterior a 12 años de haber vendido los predios de la primera y segunda parte del fraccionamiento no se cuenta con los servicios de agua, luz, drenaje, apertura de calles, obras de protección, en más del 50 por ciento del fraccionamiento”, se quejaron.

Expusieron que Juárez Cisneros no ha vigilado los recursos que se obtuvieron o debieron ingresar por la transmisión de dominio de predios en los diversos fraccionamientos de tipo turístico residencial, interés social y de urbanización progresiva.

Se quejaron de que Juárez Cisneros no ha promovido la disolución del Fibazi, aún con pleno conocimiento de que dicho fideicomiso no ha cumplido con los objetivos para los que fue creado, “anexamos como prueba documental, aprobación ciudadana del incumplimiento del Fibazi, mediante el expediente de la encuesta realizada a la población en general para expresar las observaciones y conclusiones respecto a si debe o no existir Fibazi”.

Señalaron que Juárez Cisneros“ha permitido que al ser Fibazi una paraestatal no cumpla con el reglamento de fraccionamientos para los municipios de Guerrero, inobservando las disposiciones reglamentarias que el fideicomiso debe de cumplir como fraccionador, desviándose los recursos que se deberían de haber aplicado y no contar en la actualidad con las consecuentes deficiencias en infraestructura de servicios”.

Los ecologistas de este puerto sostuvieron en su documento que Juárez Cisneros, como presidente del comité técnico con la promoción y autorización de la venta de terrenos en zona de reserva ecológica, como es el caso del denominado Cerro del Vigía viola el plan director de Desarrollo Urbano municipal y la Ley de Desarrollo Urbano de Guerrero.

Afirmaron que el gobernador no cumplió con ordenar el trámite de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Comercio y Crédito Agrícola del estado el plan director de desarrollo urbano municipal y no vigiló que las autorizaciones que expidan los municipios cumplan con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del estado.

“Tampoco participó en la preservación del equilibrio ecológico de los centros de población, situación que remarcó al no informar y cumplir con la normatividad en materia ecológica en consecuencia de no inscribir el Plan Director de Desarrollo Urbano Municipal ante la Secretaróa del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)”, informaron.

“Como presidente del comité técnico del Fibazi, René Juárez Cisneros, ha avalado que la paraestatal viole el reglamento de fraccionamientos para los municipios del estado promoviendo el desvío de recursos que se deberían de aplicar en la infraestructura de servicios de los diversos fraccionamientos realizados por el mismo fraccionador en este caso Fibazi”, explicaron.

Por lo anterior, los integrantes de la ROGAZ solicitaron al Congreso local un juicio político y retiro de sus facultades como gobernante a Juárez Cisneros.

Solicitaron el retiro o la inhabilitación como funcionario público a Farrill Herrera; así como del director del Fibazi, Alejandro Bravo Abarca, y pidieron una auditoría y luego la desaparición de esta paraestatal.

En el caso del Cerro del Vigía, los ambientalistas exigieron que se multe al inversionista “como lo marca la ley con el respectivo 10 por ciento del valor comercial del inmueble por tener conocimiento de la  ilegalidad del acto (ver contrato de compra venta)”.

Solicitaron el retiro y/o cancelación del número de registro de los fedatarios involucrados en las irregularidades en el Fibazi; el retiro y/o cancelación como funcionario público a los representantes del Registro Público de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola del estado (zona Costa Grande).

Pidieron la revocación y/o cancelación inmediata del cambio de uso de suelo otorgado por el municipio de José Azueta, así como cualquier trámite llevado a cabo para regularizar la compra venta de zonas de protección ecológica, como en el caso del Cerro del Vigía, con la respectiva difusión en el Periódico Oficial del Estado.