Se impone en Ayutla la cultura de la impunidad, dice Abel Barrera

*El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña exhorta a Juárez Cisneros a garantizar la seguridad de Otilia Eugenio

Ezequiel Flores Contreras

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró que la reciente amenaza de muerte contra la secretaria de la Organización de Pueblos Indios Me’phaa (OPIM), Otilia Eugenio Manuel, es una muestra de que el gobierno del estado ha permitido que el Ejército Mexicano y grupos paramilitares impongan la cultura de la intimidación en el municipio de Ayutla de los Libres.

Consideró que este incidente no es un hecho asilado sino el nivel de indefensión en la que se encuentran las personas que defienden los derechos humanos y exhortó al gobernador René Juárez Cisneros a garantizar la seguridad de Otilia Eugenio, mujer tlapaneca.

La secretaria de la OPIM recibió un anónimo donde la amenazan de muerte el domingo pasado, luego de difundir esto en el foro organizado por Tlachinollan en esta capital sobre derechos humanos, el caso de las mujeres Me’phaa, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, que fueron violadas por efectivos del Ejército en 2002 y hasta el momento no se ha castigado a los militares responsables de este delito.

En declaraciones vía telefónica, Barrera Hernández afirmó que en Ayutla se crea “una atmósfera adversa” a los defensores de los derechos humanos que tiene su origen en la militarización de la zona y el método de la intimidación en lugar de aplicar justicia y respetar la dignidad de las personas.

“La amenaza de muerte contra Otilia Eugenio se da en un ambiente donde la presencia de militares a propiciado impunidad y una guerra de baja intensidad que ha derivado en ejecuciones de campesinos perpetradas por grupos paramilitares”, expresó.

Barrera Hernández dijo que desde la masacre de mixtecos en la comunidad de El Charco, el gobierno del estado ha permitido que el Ejército Mexicano tome el control de algunas zonas, evadiendo su responsabilidad de garantizar seguridad y aplicar justicia.

Indicó que en lugar de solucionar los conflictos genera otros porque los militares han ocupado poblaciones de manera arbitraria y han violado a mujeres.

“Este es el escenario en el que se da la amenaza de muerte contra Otilia Eugenio y el gobierno del estado, en lugar de proteger a los defensores de derechos humanos, contribuye a difundir la idea de que estas personas se dedican a delinquir o pertenecen a grupos subversivos”, reprochó.