Maquiladora de Chilpancingo: historia de corrupción y tráfico de influencias

* Los empresarios foráneos trabajan en contubernio con funcionarios estatales, denuncian. El primer administrador que huyó fue Carlos Bojalil porque la Junta emitió un laudo para que les pagara a cuatro mujeres por despidos injustificados y el segundo es Jorge Rivera Carballo, quien aún no ha pagado salarios y prestaciones

 Ezequiel Flores Contreras

Chilpancingo  

La historia de la maquiladora de productos textiles que opera desde 2000 en Chilpancingo está basada en una serie de actos de corrupción, tráfico de influencias, impunidad, fraude y evasión fiscal cometidos por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico estatal (Sedeco), quienes en contubernio con empresarios foráneos han explotado a mujeres guerrerenses, obligándolas a trabajar turnos de 10 horas diarias sin ofrecerles las mínimas garantías laborales y despidiéndolas de manera injustificada.

Esto debido a que el director del Fideicomiso Guerrero Industrial (FGI), Federico Zorrilla Zainz y el administrador general de la textilera de esta capital, Felipe Martínez Sánchez, se han encargado de convertir un proyecto social financiado por la federación para la elaboración y comercialización de prendas de vestir, que surgió para beneficiar a una sociedad cooperativa conformada por mujeres, en un negocio particular de familiares que arriban al estado en calidad de empresarios que presuntamente han invertido en el sector maquilador.

De acuerdo con documentos oficiales que El Sur tuvo acceso señalan que el 20 de mayo de 2000 se constituyó de manera formal la sociedad cooperativa Textilera de Chilpancingo integrada por 20 trabajadoras, asesoradas por Zorrilla Zainz y se estipuló que ésta sería administrada por Martínez Sánchez, quien es funcionario de Sedeco.

Los notarios públicos Hugo Pérez Bautista y Juan Pablo Leyva y Córdova dieron fe de este acto y la sociedad cooperativa está inscrita en el folio de las personas morales bajo el número 333 del Registro Público de la Propiedad del estado de Guerrero.

En una entrevista en su oficina, Josefina Hernández Catalán, quien es apoderada legal de las trabajadoras que fueron despedidas de manera injustificada por la empresa poblana, Industria Manufacturera Ruta del Sol (Imarsol), expresó que aprovechándose de la ignorancia de las empleadas el administrador general de la cooperativa a incumplido con la responsabilidad que tiene con las socias, negándose a presentar un informe financiero sobre las utilidades generadas en estos cuatro años que ha operado la textilera.

Agregó que Zorrilla Zainz y Martínez Hernández desaparecieron en este año la sociedad cooperativa integrada por las trabajadoras, porque argumentaron que debido a que entró en un proceso de liquidación la cooperativa ya no existe.

Dijo que la intención es evitar que se comprueben los recursos de un crédito de 242 mil pesos que el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas de Solidaridad (Fonaes) otorgó a las trabajadoras el 17 de noviembre de 2000, para la adquisición de 80 máquinas industriales de costura como parte de un proyecto para la elaboración y comercialización de prendas de vestir, las cuales actualmente son aprovechadas por los empresarios que operan la maquiladora.

Esto lo explica un oficio fechado el 24 de febrero de este año firmado por el representante en el estado del Fonaes, Oscar Hernández Cadena, quien solicita a la ex presidenta de la sociedad cooperativa Textilera de Chilpancingo, Laura Bernal Melo, un informe de operación desde la puesta en marcha de la maquiladora hasta 2003 y un reporte de las utilidades.

En respuesta, el 29 de marzo de este año se envió la respuesta al funcionario federal, en un oficio signado por Bernal Melo, quien aseguró que éste fue redactado por el administrador general, Martínez Hernández, donde se informa que la maquiladora fue cerrada porque “las socias no tenían maquila, ni dinero para pagar los más elementales servicios”.

El documento indica que la sociedad cooperativa Textilera de Chilpancingo, “ya no existe” y durante el tiempo que estuvo operando “nunca hubo ganancias suficientes para pagar otra cosa que no fueran salarios”.

La abogada Hernández Catalán manifestó que de esta forma se trata de “engañar” a las autoridades federales, porque la sociedad cooperativa nunca fue administrada por las empleadas, “siempre ha sido administrada por el director del FGI, a través de Felipe Martínez, quienes han permitido que empresarios foráneos saquen provecho de la maquinaria que fue adquirida por las trabajadoras”.

Acerca de los empresarios que han sido beneficiados y protegidos por Sedeco estatal que encabeza el impugnado ex alcalde de Acapulco, Juan Salgado Tenorio, el primero que operó la sociedad cooperativa Textilera de Chilpancingo fue Carlos Bojalil, originario de Puebla y yerno del director del FGI.

Este empresario poblano huyó de Guerrero después de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) emitió un laudo el 4 de marzo de 2002 que lo obliga a pagar a cuatro trabajadoras, que fueron despedidas de manera injustificada en 2001, una indemnización, el pago de salarios caídos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y otro tipo de prestaciones.

El documento oficial que beneficia a las ex empleadas de la maquiladora de Chilpancingo, Gloria Valencia Cruz, Reyna Vázquez Rojas, y a las hermanas Blanca y Martha Barrios Valencia, también indica que el empresario debe pagar el Seguro de Ahorro para el Retiro (SAR), “o en su defecto exhiba los recibos a favor del trabajador”.

La Junta manifiesta que el empresario, Carlos Bojalil y el administrador de la Textilera Chilpancingo, Martínez Hernández, no han efectuado las aportaciones correspondientes al régimen de pensión, jubilación y seguridad social de las trabajadoras, por eso exige los recibos de los depósitos, en caso de que lo hayan hecho, y el pago del 5 por ciento sobre los salarios percibidos por las trabajadoras.

Sin embargo, Carlos Bojalil no indemnizó a las empleadas que lo demandaron porque se fue de Guerrero y Sedeco, así como otras instancias del gobierno estatal asumieron una actitud de indiferencia ante la petición de las trabajadoras para que intervinieran y obligaran al yerno del director del FGI cumplir con el dictamen de la Junta.

A pesar de que este conflicto laboral no fue resuelto, después llegó a esta capital una empresa, nuevamente de Puebla ImarSol para operar la textilera de Chilpancingo.

ImarSol es dirigida por Jorge Rivera Carballo, quien después de dos años de hacer uso de las maquinarias que pertenecen a las trabajadoras, recientemente, sin ninguna explicación se niega a pagar el salario de una semana y prestaciones de fin de año a 30 trabajadoras.

Por esta situación, este lunes el empresario poblano fue demandado ante la Junta por despido injustificado, porque en una manta que cuelga en las instalaciones de la maquiladora y por anuncios transmitidos en estaciones de radio local se invita a los ciudadanos a laborar en esta maquiladora y les prometen pagarles un salario conforme a la ley.

La abogada Josefina Hernández aseguró que nuevamente la historia de impunidad y corrupción del empresario Carlos Bojalil en 2002 se reedita en este año y exhortó al gobernador René Juárez Cisneros a intervenir en este conflicto porque “no es posible que se siga pisoteando la dignidad de las mujeres en Guerrero”.

Sobre la actitud que han asumido las autoridades estatales y el secretario de Desarrollo Económico, Salgado Tenorio, manifestó que ha sido de indiferencia y de un claro apoyo a los empresarios defraudadores que han administrado la Textilera de Chilpancingo en estos cuatro años.

Añadió que éstos han permanecido al margen de esta situación irregular y no han hecho nada por exigir respeto a los derechos de estas mujeres guerrerenses que por necesidad de percibir un ingreso aceptaron trabajar jornadas de 10 horas y elaborando 800 prendas de vestir diarias por 450 pesos semanales.