Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Diez horas de justicia

Las diez horas que el ex gobernador Zeferino Torreblanca estuvo sentado frente al Ministerio Público el martes pasado en las oficinas de la Procuraduría no modifican el estado de la investigación del asesinato de Armando Chavarría, ni alivian en lo mínimo los cinco años que el caso ha permanecido en la impunidad.
Pero a pesar de ello, esas diez horas constituyen un hecho inédito en la historia de los últimos sesenta años del estado de Guerrero, pues es la primera vez que un ex gobernador es obligado a responder legalmente por acusaciones relacionadas con actos criminales o represivos en los que está personalmente involucrado.
Pero dicho lo anterior, es preciso situar en su contexto real el llamado al que tuvo que sujetarse el ex gobernador por el señalamiento de que ordenó el asesinato de Armando Chavarría, pues aun cuando hay tres acusaciones en su contra que se desprenden de tres declaraciones ministeriales integradas en el expediente (la del comandante Trinidad Zamora Rojo, la de David Jiménez Rumbo y la de Pioquinto Damián Huato, y probablemente otras), inexplicable e injustificadamente Zeferino Torreblanca no fue citado en carácter de acusado, sino de simple testigo. Ese hecho, que pareciera una simpleza de modales, implica en realidad una flagrante violación a la ley por parte de las autoridades.
Es de sentido común: si no es por haber sido acusado del crimen, ¿entonces por qué citó la Procuraduría a Zeferino Torreblanca? Y si lo citó como testigo, entonces tendría que explicar la PGJE de qué es testigo. El torcimiento de la ley se produjo en el momento en el que la Procuraduría citó al ex gobernador por estar acusado formalmente de ser el responsable del homicidio, pero le asignó el carácter de testigo, concediéndole la prerrogativa de no ser considerado indiciado. ¿Desde cuándo los acusados de algún crimen acuden o son llevados ante el Ministerio Público como testigos?
Ni el procurador ni el gobernador tienen facultades para modificar a su arbitrio la situación legal de una persona, y la Procuraduría tiene la obligación de investigar y buscar las pruebas contra los presuntos responsables de algún delito, pues para eso ejerce lo que se llama “representación social”, es decir, el interés de la sociedad.
Lo anterior significa que ni el procurador Iñaky Blanco Cabrera ni el gobernador Ángel Aguirre Rivero podían decretar la inocencia del ex gobernador Zeferino Torreblanca como, sin embargo, lo hicieron públicamente durante los recientes quince días. Al contrario, tenían que investigar y sustentar las acusaciones, lo que no pueden hacer los declarantes. Eso es hacer cumplir la ley. Pero el gobierno hizo exactamente lo contrario, y en un comunicado hasta se ufana de que al citar a declarar (como testigo) al acusado hizo “valer irrestrictamente el imperio de la ley y la plena vigencia del Estado de derecho”. Como además la comparecencia del contador Torreblanca se llevó a cabo en el más absoluto secreto, pese a las reiteradas peticiones públicas de que en ello hubiera transparencia, el “intenso interrogatorio” al que el gobierno dice haberlo sometido pudo haber sido una sesión relajada y complaciente, cortesía adicional de la casa.
El lunes pasado expresamos aquí la hipótesis –y ahora la reiteramos– de que lo único que explica todas estas ostensibles y burdas maniobras que definitivamente están encaminadas a proteger al ex gobernador, es la existencia de un pacto de impunidad entre el gobernador Ángel Aguirre Rivero y Zeferino Torreblanca. Nos referíamos a las declaraciones públicas que el gobernador y el procurador Iñaky Blanco emitieron en abierta defensa de Zeferino Torreblanca. Aguirre Rivero dijo que contra su antecesor había una “cacería” y que él no quiere que le pase lo mismo cuando deje la gubernatura; y en una clara distorsión de sus funciones, el procurador se empeñó en desacreditar los testimonios que la propia Procuraduría ha recogido y que señalan a Torreblanca como autor intelectual del homicidio (“son meras referencias o conjeturas”, dijo).
Todo ello no fue producto de la casualidad sino de una estrategia del gobierno para burlar a la ley, y lo confirman las circunstancias en que se hizo comparecer a Zeferino Torreblanca. Mientras en el expediente se acumulan las acusaciones en su contra, la Procuraduría y el gobierno se niegan a fincar responsabilidades y a investigar al ex gobernador.
En el comunicado oficial con el que la noche del martes dio a conocer la declaración ministerial de Torreblanca, el gobierno del estado asegura que “están por desahogarse diversas diligencias, ?tales como declaraciones ministeriales, investigaciones policiales y dictámenes periciales en distintas materias de las ciencias forenses”. No lo dice el boletín, pero lo decimos nosotros, que entre esos dictámenes periciales estarán incluidas seguramente las pruebas que debieron haberse realizado ya a una de las pistolas empleadas para matar a Armando Chavarría, que está en poder de la Procuraduría desde 2011, y los interrogatorios también de aquel año a los dos ex agentes ministeriales que ultimaron al político perredista por órdenes del gobernador Torreblanca Galindo. Si en efecto se realizan esas pruebas, es previsible que fortalezcan las acusaciones contra el ex gobernador.
Desde que este diario reveló el 18 de agosto el contenido de la declaración del comandante Trinidad Zamora Rojo, que incrimina directa y explícitamente al ex gobernador Zeferino Torreblanca, el procurador y el gobernador han dado palos de ciego para tratar de escapar a las lógicas consecuencias jurídicas que se desprenden de ese testimonio. La existencia de esa declaración ministerial fue confirmada en sus términos por el ex procurador Alberto López Rosas, lo que le valió una persecución legaloide emprendida por Iñaky Blanco. En los hechos también fue confirmada por el actual procurador. Y fue la existencia de ese documento la que dio lugar a la presentación del ex gobernador, aunque ese factor haya sido ocultado por las autoridades.
La conclusión obvia e inevitable es que el testimonio de Zamora Rojo hunde a Zeferino Torreblanca y la Procuraduría no puede hacer nada para impedirlo