Carlos Pérez Aguirre

Gobernadores y magnicidio

 

Cuando los intereses del poder se entrelazan con los intereses económicos y estos son detentados de manera obtusa no por los órganos o poderes del Estado sino por una familia o un grupúsculo, el ejercicio de gobernar se torna sumamente peligroso para toda la sociedad. Guerrero, sabemos, a través de su historia ha padecido este desastroso síndrome que lo sume en la antidemocracia y la barbarie; el apetito del poder y sobre todo de la apropiación de los recursos económicos que se derivan de éste ha generado déspotas que se ciegan a ejercer el poder a favor o en beneficio de los ciudadanos gobernados, y sí en beneficio de sus bolsillos. Varios gobernantes son recordados con odio, por las masacres que produjeron por su estilo abusivo y autoritario de responder a legítimas demandas ciudadanas; se recuerda a Ángel Aguirre respondiendo a demandas de normalistas y antes a otros más. Y ahora, como señor feudal de la más arcaica y descompuesta sociedad, pretende encumbrar a varios hijos de su casta gobernante, encabezada por su vástago, y lo más inaudito, bajo los colores de un partido que luchó radicalmente contra los privilegios del poder y que hoy es expropiado por mercaderes.
Todo lo anterior sirve como marco de encuadre para entender porqué se establecen marcos de complicidad en las investigaciones del asesinato del presidente del Congreso del estado Armando Chavarría, cuando declara el actual gobernador del estado que no quiere que le pase lo mismo cuando deje la gubernatura; o sea, otorga y acaso ordena se tuerza la normatividad jurídica para evitar que se le aplique a él mismo la ley, por los atropellos y delitos que se cometen en su gestión.
Es necesario, ante este torcido proceder, recordar el paralelismo en las gestiones de Zeferino y Ángel Aguirre, ambos llegaron al poder con un amplio consenso ciudadano que les otorgó su respaldo con la ilusión de que cambiarían la forma de gobernar; poco duró la expectativa, y ambos se revelaron como dictadores represivos y autócratas, uno gobernando con un grupo de amigos y el otro con su familia.
En el ocaso de sus gobiernos, uno pretendió y otro pretende imponer, con torpeza, candidatos impopulares y sin consenso de la sociedad, uno de ellos está señalado directamente en declaración ministerial –según se reseño en los medios– de haber instigado un asesinato, y el otro tiene aún pendiente su proceso por el asesinato de estudiantes normalistas y tendrá pendiente el juicio ciudadano de su proceder por tratar de imponer a sus familiares como eterna casta gobernante, pero también por haberse comportado como si fuese un juez honorario que otorga una absolución por el interés de ser él mismo absuelto, pero no entiende que ese asesinato requiere de una investigación para otorgar justicia, pues nunca funcionará ante nadie la declaración fácil y temerosa que indulta sólo con el interés de no ser más adelante también juzgado.

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