Recibe la sindicatura una notificación de embargo por el despido de un trabajador en 2006

Carlos Moreno A
En la Sindicatura Administrativa se recibió una notificación de embargo por más de 711 mil pesos, por el despido, en 2006, del trabajador Víctor Hugo Porcayo Rivera, en la que se indica que es por salarios caídos, además de que se pide su reinstalación en la Dirección de Saneamiento Básico, pero la respuesta del Ayuntamiento fue negativa.
A las 11 de la mañana, el abogado Carmelo Loaeza Hernández y el ex trabajador Víctor Hugo Porcayo Rivera acudieron a la Sindicatura Administrativa para notificar al síndico Armando Tapia Moreno sobre el embargo contra el Ayuntamiento, con el número de expediente 585/2006.
Ahí el abogado, el ex trabajador y representantes legales del municipio firmaron un documento con sello del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, del cual tiene copia El Sur, con la notificación de embargo que fue por “el requerimiento de pago o embargo por la cantidad de 711 mil 739.46 pesos producto de las prestaciones del referido” y se pide la reinstalación del trabajador.
El abogado explicó que el ex trabajador entró en octubre de 1989 en dicha área y es hermano del ex síndico administrativo que estuvo en el gobierno del ex alcalde priista Manuel Añorve Baños, Alejandro Porcayo Rivera.
El Ayuntamiento, según el documento, respondió que “no cuenta con los recursos para el pago inmediato toda vez que el tesorero municipal no puede hacer ningún pago que no esté debidamente presupuestado; aunado a ello el Ayuntamiento se encuentra en grave crisis económica y no cuenta con bienes inmuebles para garantizar lo requerido, además de que éstos son inembargables de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Municipio Libre”.
Sobre la reinstalación de Porcayo Rivera, según el documento, el Ayuntamiento respondió que “no es posible reinstalar a Víctor Hugo Porcayo Rivera en razón de que actualmente no existen plazas vacantes disponibles”.
Consultado afuera de la sindicatura, el ex trabajador de Saneamiento Básico señaló que el despido “injustificado” fue desde hace 8 años, en 2006, con la administración del perredista Félix Salgado Macedonio.
Indicó que el despido “probablemente fue por el cambio de gobierno, entró el de Félix Salgado Macedonio y hacen sus cambios según ellos de manera natural y pues afectan a la base trabajadora”.
Dijo que después de 8 años fue dictada una sentencia definitiva contra el Ayuntamiento “ya hay una cantidad establecida en el laudo”.
Sin embargo, dijo Porcayo Rivera, minutos antes de la notificación abordaron al alcalde Luis Walton Aburto y el abogado Loaeza Hernández le preguntó cuándo le pagaría a su cliente.
El ex trabajador dijo que el alcalde respondió que “se necesitan 2 mil millones para resolver los 800 laudos firmes contra el Ayuntamiento”.
Agregó que “sabemos de buena fuente de que hay dinero para ejercicios fiscales anteriores, es el dinero que se programa para pagos y hay unos 20 millones de pesos ahorita disponibles”.
“El señor ni siquiera quiere iniciar con esos 20 millones para liquidar esos laudos”, se quejó Porcayo Rivera.
Por su parte, el abogado informó que ante la negativa para la reinstalación de Porcayo Rivera “se presentará una nueva demanda contra el Ayuntamiento por concepto de indemnización, 20 días por cada año, y una multa por la negativa, aquí los salarios caídos siguen corriendo”.