Por falta de pruebas liberan al integrante de la OCSS enviado el penal de Acapulco

Liberan al integrante de la OCSS enviado al reclusorio de Acapulco por falta de pruebas

*Pide la dirigente Norma Mesino que la CNDH documente el caso de violación a los derechos y tortura de dos hombres y un menor de edad

Redacción

Por falta de pruebas para inculparlo por posesión de un arma de fuego y tras la intervención de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), al mediodía de ayer fue liberado del penal de Las Cruces en Acapulco el integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Joel Hernández López, informó la dirigente de la organización, Norma Mesino, y demandó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documente violación a los derechos y tortura.
“Ya basta de que se siga incriminando a la Organización Campesina de la Sierra del Sur en actos delincuenciales, nosotros somos una organización que lucha por sus demandas, nosotros no somos criminales, ni hacemos nada en contra de la Ley, nuestra lucha es legal, nuestra lucha es política, social, y a nosotros nos quieren incriminar como si fuéramos una organización de criminales”, expresó.
Responsabilizó a la Procuraduría General de la República (PGR) de lo que pueda sucederle a la integridad física de las tres personas detenidas, pidió que deje en paz a la organización, y dijo que al momento de la entrevista los peritos del Ministerio Público estaban en el domicilio donde ocurrieron los hechos la madrugada del jueves para hacer las investigaciones correspondientes.
Hernández López fue detenido con un despliegue excesivo de policías ministeriales y federales la madrugada del jueves, junto a su hermano Bernardo y un menor de 14 años, que fueron liberados inmediatamente sin cargos, pero bajo la amenaza de que se fueran con sus familiares de la entidad y que nunca regresaran; la dirigente afirmó que querían inculparlos del asesinato de su hermana, Rocío Mesino Mesino.
Ayer se informó que entre irregularidades el integrante de la OCSS y chofer de Norma Mesino, fue trasladado del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) en Tecpan al Penal de Acapulco, para evitar que un abogado de la Codehum le diera acompañamiento y sin rendir su declaración preparatoria.
A las 12:20 de la tarde de ayer, en una llamada a la redacción de El Sur, la dirigente informó que el visitador de la coordinación regional Acapulco de la Codehum le avisó que unos 20 minutos antes Hernández López fue liberado “por falta de pruebas”, porque no hubo elementos para tenerlo consignado, y acordaron que se verían en el retén de Bajos del Ejido para que el integrante de la organización fuera trasladado de forma segura a Atoyac por integrantes de la OCSS.
Sostuvo que además de dar seguimiento a la denuncia en el Ministerio Público que presentaron el viernes tras la detención, ahora la OCSS pide que la CNDH documente la violación de los derechos humanos de los dos adultos y el menor, así como la tortura a la que fueron sometidos, y que reciban medidas cautelares, protección y atención psicológica por las amenazas que recibieron, y a sus familiares que presenciaron los hechos.
“Como organización vamos a demandar que se reparen los daños que se le hicieron a Joel, que se le hicieron a Bernardo y que se le hicieron al niño de 14 años”, agregó y reiteró que fue injusta la forma arbitraria en que llegaron a detenerlos y los torturaron “muy fuerte”, por lo que pidió la aplicación del Protocolo de Estambul.
“Realmente (el traslado) fue nada más para confundirnos, y realmente a él lo mandaron directamente al Cereso, ya estaba consignado, ya lo habían declarado allá en Tecpan y a nosotros nos negaron eso”, dijo y agregó que Hernández López negó en su declaración que haya participado en el asesinato y que ella entregara el arma.
Agradeció al Alto Comisionado de la ONU, a la Comisión de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, y a la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Afadem), Tita Radilla Martínez, su intervención para que la Codehum les diera acompañamiento.

Analiza Amnistía Internacional declarar a Suástegui preso de conciencia, informa Vidulfo

*En la asamblea en El Carrizo, el abogado de Tlachinollan explicó que integrantes de esa organización visitarían ayer al vocero en el penal de Nayarit. Acuerdan los comuneros que presentarán una demanda en el TUA para impugnar el derecho de posesión de tierras que dice que tiene el propietario de la gravillera Kimbar, Humberto Marín

Carlos Moreno A.

Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (Cecop) acordaron que presentarán una demanda en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) contra la gravillera Kimbar, ubicada en el poblado de Parotillas, propiedad de Humberto Marín Molina, para impugnar el certificado de derecho de posesión que éste dice que tiene.
En la asamblea dominical en el poblado El Carrizo, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, advirtió que el gobierno federal quiere usar de pretexto la reparación de carreteras en Bienes Comunales de Cacahuatepec para iniciar la construcción de la presa La Parota.
El abogado informó que integrantes de Amnistía Internacional, con sede en Londres, visitarían al vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz en el penal federal de Tepic, Nayarit, donde está recluido desde el 18 de junio.
A la reunión también acudió el vocero del Cecop, Felipe Flores Hernández, luego de estar distanciado y que en la asamblea del 17 de agosto en La Concepción los comuneros acordaron invitarlo para que explique las acciones que hace a favor del movimiento.
De la construcción de la presa, Rosales Sierra indicó que “la cosa se ve calmada pero no, se pretende continuar con la presa y por eso los pueblos tienen que organizarse”, e indicó que tenía información sobre el ingreso de maquinaria al poblado de Pochotlaxco con el pretexto de la reparación de la carretera de Las Parotas hasta dicha comunidad.
Los comuneros tuvieron un breve altercado al señalar al coordinador Isabel, quien se mantiene en el punto de control de La Concepción junto con representantes de Rancho Las Marías y Las Parotas, de permitir el ingreso de una excavadora para la reparación de la carretera que va a dar a Pochotlaxco el 4 de agosto, a pesar de que en la asamblea se acordó que no se permitiría.
Los opositores señalados en respuesta mostraron un documento enviado por un ingeniero, el cual fue leído por Rosales Sierra, en el que avisaban el tipo de maquinaria que ingresaría a los poblados y que, según el oficio, “sacarían la maquinaria en un plazo de 192 horas”, es decir en 4 semanas.
En la asamblea también se acordó la formación de una comisión de 12 comuneros para que visiten los pueblos de Bienes Comunales de Cacahauatepec e informen a los vecinos de “la calendarización del gobierno federal para la construcción de la hidroeléctrica”.
Se indicó que el gobierno federal iniciará la obra en enero de 2015; “tenemos que ver qué acciones vamos a hacer y programaremos otra marcha”, indicó el abogado.
De acuerdo con una nota publicada en El Sur, el 4 de julio el gobierno de Enrique Peña Nieto destinó 409.5 millones de pesos para ejercerlos este año en la construcción de la presa La Parota, y programó un flujo de recursos en los siguientes años hasta llegar a 11 mil 780 millones “de 2017 en adelante”. El costo total de la presa está estimado en 15 mil 527 millones de pesos.
Para el próximo año, en el calendario de inversión registrado se prevé que el flujo estimado de la inversión federal para La Parota será de mil 295 millones 119 mil 627 pesos; en 2016 se invertirían mil 253 millones 934 mil 133 pesos, y de 2017 en adelante de 11 mil 780 millones 27 mil 224 pesos, así está establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación dentro de Programas y Proyectos de Inversión sector 18 Energía, aprobados por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2014 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En la asamblea, Vidulfo Rosales dijo que Amnistía Internacional de Londres “está retomando el caso de Suástegui Muñoz para valorar si pudiese declararlo preso de conciencia, todavía no está claro, simplemente están recabando toda la documentación”.
Agregó que integrantes de Amnistía Internacional llegaron a la ciudad de México y una comisión visitaría a Suástegui Muñoz ayer en el penal de Tepic, “ el día de hoy hay una visita que están haciendo aquí en México, y hoy está entrando al penal una comisión al CEFERESO número 4 en Tepic, van a hacer una visita exprés ya está autorizada, ayer nos hablaron, entrevistar a Marco Antonio, es una visita grande y recaben elementos sobre la tortura de la que fue objeto y a partir de ahí tomen elementos y llevar el caso”.
Otro punto que se trató en la asamblea fue “la defensa del territorio de Bienes Comunales”, y el abogado informó que presentarán hoy una demanda de nulidad a la posesión en el Tribunal Unitario Agrario contra la gravillera Kimbar, de Humberto Marín Molina, para impugnar el certificado de derecho de posesión que dice tener.
“Sobre el tema de las gravilleras se va a poner una demanda de nulidad sobre la posesión que tiene de las tierras de manera ilegitima en Parotillas”, en referencia al empresario Marín, y presentaron listas con firmas de los comuneros.
Los comuneros acordaron que una comisión acompañaría a los abogados de Tlachinollan a presentar dicha demanda ante el TUA, así como tres representantes “comunes” que estarán en la demanda “y sea un acto fuerte y podamos ir todos”, dijo Rosales Sierra.
En su intervención, Felipe Flores pidió a los presentes mostrar unidad y no estar con mezquindades: “hoy tenemos que demostrar que estamos unidos, organizados, conscientes de que tenemos que dar una lucha, una batalla, desde que se inician los movimientos hay riesgo de que nos encarcelen, asesinen o desaparezcamos, por eso tenemos que analizar bien”.
“Hoy tenemos que ir haciendo conciencia de que todo el esfuerzo que se ha hecho es para beneficio de todos y tenemos que entenderlo y tenemos que ser más responsables”, señaló el vocero.
Por su parte, el abogado Rogelio Téliz informó que en el proceso legal de Suástegui Muñoz “no hay muchos avances”, y reiteró lo dicho en la asamblea del 31 de agosto, de que hay dos amparos que se tramitan en Tepic contra los autos de formal prisión por los delitos de lesiones agravadas hacia la familia Bailón y robo calificado en agravio del gravillero Humberto Marín.
Pero la “única novedad”, agregó, es que en esta semana presente su declaración en el penal y que el Juzgado Décimo “el día 22 (agosto) envío el expediente a Tepic para que se pueda tomar su declaración y hasta el viernes pasado no llega”.
Sobre los otros procesos legales donde hay un recurso de apelación a favor del vocero indicó que “están notificando y llamando a las partes al juicio”.
Del caso de José Palma Tornez, quien también está acusado por lesiones agravadas contra Teodora Valeriano Marcos y Juana Bailón Dorantes, bajo la causa penal 64-2/2014, Téliz García informó que el amparo está en estudio y se espera que el Juez de Distrito emita una resolución.
En el asunto de Emilio Hernández Solís y Julio Ventura, recluidos en el penal desde el 28 de julio, por el delito de lesiones y lesiones agravadas, a quienes le fijaron una fianza de 146 mil pesos, el abogado reiteró que continúan en el proceso de reunir el estudio socioeconómico para pedir la reducción de la fianza.
Con respecto al abogado Artemio Martínez Serna, que fue contratado por uno de los coordinadores del movimiento, Isabel, así como Nemesio Valeriano, y que en la asamblea anterior acordaron que no seguiría en el proceso legal, Téliz García dijo que “todavía no se ha hecho, está todavía vigente”.
Sin embargo, el coordinador Isabel indicó que Martínez Serna se desistió como abogado y que el representante legal lo visitó el miércoles, pero Téliz García insistió en que hasta el viernes no se había desistido.