Exigen desplazados por la violencia de la sierra de Coyuca de Catalán vivienda, educación y alimentación

*Está en riesgo la compra de casi 80 hectáreas de terreno donde se pretende reubicarlos porque el gobierno sólo pagó un anticipo, informan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

A casi cuatro años de que fueron forzadas a salir de sus comunidades por la violencia de la delincuencia organizada en la sierra, las familias desplazadas de La Laguna y Hacienda de Dolores, de la sierra de Coyuca de Catalán, urgieron al gobierno del estado a que atienda sus demandas de vivienda, educación y subsistencia en los sitios donde se encuentran refugiadas.
Representantes de unas 30 familias que se encuentran refugiadas en La Unión y Tepango, del municipio de Ayutla de los Libres, así como en Puerto las Ollas, de Coyuca de Catalán, denunciaron el incumplimiento de las autoridades que ofrecieron atenderlos de acuerdo con los instrumentos internacionales sobre derechos de personas desplazadas de sus territorios.
Sin embargo, de Puerto Las Ollas, Leonor Ochoa Segura denunció que está en riesgo la compra de casi 80 hectáreas de terreno donde se iban a reubicar a 16 familias (que incluyen tierras de labor), porque el gobierno sólo pagó un anticipo al dueño del predio, que los está amenazando con vender a otro cliente sino se cubre el monto total.
En conferencia de prensa en la Red Guerrerense de Derechos Humanos (Redgro), indicó que están desesperados porque siguen en la incertidumbre, y varias familias ya levantaron las viviendas con los materiales que recibieron de las autoridades.
Añadió que tiene quince días en la capital esperando una audiencia con el asesor del gobernador, Ernesto Aguirre Gutiérrez, porque sólo él y el gobernador Ángel Aguirre Rivero pueden autorizar el pago, pero ayer se canceló una audiencia de la que sólo esperaban la hora.
El secretario técnico de la Red, Manuel Olivares Hernández señaló que ante la crisis de las familias que siguen amenazadas por los grupos que operan en la sierra, el funcionario los atendía personalmente en su teléfono celular, si estaba ocupado les devolvía las llamadas, pero hace varias semanas dejó de contestarles.
Olivares Hernández consideró que las autoridades le están apostado a la división de las familias, para que busquen por su cuenta formas de mantenimiento y de acceso a los servicios -algunas ya se han separado del movimiento-, como está ocurriendo con miles de personas que huyen de la sierra en el anonimato.
Los desplazados de La Laguna y Hacienda de Dolores son los primeros casos de desplazados por la violencia denunciados en los medios de comunicación y, como primera medida cautelar, sus habitantes fueron trasladados a Puerto Las Ollas el 30 abril de 2011 mientras se restablecían las condiciones de seguridad y se investigaban los homicidios que obligaron su salida.
Tras seis meses regresaron a sus tierras y volvieron a huir el 30 de noviembre de ese año. Ochoa Segura recordó que no pedían reubicación, sino justicia, pero “nos hicieron matazón de otra vuelta, porque ellos (sus agresores) de plano no quieren que estemos en las tierras, no se conformaron con matar a los hombres grandes, quieren las tierras a como dé lugar para hacer tala de monte, para robarse con libertad la madera del ejido”. Las localidades pertenecen al ejido Huajes de Ayala.
Reveló que en Las Ollas continúan las amenazas de muerte para los desplazados, la mayoría mujeres y niños. A la fecha, se habla de 27 homicidios en cinco años, entre ellos el del dirigente Rubén Santana Alonso, muerto en febrero de 2011, y su esposa Juventina Villa Mojica, asesinada hace dos años, y quien encabezó el movimiento de los desplazados.
Los niveles de atención a las familias desplazadas son distintos en cada caso. En la Unión ya tienen terrenos y 23 niños de primaria fueron inscritos en una escuela de la localidad, pero tienen que caminar 2 kilómetros en un camino angosto donde se arriesgan a ser atropellados. Indicaron que han pedido un maestro en la localidad, pero por normatividad les dicen que haber tener al menos 30 alumnos.
En Puerto Las Ollas, los niños que siguen estudiando fueron enviados fuera de la localidad porque ahí no tienen escuela.
Asimismo, denunciaron que el derecho a la alimentación no se ha cubierto plenamente, porque en cinco años han recibido alrededor de 40 toneladas de maíz que se distribuyen entre 80 personas, y las despensas del DIF que reciben ocasionalmente, no cubren la dieta de los vecinos.