Se acusan las coaliciones de retiro de propaganda y desvío de recursos

* En la sesión del Consejo Estatal Electoral aprueban nuevamente la boleta para el 6 de febrero

En la sesión del Consejo Estatal Electoral (CEE), los representantes de las coaliciones Guerrero Será Mejor, Juan Manuel Hernández Gardea, y de Todos por Guerrero, Roberto Torres Aguirre, intercambiaron acusaciones por la colocación y destrucción de la propaganda electoral, así como por el uso de recursos públicos de parte de autoridades municipales y del gobierno del estado a favor de uno y otro candidato.

En otro de los puntos los consejeros aprobaron por segunda vez el formato de la boleta electoral que será utilizada el 6 de febrero, luego de que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) instruyó al CEE reponer el procedimiento como consecuencia de un recurso presentado por el representante de la coalición Todos por Guerrero, Roberto Torres Aguirre.

La boleta que será utilizada el día de las elecciones sin embargo, quedó como había sido aprobada en un principio; de izquierda a derecha quedó en primer lugar el logotipo del Partido Acción Nacional (PAN), después el logotipo de la coalición Todos por Guerrero y en tercer lugar el de la coalición Guerrero Será Mejor.

A una propuesta del representante de la coalición Todos por Guerrero, Roberto Torres Aguirre, para que los representantes de las dos coaliciones y la dirigencias del PAN se reúnan para llegar a acuerdos con respecto a la fijación de la propaganda electoral, el representante de la coalición Guerrero Será Mejor, Juan Manuel Hernández Gardea, respondió con la denuncia por el dispendio de recursos que está haciendo el PRI y el gobernador René Juárez para apoyar la campaña del candidato de la coalición Todos por Guerrero.

Mientras tanto el representante de la coalición Todos por Guerrero, Torres Aguirre demandó que se vigilen a los ayuntamientos administrados por el PRD para evitar que se utilicen recursos o favorezcan con sus acciones al candidato de la coalición Guerrero Será Mejor.

Ello porque denunció que alcaldes como el de Teniente José Azueta, Amador Campos, promovió un acuerdo de Cabildo para que se retirara la propaganda de su coalición, a lo que Hernández Gardea aclaró que ese fue un acuerdo de Cabildo y que con ello la comuna tiene facultades legales y que la propaganda que se retiró fue de los tres candidatos.

En cambio denunció que el alcalde de Taxco, Abraham Ponce Guadarrama, sin ningún acuerdo de Cabildo decidió retirar la propaganda del centro histórico de esa ciudad colonial y que retiró sólo la de la coalición Guerrero Será Mejor, y dejó la de su candidato Héctor Astudillo.

Hernández Gardea señaló que es extraño que el PRI teniendo una multa millonaria que le fijó el IFE y que sólo haya recibido alrededor de 300 millones de pesos para todo el país, en Guerrero esté realizando una campaña muy ostentosa y de dispendio que se refleja en los spots y en los anuncios.

También criticó el hecho de que el gobernador René Juárez no le haya bajado a la promoción de sus actividades, y denunció que extrañamente los promocionales de su gobierno son parecidos a los del candidato de su partido, el PRI.

Con respecto a la colocación de la propaganda, ambos representantes coincidieron en que deben llegar a acuerdos para evitar que se registren incidentes, porque en el caso del representante de la coalición Todos por Guerrero, dijo que se han dado casos de que se retira propaganda para colocar la del otro candidato lo que podría provocar incidentes, advirtió.

El representante de la coalición Guerrero Será Mejor citó el caso que se registró en la reciente visita a esta capital del candidato Zeferino Torreblanca cuando minutos antes de que visitara una colonia popular una brigada de la coalición Todos por Guerrero colocaba propaganda en el mismo lugar donde se realizaría el acto de Torreblanca.

Los representantes de las dos coaliciones convinieron en reunirse para llegar a acuerdos para evitar estos incidentes.

En la sesión de este viernes, los consejeros aprobaron el acuerdo mediante el cual se aprueba la normatividad mínima del funcionamiento de los centros de cómputo estatal del Programa de Seguimiento de los Resultados Preliminares.